Modificación del Código de consumo

La modificación del Código de consumo amplía la protección a autónomos y microempresas en la contratación de servicios básicos.

  • En materia de servicios financieros, se fija el contenido mínimo en la publicidad de los créditos y préstamos hipotecarios, se incrementan las obligaciones de transparencia con relación a los precios y se controla el abuso de las cláusulas suelo.
  • Asimismo, se incluyen obligaciones de información para las empresas que ofrecen servicios financieros y de inversión de carácter minorista, para evitar nuevos casos de comercialización poco adecuada.
  • También se refuerza la protección de los consumidores ante las compañías suministradoras de servicios básicos, con medidas como la obligación de incluir en las facturas el número de teléfono gratuito de atención de incidencias.

Hoy han entrado en vigor las modificaciones introducidas en la Ley 22/2010, del 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, mediante la Ley 20/2014, del 29 de diciembre. Esta modificación del Código de consumo amplía la protección a trabajadores autónomos y a microempresas en sus relaciones de consumo con empresas prestamistas de servicios básicos y servicios de trato continuo, como las de suministro de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones, entre otras.

También se incluyen mejoras en la protección de las personas consumidoras en el ámbito de la contratación de préstamos o créditos hipotecarios, así como de otros aspectos que mejoran el régimen general de protección en cualquier tipo de relación de consumo.

Más protección en la contratación de créditos o préstamos hipotecarios

Con respecto a la mejora de la protección en la contratación de préstamos o créditos hipotecarios, el código regula a partir de ahora el contenido mínimo que deben tener las comunicaciones publicitarias y la publicidad de los préstamos y créditos hipotecarios, y se incrementan las obligaciones de transparencia con relación a los precios, que deben incluir las comisiones y gastos repercutibles a las personas consumidoras.

Otro aspecto importante que se regula es el contenido que debe tener la información previa que se debe entregar a las personas consumidoras, donde se incluye la necesidad de advertirlas, entre otros, de la posibilidad de incremento de los tipos de interés, del riesgo de perder la vivienda en caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contrato, de los servicios accesorios que están obligadas a contratar y de las cláusulas contractuales que les generen más riesgo.

En las modificaciones también se controla el abuso de las cláusulas suelo a partir de parámetros objetivos, como que no haya cláusulas techo o que la diferencia entre la cláusula suelo y la techo sea mayor de cinco puntos.

Por otra parte, se recoge la posibilidad de que las personas consumidoras puedan escoger libremente al fedatario público y, al mismo tiempo, se refuerzan las obligaciones de estos fedatarios de informarlas convenientemente de los derechos y obligaciones que comporta el contrato, así como del derecho a disponer, con una antelación de cinco días hábiles a la formalización, del contenido de la escritura pública del contrato de crédito o préstamo hipotecario. Asimismo, se reconoce el derecho de los consumidores a aportar una tasación del bien inmueble, que deberá ser aceptada por la entidad de crédito.

También se establece la mediación previa antes de presentar cualquier reclamación administrativa o demanda judicial. Se fija la adhesión al arbitraje de consumo, de manera tácita, por parte de los empresarios que conceden créditos o préstamos hipotecarios.

Además, para evitar que se produzcan nuevos casos de comercialización poco adecuada de servicios financieros y de inversión de carácter minorista (participaciones preferentes o deuda subordinada), se incluyen obligaciones de información para todas las empresas que ofrecen este tipo de servicios, con el fin de conseguir una acción preventiva.

Otras medidas de protección en las relaciones de consumo

Con respecto a las empresas prestamistas de servicios básicos, deben informar en todas las facturas del número de teléfono gratuito de atención de incidencias y se crea una tasa de inspección a las empresas que superen las 100 reclamaciones.

Trabajadores autónomos o microempresas