Esta entrevista está realizada en el marco de la actividad Barxiluna برشلونة | Cementerios, organizada por el Espai Avinyó y la Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) y enmarcada en la línea de actividades Barxiluna برشلونة: (Des)memoria del pasado y presente islámico.

Con la colaboración de Cementerios de Barcelona visitamos el recinto islámico del cementerio de Collserola, acompañado de un posterior coloquio sobre la gestión de los entierros musulmanes en Cataluña y el Estado español. Una actividad que nos permitió situar el derecho a morir según las propias convicciones y escuchar las actuales demandas de la comunidad.

En Barcelona, el cementerio de Collserola dispone de varias parcelas para la inhumación de personas musulmanas. El recinto islámico del cementerio de Collserola se creó en 1997 como respuesta pública a las demandas de diferentes entidades representantes de la comunidad musulmana en Barcelona, que cuestionaban la necesidad de tener que repatriar los cuerpos de las personas muertas. Así, la ciudad se convirtió en la primera localidad catalana a disponer de un equipamiento público de estas características. Desde hace unos años, se está trabajando junto con portavoces de la comunidad para mejorar el recinto islámico, siempre con el objetivo de mantener la coherencia con los principios de los entierros musulmanes. Con este espíritu, el recinto ya se ha ampliado en dos ocasiones, en 2017 y 2021. Si bien la gestión del primer recinto se dejó en manos de algunas entidades musulmanas de la ciudad, las ampliaciones son de gestión pública.

Mayson Douas lidera la asociación Entierro Digno para la defensa del derecho a la sepultura de la ciudadanía musulmana. Fue una de las participantes de la actividad organizada por el Espai Avinyó y la Oficina de Asuntos Religiosos: Cementerios. Con ella hablamos sobre cómo es la gestión municipal de los cementerios en España en relación con los recintos islámicos y el derecho a morir dignamente.

En diciembre participaste en la actividad organizada por el Espai Avinyó y la Oficina de Asuntos Religiosos, un diálogo sobre el derecho a morir según las propias convicciones y los retos de la gestión municipal de los cementerios de la ciudad entre las comunidades musulmanas y las instituciones. ¿Qué te pareció?

Me pareció una actividad innovadora, ya que pocas veces se crea un espacio participativo para que la gente conozca los servicios funerarios o de cementerios que ofrecen las administraciones públicas locales. Y en ese sentido aplaudo la iniciativa porque creo que es un acto de respeto y de implicación con la ciudadanía.

Siento que la conversación no terminó allí, sino que se abrieron muchos temas que seguro que se van a ir desarrollando de cara al futuro. Creo que es un ejercicio que da una lección de buenas prácticas al resto de municipios a nivel nacional; un ejemplo de convivencia, de atención a los servicios específicos dentro de nuestra sociedad diversa, de transparencia respecto a cómo se están gestionando ciertos recursos y también de estar presente en la vida de las personas.

En la actividad se habló de los modelos de gestión utilizados hasta ahora (privados y públicos), de errores cometidos por parte de la administración en un primer momento al no respetar el rito musulmán, de barreras en el acceso (económico) y la necesidad de garantizar espacios rituales para el tratamiento de los cuerpos, del rol que están jugando los seguros de repatriación, entre otras. En este sentido, si pensamos en un modelo de gestión que tome en cuenta todas estas dimensiones y que intente buscar un equilibrio entre las necesidades personales, familiares y de las comunidades, ¿qué cosas debería abordar o evitar? ¿A quién le corresponde liderar este proceso?  

Hay muchas entidades asistenciales religiosas que trabajan con personas musulmanas que, en algún momento, tendrán que gestionar una defunción, y que no sepan cuáles son los trámites me genera un vacío asistencial en el trabajo que están desarrollando. Es por esto que creo que el liderazgo tendría que dejar de ser religioso, para poder reivindicar que sea un derecho civil. No es que quiera desplazar a las entidades religiosas, pero es que no todas las personas musulmanas están dentro de éstas.

A las entidades religiosas se les puede consultar todo lo que tenga que ver con los rituales de preparación de los cuerpos. Con esta dinámica que es puramente religiosa veremos cómo acomodarla dentro del servicio público desde el punto de vista del respeto y la consideración de lo diferente. Creo que este es el estatus que se les tendría que dar a las entidades religiosas.

También creo que hay mucha desinformación, por ejemplo, las salas de tanatorios para poder hacer los velatorios no se están utilizando demasiado por la población musulmana, principalmente por el desconocimiento de la existencia de esos servicios. Creo que se tendría que hablar de ello en el mismo sitio donde se está preparando el cuerpo, porque si no la alternativa es hacerlo en casa o en las mezquitas o que la familia se quede aislada porque no tiene la posibilidad de recibir todos los pésames. Creo que los espacios públicos, igual que lo hacen con el resto de la ciudadanía, tendrían que considerar estas casuísticas.

¿En Madrid, cómo son las políticas en relación con la gestión de los cementerios y el derecho a una muerte digna?

Ahora mismo, la mayoría de los servicios son privados. Cuando una persona llama al Ayuntamiento para pedir el servicio para enterrar a una persona musulmana, lo primero que le van a decir es que no dan servicio para musulmanes y eso es porque no tienen al personal preparado para ofrecerlo: ni para recoger el cuerpo, ni para tratarlo y prepararlo ni para inhumarlo porque no tienen habilitado el terreno para hacerlo. Por lo tanto, la preparación de los cuerpos de las personas musulmanas, las hacen empresas privadas.

