El nuevo bono social del Estado desprotegerá al 43 % de las personas atendidas por pobreza energética

Un informe del Instituto Municipal de Servicios Sociales ha hecho patente que el decreto real que modifica el bono social impactará en más de cuatro mil hogares de la ciudad, un 43 % de la población atendida por pobreza energética. Estos hogares, que hoy en día reciben cobertura para evitar cortes de suministro, quedarán fuera del grupo considerado como consumidor vulnerable y consumidor vulnerable severo. Además, se calcula que unos seis mil hogares quedarían desprotegidos del principio de precaución, que permite evitar los cortes de suministro hasta que se determina que existe una situación de vulnerabilidad residencial.

“La nueva regulación del bono social, creada de espaldas a los municipios y las entidades sociales, es claramente insuficiente para hacer frente a la realidad de la pobreza energética”, ha asegurado la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz. Al mismo tiempo, su implementación implicará un coste adicional de 1,67 millones de euros anuales a las administraciones, que están obligadas a asumir el 50 % del precio total de los suministros básicos en lugar de las compañías.

La ley catalana contra la pobreza energética, plenamente vigente

A pesar de la nueva regulación del bono social, la ley catalana 24/1015 contra la pobreza energética sigue plenamente vigente, aseguran en un informe los servicios jurídicos municipales. Por lo tanto, es exigible que las compañías cumplan las medidas de protección que establece, entre las cuales está el principio de precaución. De hecho, la defensa de los derechos energéticos que marca la Ley 24/2015 ha permitido evitar este año 4.000 cortes de suministro y atender 10.000 hogares de la ciudad.

En este sentido, el Consistorio mantiene el compromiso de firmar convenios con las compañías suministradoras para hacer compatibles las dos normativas con el objetivo de preservar la protección de las familias vulnerables y garantizar el acceso a los servicios básicos. “No se valen las excusas. Es necesario que se siga protegiendo a las personas que protege la Ley 24/2015, la lucha contra la pobreza energética es responsabilidad de las mismas compañías, que suministran un bien fundamental”, ha añadido a Laia Ortiz.

Los servicios jurídicos municipales, además, trabajan en la elaboración de un requerimiento al Estado sobre la aplicación de la nueva regulación del bono social, la primera normativa exige una impugnación eventual del real decreto.

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