La “deuda ciudadana” de la Generalitat sube a 60 millones de euros anuales

La primera reunión de la Comisión Mixta Ayuntamiento-Generalitat desde julio del 2016 ha fijado las prioridades en los ámbitos de vivienda, 'escoles bressol', transporte público y otros servicios sociales en los que tienen competencia las dos administraciones y la necesidad de programar las acciones necesarias.

VIDEO. Ada Colau: “Justo en el momento en que las necesidades ciudadanas han ido al alza, nos hemos encontrado solos. Ahora es el momento de recuperar la deuda ciudadana.”

Se reconoce que desde el 2011 la Generalitat ha contraído una “deuda ciudadana” de 60 millones de euros anuales en materias sensibles como las políticas de vivienda, educación, servicios sociales o cultura, en un contexto de crisis en el que las necesidades ciudadanas crecían.

El encuentro, que han liderado la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y en el cual han participado los equipos políticos y técnicos de las dos administraciones, ha servido para constatar la urgencia de establecer calendarios y abordar temas de cara a otoño, cuando tendrá lugar una nueva reunión.

Escoles bressol y vivienda, temas calientes

Uno de los puntos sobre los cuales se ha pedido una actuación urgente es la financiación de las escoles bressol, en las que se ha pasado de una aportación de la Generalitat de la tercera parte del total a una inversión cero, lo que ha generado una deuda que se cifra en torno a los 41 millones de euros.

El contexto actual de la vivienda en la ciudad, con una demanda creciente y una situación de incremento de los precios del alquiler, obliga a un esfuerzo conjunto entre todas las administraciones implicadas, lo que, por diferentes motivos, no ha sucedido en los últimos tiempos.

A pesar de no tener competencias en este ámbito, durante este mandato el Ayuntamiento ha comprado 500 pisos en la ciudad a través de la fórmula de tanteo y retracto, mientras que la Generalitat solo ha adquirido 5, y se han promovido 66 lotes de vivienda pública municipal, frente a los 2 del Gobierno catalán.

Finalmente, y con el objetivo de dar más tiempo para concretar acuerdos, se ha decidido que la reunión del Consorcio de la Vivienda acordada con el presidente Torra se celebrará en septiembre.

Compromisos conjuntos

Los dos gobiernos han determinado una posición conjunta para reclamar la recuperación de las leyes recurridas, con un especial énfasis en la Ley 24/2015 para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, y en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para poder incidir en la duración de los contratos de alquiler —para que pasen de tres a cinco años— y en la contención del incremento abusivo de los precios.

También se ha convenido en reclamar conjuntamente la recuperación del fondo recortado para la acogida de personas refugiadas.