Parar al PP, también en la contratación pública

Cuando las administraciones compran bienes y servicios inciden de manera decisiva en la orientación de la economía. El contrato de la luz en Barcelona, que se está resolviendo estos días, es un buen ejemplo de ello. No es lo mismo incluir cláusulas que obliguen a las adjudicatarias a evitar cortes de suministros que no hacerlo. La contratación puede y debe ser un instrumento de transformación socioeconómica.

Pero no siempre lo es. Demasiadas veces, las administraciones han tendido a otorgar a la oferta más barata un papel predominante a la hora de adjudicar. Con ello, el poder público ha contribuido a menudo a reforzar los peores aspectos del actual modelo económico: precarización laboral, crecimiento de la brecha salarial de género o disminución de los estándares ambientales. Y hay más. Con frecuencia, la opacidad que ha rodeado la contratación ha sido caldo de cultivo para la corrupción, el trato de favor de las empresas del IBEX e incluso la financiación ilegal de los partidos tradicionales.

Conscientes de ello, ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona o Zaragoza, impulsamos nuevas guías de contratación para incluir requisitos exigentes en materia social, laboral, ambiental o de igualdad. Para impulsar una mayor concurrencia para beneficiar a la PIME y a las cooperativas. Para prohibir que empresas con actividades ilícitas en paraísos fiscales contraten con la administración.

Ahora, estos esfuerzos se ven amenazados por el proyecto de reforma de ley de contratación pública que ha presentado el ejecutivo de Rajoy para adaptar Directiva 24/2014 de la UE a la legislación estatal. Lo que podría haber sido un salto sustantivo se ha materializado en una propuesta decepcionante y regresiva.

El proyecto del PP no emprende la simplificación y modernización administrativa de la contratación. No prevé la introducción de cláusulas sociales o medioambientales. Ni regula la contratación electrónica, una gran herramienta de lucha contra la corrupción. Incluso algunos avances importantes previstos por la Directiva, como la posibilidad de que las administraciones paguen directamente a los subcontratistas cuando las empresas contratistas principales incurran en morosidad, corren el riesgo de quedar en nada.

Estas decisiones pretenden afianzar la connivencia entre el actual poder político y los intereses económicos de una minoría. Los perjudicados son la PIME, la economía social, y los trabajadores y trabajadoras. Todos aquellos actores a los que estamos intentando proteger desde los ayuntamientos.

Ante ello, gobiernos de ciudades como Barcelona, Madrid, València, Sabadell o Santa Coloma hemos impulsado una declaración por una contratación pública responsable. Para tejer una red de municipios que apele a todos los sectores afectados por la política del PP y de movilizarse en defensa de un régimen alternativo de contratación pública. Transparente, moderno, y al servicio de una economía más justa y sostenible.

 

Grup municipal Bcomú

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