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Semana Trágica

La represión y el retorno de la liturgia

Inmediatamente después de aplastada la revuelta, empezó la represión. Las organizaciones republicanas, obreras y librepensadoras fueron prácticamente desmanteladas. Muchos de sus líderes fueron detenidos y procesados, y se cerraron sus diarios, locales, escuelas y centros de reunión. El nuevo gobernador, Crespo Azorín, ordenó doscientos destierros y más de dos mil personas tuvieron que exiliarse.
En un ambiente marcado por el sentimiento de venganza, algunos diarios conservadores pusieron en marcha una campaña de delación a gran escala y, en pocos días, los centros penitenciarios estaban desbordados de presos.

Los militares procesaron a 1725 individuos por su presunta participación en los hechos, y los tribunales dictaron cincuenta y nueve condenas a cadena perpetua y diecisiete condenas a muerte, de las cuales sólo cinco fueron finalmente ejecutadas.

Entre mediados de agosto y principios de octubre, fueron fusilados en Montjuïc Josep Miquel Baró, miembro del Partit Republicà Nacionalista Català y jefe de la rebelión en el barrio de San Andrés; Eugenio del Hoyo, guardia de seguridad que se unió a los insurrectos; Antoni Malet, acusado de atacar una iglesia en San Adrián del Besós y de enfrentarse a las fuerzas del orden; y Ramón Clemente García, un carbonero perturbado que bailó con algunas momias desenterradas del convento de las Jerónimas.

Hacía falta, sin embargo, encontrar un responsable máximo. Y finalmente el cabeza de turco fue Francisco Ferrer y Guardia, pensador anarquista y fundador de la Escuela Moderna. Después de un juicio militar marcado por las irregularidades y sin pruebas concluyentes, Ferrer fue declarado autor y jefe de la rebelión. El día 13 de octubre fue fusilado por un pelotón de ejecución en el Castillo de Montjuïc. Antes de caer fulminado gritó: «¡Soy inocente, viva la Escuela Moderna!».

En París, Roma, Londres, Bruselas, y en muchas capitales latinoamericanas se registraron protestas multitudinarias. El clamor popular impugnaba «la España inquisitorial» y pocos días después, presionado por la opinión pública, el rey Alfonso XIII acabaría cesando al presidente del gobierno, Antonio Maura.
Días después de los incendios se retomaba el culto católico en muchas de las maltrechas iglesias de la ciudad. Las autoridades eclesiásticas publicaron cartas pastorales que negaban el origen social de la revuelta, identificando la revolución con el demonio. Paralelamente se iniciaban, por parte de los arquitectos del obispado de Barcelona, los estudios técnicos para determinar la gravedad de los daños en los edificios atacados, primer paso para comenzar la reconstrucción de los templos, que en algunos casos duraría algunos años.