El Ayuntamiento alega respecto al proyecto de real decreto estatal que regula el autoconsumo de energía eléctrica

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado alegaciones al borrador de real decreto estatal por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

El Gobierno municipal entiende el autoconsumo y autoproducción como una herramienta esencial para combatir la pobreza energética, y defiende el impulso de tecnologías de eficiencia como una vía más para garantizar el derecho a la energía. En cambio, el borrador elaborado por el Gobierno español pone trabas a la promoción de estas políticas. Por estos motivos, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, entrega este martes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una serie de consideraciones contrarias a la propuesta del ejecutivo central.

El documento de alegaciones constata que el proyecto va en contra de las directrices europeas que quieren incentivar la eficiencia energética y las energías renovables, ya que incorpora barreras administrativas, económicas y técnicas que limitan notablemente este estímulo.

Con respecto a las barreras administrativas, se señala que el decreto exige al autoconsumidor solicitar conexión a la red tanto si inyecta como si no inyecta energía. Además, la conexión a la red la debe facilitar o denegar la empresa distribuidora, y actualmente este trámite requiere más de 6 meses, un periodo demasiado largo que desmotiva la inversión.

El decreto supone también impedimentos económicos al autoconsumo eléctrico, ya que contempla gravar esta práctica. El Ayuntamiento rechaza frontalmente que un autoconsumidor tenga que pagar un peaje por una energía que no demanda a la red y que genera él mismo. Sería lo mismo, se dice en las alegaciones, que hacer pagar a un usuario que utilizara luz natural para leer por la energía que habría utilizado si hubiera encendido una bombilla. Esto se ve agravado por el hecho de que el peaje que se pagará por una energía ni consumida ni demandada puede ser superior al aplicado por la energía demandada.

El Gobierno municipal se opone a que la normativa estatal haga incompatible el autoconsumo para los clientes que tengan un contrato de suministro regulado o sean beneficiarios de bonos sociales. Esto impide que el autoconsumo pueda ser una herramienta de lucha contra la pobreza energética, por lo que el Ayuntamiento solicita suprimir este artículo.

Y en el ámbito técnico, la prohibición del uso de baterías y sistemas de acumulación es un impedimento más a la implementación del nuevo modelo energético mundial, favorable a la generación distribuida complementada con la acumulación de energía. En contra de lo que plantea la propuesta de normativa estatal, el Ayuntamiento considera que hay que facilitar sistemas de acumulación que ayuden de forma clara a allanar las curvas de demanda.

Asimismo, se pide complementar el impulso del autoconsumo con diferentes tecnologías, no solo con la cogeneración, sino con el uso de fotovoltaicas y minieólicas, que pueden tener tanto o más sentido para una ciudad como Barcelona. Tal como está planteado el real decreto, se produce una desincentivación total a la generación distribuida, en especial al sector fotovoltaico, producto de la creación de nuevos peajes y tributos. La regulación española contrasta con la de otros países más favorables al reconocimiento de las ventajas que supone el uso de tecnologías distribuidas.

Injerencia en las competencias del Ayuntamiento y las comunidades autónomas

El real decreto atenta claramente contra las competencias del Ayuntamiento y las comunidades autónomas, que promocionan de forma evidente el autoconsumo. El Consistorio vehicula su apuesta por la eficiencia energética con la Ordenanza de Medio Ambiente y la Carta Municipal de Barcelona, y a través de la apuesta para desarrollar un operador municipal de energía que estimule al máximo la generación local de energías renovables.

Además, se presenta el autoconsumo como un modelo mercantilista, una visión que se acerca muy poco a la esencia del autoconsumo. El autoconsumo se ha planteado siempre como un ahorro de costes, una línea clara de eficiencia y de sostenibilidad. El objetivo de esta práctica no es la máxima producción para obtener beneficio, sino producir con el fin de cubrir nuestra demanda.

En este sentido, la normativa española es manifiestamente inoportuna, ya que elimina el concepto de balance neto basado en el intercambio de kilovatios hora entre las instalaciones de generación y el sistema eléctrico. El decreto descarta esta posibilidad, y propone un sistema en el que el autoconsumidor puede vender sus excedentes al mercado de producción y obtener un beneficio económico mercantilización de una actividad que no tiene fines lucrativos, o bien puede cederlos de forma gratuita sin percibir ninguna contraprestación hecho que desmotiva todo tipo de inversión.

 

Por último, el Gobierno municipal cree firmemente que el modelo de autoconsumo contemplado por el real decreto se ha elaborado totalmente de forma unilateral, sin contar con los agentes del sector ni la sociedad civil. Se trata, pues, de una iniciativa reguladora contraria a los principios de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

L’Ajuntament al·lega al projecte de reial decret estatal que regula l’autoconsum d’energia elèctrica