Ada Colau La alcaldesa de Barcelona

Según datos del Poder Judicial entre 2014 y 2017 los desahucios en la ciudad de Barcelona se han reducido un 22%. A través de la unidad antidesahucios (UCER) que creamos en 2015, el Ayuntamiento de Barcelona ha evitado más de 2.000 desahucios. Solo en 2017 hemos atendido a más de 2.351 familias, hablamos de más de 7.000 personas, cosa que significa que ha aumentado un 240% el numero de familias atendidas respecto a 2014. Personas que antes acababan en la calle ahora encuentran una alternativa habitacional gracias al Ayuntamiento.

Sin embargo, la situación sigue siendo grave y somos los gobiernos municipales los que estamos haciendo frente a la emergencia sin apenas presupuesto, recursos ni competencias. Mientras tanto el gobierno del estado ha bajado un 77% la partida en el presupuesto para políticas de vivienda y ayer el Congreso daba vía libre a una nueva ley de desahucio exprés que:

1) No ataca a mafias ni va a la raíz del problema 

2) No distingue entre pequeños y grandes propietarios 

3) No contempla ninguna medida para atender las familias vulnerables que desahuciará y deja el problema en manos de los ayuntamientos sin ofrecer ningún tipo de recurso extraordinario.

Esta ley solo tendría cierto sentido si fuese acompañada de una reforma de la LAU que diese estabilidad a los inquilinos, evitase las subidas abusivas de los alquileres y obligase a bancos y fondos buitre a poner los pisos vacios en alquiler social. Eso es lo REALMENTE URGENTE.

Pero ahora mismo esta ley protege a los fuertes y ataca a los débiles, como suele pasar con las leyes de PP, C’s y PDCat.

Las ciudades defenderemos a nuestros vecinos y llevaremos la realidad de esas familias hasta los despachos del Ministerio de Vivienda si es necesario. Es inmoral que legislen desde las alturas, sin conocer la realidad de la calle, y que aceleren desahucios desentendiéndose de las consecuencias de sus decisiones.