Ada Colau La alcaldesa de Barcelona

La semana empezó con fuerza, el lunes los ayuntamientos del cambio nos reunimos en Madrid con el Secretario de Estado de Vivienda para reclamar 2.000 millones de euros para el Plan Nacional de Vivienda de 2018 y que los contratos de alquiler volviesen a ser de 5 años en lugar de 3, como antes.

La vivienda es sin duda una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, así como una de las prioridades de los gobiernos municipalistas de las ciudades del cambio, el Estado debe cumplir con su parte. En solamente 7 años han reducido más del 70% el gasto en vivienda, España se encuentra muy por debajo de los niveles europeos en parque público de alquiler, con un 2,5% cuando Austria o el Reino Unido tienen el 24% y el 17% respectivamente.

Desde Barcelona hemos multiplicado por 4 la inversión en vivienda social, recuperado pisos vacíos que estaban en manos de bancos y multado a grandes propietarios de pisos vacíos. Hemos condicionado las ayudas a la rehabilitación a que los propietarios no expulsen a los inquilinos ni suban el precio del alquiler, hemos comprado pisos vacíos para evitar que los fondos buitre los usasen para especular y gentrificar barrios expulsando a inquilinas e inquilinos. Hemos creado una unidad descentralizada en 10 distritos que ha evitado más de 2.000 desahucios.

Sin embargo, no tenemos las competencias necesarias para regular el precio de los alquileres, que está actualmente en manos del Estado. Es urgente hacer frente a la emergencia habitacional: es necesario, y sin dilación, reformar la Ley que regula el alquiler (LAU) y si el Estado no quiere hacerlo, que nos de las competencias a las ciudades, tal y como sucede en París o Berlín. No permitiremos que la ley actual siga expulsando a los habitantes de nuestras ciudades.