El Ayuntamiento ya ha adquirido 455 pisos de bancos para destinarlos a alquiler social

El Gobierno municipal ha impulsado el segundo paquete de viviendas provenientes de entidades bancarias. Se trata de 255 pisos que se han movilizado a través de convenios de cesión, derecho de tanteo y compra directa. En total, desde el inicio del mandato, son 455 los que se han incorporado al parque de vivienda pública de alquiler.

Se ha acordado la cesión de 50 pisos durante ocho años y la compra de 131 viviendas por debajo del precio de mercado, y se ha ejercido el derecho de tanteo en 28 pisos, a la vez que se está evaluando la posibilidad de la misma vía en otros 46 pisos. El grueso de estas viviendas se sitúa en los barrios de la ciudad con más emergencia habitacional. La alcaldesa, Ada Colau, que ha presentado las nuevas acciones, ha explicado: “Se aplicará todo el potencial de la ley para garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad.”

El Ayuntamiento ha elaborado un plan para abordar la situación de irregularidad de las familias que ya viven en viviendas de cesión o compra de las entidades financieras. Se llevará a cabo una regularización ordinaria cuando exista vulnerabilidad económica y un período de ocupación superior a los dos años. Cuando el tiempo de residencia en la vivienda sea inferior, se tendrán en cuenta otros criterios como el arraigo en el barrio, la escolarización de menores y los informes de los servicios sociales. Solo se regularizarán, sin embargo, los empleos que no hayan generado ninguna molestia a la comunidad de vecinos.

Por otra parte, también se ha elaborado un estudio sobre la evolución de precios de alquiler de viviendas en el mercado libre, que evidencia una tendencia ascendente de los precios, sobre todo en las zonas donde hay más turismo. En Barcelona, ​​en los primeros nueve meses del 2015, la subida ha sido de un 6,6%, respecto al mismo período del año anterior. El estudio apunta que, aunque el precio del alquiler varía según el distrito, no se corresponde con el nivel de renta de la zona. En los barrios con rentas más bajas el esfuerzo económico para pagar el alquiler es mayor.

En este sentido, Colau ha querido alertar del peligro del estallido de una burbuja inmobiliaria por la subida de los precios de los alquileres: “Es una obligación de todas las administraciones públicas que hagamos lo máximo posible para que no se vuelva a producir una situación de especulación con un bien de primera necesidad como es la vivienda.” La alcaldesa también ha manifestado: “La Generalitat y el Estado no están haciendo sus deberes, están subiendo los precios de la vivienda.” Y ha añadido: “Instamos a que se actúe y se aprenda de experiencias como las de Alemania, donde el Estado hace posible limitar los precios del alquiler.”

 


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