Memoria Democrática

Desde sus orígenes, el catalanismo ubicó la cuestión lingüística como uno de los temas principales de sus reivindicaciones. Pero fue la fijación represiva de las dos dictaduras del siglo XX (especialmente la de Franco) la que acabó por convertirla en elemento reivindicativo central, junto con la autonomía política. El franquismo casi eliminó la presencia de la lengua catalana del espacio público e intentó entorpecer su existencia también en el espacio privado. Sin embargo, desde el inicio, algunas voces dentro del régimen intentaron templar la persecución por considerarla contraproducente: la lengua catalana, decían, era preferible que fuera asimilada como peculiaridad folclórica, para evitar que fuera un instrumento de oposición. La discusión sobre el catalán dentro del régimen quedó siempre, sin embargo, como un tema pendiente que alguien desenterraba de vez en cuando para mejorar la imagen de la dictadura. La recuperación catalanista, bastante potente en los años sesenta, acabó por poner el tema encima de la mesa de forma permanente. Pero las divisiones internas impidieron al régimen, siempre más favorable a la represión que a la tolerancia, una acción coherente para desmovilizar la lengua. Así, el 4 de marzo de 1975, el plenario del Ayuntamiento de Barcelona aún rechazó, por dieciocho votos contra nueve y con siete abstenciones, una subvención relativamente modesta (el 0,42 % del total del presupuesto) para clases de lengua catalana. El movimiento ciudadano, con un protagonismo decidido por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), reaccionó a los hechos como una verdadera provocación y obligó a las autoridades franquistas a hacer rectificar al Consistorio barcelonés. La historia de los dieciocho concejales del NO es un buen ejemplo tanto de la impericia de los franquistas (perdidos en medio de prejuicios ideológicos y peleas internas), como de la importancia que la oposición (haciéndose resonancia del sentir mayoritario de la población) otorgó a la lengua como elemento identificador. La reivindicación de la lengua catalana jugó así un papel que hoy calificaríamos de transversal en la lucha final contra la dictadura franquista.

Los dieciocho concejales del NO al catalán

La movilización vecinal

Tras la aprobación de la Ley general de educación (1970), que permitía (¡y recomendaba!) la protección y enseñanza de la lengua catalana, la acción oficial sobre este tema había sido nula. La movilización de las entidades culturales y profesionales había sido importante, pero discreta. Fue la FAVB la que tuvo el papel protagonista en el ataque a la política oficial al lanzar el manifiesto “Queremos los ayuntamientos y la escuela catalanes y democráticos”, firmado en primera instancia por 47 entidades, que llegarían a ser 118, y que sumarían democracia y lengua catalana como un binomio inseparable. Los militantes antifranquistas (principalmente del PSUC) consiguieron en este tema la colaboración, el consentimiento o, al menos, la resignación de los miembros de las juntas vecinales más dóciles y desafiaron abiertamente al Gobierno de Arias Navarro y, por elevación, al régimen.

Los términos de la rectificación

En un tiempo récord de dos meses, el Ayuntamiento de Barcelona dio un giro de 180 grados. Además del dinero consignado, se crearon tres comisiones de trabajo con las sonoras denominaciones de Comisión de Lengua y Literatura Catalanas, Comisión de Historia y Arte de Cataluña y Comisión de Tradiciones y Costumbres Catalanas. Las presidían los 3 tenientes de alcalde y las integraban 8 concejales más: en total, 25 de los 35 miembros del plenario, eran mayoría absoluta los que habían votado que no (14). De repente, había desaparecido el problema presupuestario que habían alegado algunos de los opositores a la enmienda de Soler Padró e, incluso, la superaban esbozando un plan de estudios completo. Nada ha trascendido de su tarea, que fue paralela al Congreso de Cultura Catalana, en su fase inicial. No estaba nada claro qué tipo de trabajo se encargaba, una vez el presupuesto aprobado, a unas comisiones integradas por empresarios y sindicalistas en que solo se contaba uno de los tres catedráticos del Consistorio. Una propuesta seria se habría trasladado automáticamente a la ponencia de Cultura y habría confeccionado, sin prisas ni pausas, una comisión de expertos ad hoc.

Dirección del proyecto: comisionado de Programas de Memoria, Ayuntamiento de Barcelona. Organización y producción: Dirección de Memoria e Historia (Instituto de Cultura de Barcelona) y el comisariado Martí Marín Corbera.

Els divuit regidors del NO al català

La mobilització veïnal
Després de l’aprovació de la Llei general d’educació (1970), que permetia (i recomanava!) la protecció i ensenyament de la llengua catalana, l’acció oficial sobre aquest tema havia estat nul·la. La mobilització de les entitats culturals i professionals havia estat important, però discreta. Fou la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) la que tindria el paper protagonista en l’atac a la política oficial en llançar el manifest “Volem els ajuntaments i l’escola catalans i democràtics”, signat en primera instància per 47 entitats, que arribarien a ser 118, que sumarien democràcia i llengua catalana com un binomi indestriable. Els militants antifranquistes (principalment del PSUC) aconseguiren en aquest tema la col·laboració, el consentiment o, almenys, la resignació dels membres de les juntes veïnals més dòcils i desafiaren obertament el Govern d’Arias Navarro i, per elevació, el règim.

Els termes de la rectificació
En el temps rècord de dos mesos, l’Ajuntament de Barcelona féu un gir de 180 graus. A més dels diners consignats, es crearen tres comissions de treball amb les sonores denominacions de Comisión de Lengua y Literatura Catalanas, Comisión de Historia y Arte de Cataluña i Comisión de Tradiciones y Costumbres Catalanas. Les presidien els 3 tinents d’alcalde i les integraven 8 regidors més: en total, 25 dels 35 membres del plenari, eren majoria absoluta els que havien votat que no (14). De cop, havia desaparegut el problema pressupostari que havien al·legat alguns dels opositors a l’esmena de Soler Padró i, fins i tot, la superaven esbossant un pla d’estudis complet. Res no ha transcendit de la seva tasca, que fou paral·lela al Congrés de Cultura Catalana, en la seva fase inicial. No estava gens clar quina mena de feina s’encarregava, una vegada el pressupost aprovat, a unes comissions integrades per empresaris i sindicalistes en què només s’hi comptava un dels tres catedràtics del consistori. Una proposta seriosa s’hauria traslladat automàticament a la ponència de Cultura i hauria confeccionat, sense presses ni pauses, una comissió d’experts ad hoc.

Direcció del projecte: Comissionat de Programes de Memòria. Ajuntament de Barcelona.

Organització i producció: Direcció de Memòria i Història Institut de Cultura de Barcelona.

Comissariat: Martí Marín Corbera.