El Castillo durante la Segunda República y la Guerra Civil

Con la llegada de la República, el nuevo Ayuntamiento de la ciudad insistió al gobierno en la cesión del Castillo, con diversas opciones sobre lo que hacer con él. Opciones que iban desde su derribo hasta la ubicación en su interior del nuevo Parlamento de Cataluña o de un museo contra la guerra.

La insurrección del 6 de octubre de 1934, encabezada por el presidente Lluís Companys y en la que se proclamó el Estado Catalán, devolvió el protagonismo al Castillo. Los jefes militares que obedecieron a la llamada fueron encarcelados en su interior, que fue, de nuevo escenario de consejos de guerra y de ejecuciones de sentencias a muerte.

El 23 de agosto de 1936, el Comité de Milicias Antifascistas tomó posesión del Castillo y, con la voluntad de hacer visible el cambio de manos, llevó a cabo un acto simbólico en el que se sustituyó el nombre del patio de armas por el de “Plaza de la Libertad”, y en cuya entrada se colgó un cartel con el lema “Orden, serenidad y disciplina”. El acto estuvo encabezado por el presidente Lluís Companys, encargado también de izar allí la bandera catalana.

Rápidamente, el Castillo pasó a convertirse en un espacio “de guerra” en el que se reclutaron las milicias de ERC y se asumieron unas inoperantes funciones de defensa antiaérea y, de nuevo, de prisión política y militar, como lugar de juicios y ejecuciones, en el foso de Santa Elena. La principal función del Castillo durante la Guerra Civil fue la de prisión militar vinculada a la represión y fusilamiento de los jefes militares del Alzamiento por sentencia de consejos de guerra. Estas funciones dieron lugar a condenas por tribunales militares -las acusaciones de rebelión militar- y tribunales populares -las acusaciones por filiación falangista, tradicionalista, etc..-. A partir de los Hechos de Mayo de 1937, se persiguieron, sobre todo, delitos de traición, espionaje, sabotaje, derrotismo y disidencia antifascista.

Durante la Guerra Civil (1936-1939), en el Castillo de Montjuïc se encarcelaron casi 1.500 persones y se ejecutaron unas 250, la mayoría militares y civiles acusados de alta traición y espionaje contra la República. Solo el 11 de agosto de 1938, por ejemplo, hubo 62 fusilamientos en el foso de Santa Elena.