Ada Colau La alcaldesa de Barcelona

Las elecciones del 20-D son claves para nuestro futuro. En ellas se dirime la alternativa entre continuidad o cambio en relación a las políticas de austeridad, el bipartidismo, la corrupción y la cuestión territorial. No se trata de problemáticas separadas, sino constitutivas de una política que muestra síntomas de agotamiento, y requiere ser actualizada.

Barcelona se encuentra en el epicentro del debate territorial y de la regeneración democrática. Son cuestiones distintas, pero que comparten la exigencia de más y mejor democracia, de instrumentos que acerquen los espacios de decisión a la ciudadanía. Hoy, la cuestión territorial ya no se circunscribe a los nacionalismos periféricos, sino que impregna la política de Estado. De hecho, todas las formaciones estatales de izquierdas que se presentan el 20-D son partidarias de una reforma constitucional que implique un replanteamiento territorial; y por primera vez, hay una candidatura con posibilidades de gobernar que defiende la realización de un referéndum en Cataluña.

Barcelona necesita de unas instituciones que funcionen y colaboren entre ellas. Para ello tenemos que superar el bucle sin fin que bloquea el funcionamiento institucional y enrarece el debate político. No podemos seguir con una situación en que el Gobierno central afirma que la celebración de un referéndum requiere una reforma constitucional, pero se niega a tramitarla. Al mismo tiempo que los partidos nacionalistas aprueban medidas unilaterales, sistemáticamente recurridas por el Ejecutivo español. Esta situación es insostenible y no da más de sí.
 

Existe apoyo ciudadano al referéndum: un 80% de los catalanes es favorable, y en España —desde la eclosión de Podemos— aumentan diariamente sus partidarios. Una vez más, se demuestra que la ciudadanía va por delante de las instituciones, anteponiendo el sentido común a los impedimentos legales. La celebración de un referéndum no es una cuestión nacionalista, es una cuestión democrática. Hasta ahora, todos los sucedáneos ensayados —el 9-N, las elecciones del 27-S— no han podido sustituir el único procedimiento democrático internacionalmente reconocido para dirimir aquellos litigios que no pueden ser resueltos en el debate parlamentario.

Se argumenta que el ordenamiento legal no permite la independencia. Sin embargo, la Constitución no puede ser un corsé que constriña la democracia, y su interpretación tiene que adaptarse al paso del tiempo. Aquellas soluciones que podían parecer buenas para 1978, no tienen por qué seguir siéndolo en el siglo XXI. Así, la convocatoria de un referéndum previo a la reforma constitucional constituiría la mejor opción para ambas partes, contribuyendo a normalizar el debate político acerca de los pros y los contras de la independencia, actualmente enrarecido y atrancado en disquisiciones jurídicas.

Los ejemplos del Reino Unido o de Canadá pueden servirnos de inspiración para encontrar una salida. Los Gobiernos no tienen que tener miedo a preguntar a la gente. De hecho, los referendos realizados en países democráticos no crearon ninguna fractura insalvable, al contrario, se habló de propuestas y argumentos.

El referéndum es la única manera de romper los muros que separan y de abrir un diálogo fraterno entre Cataluña y el resto de pueblos de España. De la misma manera que los Gobiernos municipales del cambio de Madrid y Barcelona se entienden y colaboran, es posible reconstruir el diálogo con el resto del Estado.

Como alcaldesa de Barcelona considero que la actual situación de bloqueo perjudica el normal funcionamiento de las instituciones, e insto al nuevo Gobierno español, sea del color que sea, a abordar la cuestión sin miedo, estableciendo los cauces legales que permitan celebrar una consulta. Los costes políticos y sociales de persistir en el inmovilismo son mucho más altos que los de permitir que la gente resuelva los conflictos mediante procedimientos democráticos. No tengamos miedo a la democracia.

Artículo publicado en El País