Eso sucede con toda la carga económica que tiene sobre las familias. Y como no existe una identificación de esa necesidad, tampoco existe información para que la población musulmana en Madrid conozca cuáles son sus derechos, por lo cual están en manos de las dos o tres personas que gestionan o que son enlace para las funerarias y los cementerios. Se genera una situación de otredad llevada al máximo de los extremos, porque en ese momento la familia no se va a poner a pensar si le está cobrando de más, o si el servicio que le están ofreciendo está completo o le falta algo. La situación de vulneración que se genera en ese momento es máxima. Hay muchas familias que están muy dolidas y con bastante trauma de ese proceso, y tampoco tienen donde ir a denunciar.

Para su concepción han hecho algo excepcional que está en los márgenes de la ley, y de los servicios habituales, y no entienden que existe una oficina del consumidor que les va a atender. Lo mismo que pasa en Madrid, pasa en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Galicia y en Asturias. No entiendo por qué las entidades religiosas no publican en ningún sitio cuáles son los pasos que hay que seguir cuando fallece alguien. Es muy frustrante, y una situación muy violenta.

Algunas mezquitas tienen un fondo solidario, es una contribución anual que hacen las familias que en teoría cubre los gastos de fallecimiento. Pero tampoco explican cuáles son los servicios que cubren o si está sujeto a ciertas condiciones. En realidad, esos fondos no pueden hacerse cargo de todos los fallecidos y, si de repente suceden dos repatriaciones, se acaba el fondo y, aunque esté suscrita, probablemente no vaya a estar atendida porque se acabaron esos fondos.

Y por mucho que pensemos en que las mezquitas pueden ser ese altavoz, no lo están siendo. No te sabría decir por qué, pero no está funcionando. El reto es identificar cuáles son los canales de comunicación para hacerle llegar esta información. Que eliminen las barreras, las desigualdades y la discriminación en un momento tan delicado.

Comentaste que, en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galícia cometen estos mismos errores. ¿Sabes cómo se está desarrollando en otros lugares?

Mayormente, se vienen cometiendo los mismos errores. En Francia sí que tienen cementerios para población musulmana, pero no tienen licencia de cementerios. Son como excepciones que se han abierto por circunstancias, por lo cual, están en el limbo. En Bélgica, Holanda e Italia lo mismo, porque son cementerios con un acceso muy limitado y en unas condiciones muy poco favorables y la gente tiende a repatriarse porque son población magrebí, con una fuerte identidad y sentido de pertenencia a la patria, no al espacio donde están viviendo y desarrollando sus vidas. Y me temo que el problema que tenemos en algunas comunidades autónomas, es la punta del iceberg de un derecho descuidado a nivel europeo.

¿Existe voluntad política para cambiar esto?

Yo creo que hay oportunidad, porque es un tema que no debería de distanciarnos, porque no estamos hablando de algo que puede sonar a capricho. Morir nos toca a todos y todos queremos morir de una forma digna. Es verdad que existen partidos que están frontalmente en contra, pero porque están en contra de cualquier cosa que no forme parte de su identidad ideológica. Más allá de su ideología, es una falta de tacto, de sensibilidad, de conocimiento y de humanidad.

Pero en realidad yo no creo que haya una desidia política en este sentido, la voluntad política que tenemos en Madrid, con la que nos estamos encontrando frontalmente no tiene que ver tanto con no querer dar ese servicio, sino que los canales mediante los cuales quieren dar ese servicio, están enfangados. Y mientras tanto, el derecho civil sigue sin cumplirse. Entiendo que la administración pública necesite un interlocutor que explique las actuaciones que tiene que hacer para no cometer errores lesivos para la misma administración y para la ciudadanía. Todas estas cuestiones son válidas, pero en última instancia es responsabilidad de la Administración pública.

¿Qué pasa en otras comunidades autónomas?

En Castilla-La Mancha sé que hay varios municipios que sí que están dispuestos a hacer el acomodo de espacios de enterramiento para población musulmana, pero les falta que la propia comunidad musulmana lo reivindique, que esté allí acompañando, diciendo que va a hacer uso de esas unidades de enterramiento que no sea una inversión o un esfuerzo, en vano. Entre los muchos factores que están haciendo que estemos viviendo esta situación, es que, en primer lugar, la población musulmana no sabe que este derecho existe.

Las administraciones públicas, no todas saben que la Ley de libertad Religiosa acoge este derecho. Se necesita mucha pedagogía en los dos lados para poder llegar al convencimiento de que se tiene que hacer algo y luego se tiene que iniciar ese camino burocrático, técnico, participativo, con todos los altibajos que tiene.

Creo que de aquí a unos años vamos a ver cada vez más municipios sumarse a esta iniciativa, pero depende muchísimo de cómo se vaya a implicar la ciudadanía musulmana y como se vea respaldada por asociaciones u órganos de la sociedad civil que les legitime y que también les empodere y acompañe en esa reivindicación.

¿Cuáles han sido los argumentos de para explicar la falta de recintos islámicos en las ciudades?

Como existe un desconocimiento, aparecen muchas preguntas cuando tenemos conversaciones con representantes públicos: ¿es o no es legal? ¿Quién lo está pidiendo? Si se hace, ¿qué rechazo vamos a tener? ¿Cómo lo gestionaremos? Más allá de que exista una población musulmana que lo reivindique es responsabilidad de la administración garantizar este derecho.

¿De dónde viene la necesidad de crear una asociación como la de Entierro Digno? ¿Quién la compone? ¿Es estatal, autonómica? ¿Qué propone?  

La asociación empezó a fraguarse en septiembre de 2023, nacida de la falta de un cementerio en Madrid. Porque cuando empezamos a hablar con diferentes figuras representativas de la población musulmana en la Comunidad de Madrid, nos dimos cuenta de que no todo el mundo era consciente de que no teníamos alternativa dentro de la comunidad autónoma y que se tenía que presionar al Ayuntamiento de Madrid para que cumpliera una de las proposiciones que se llevaron al pleno meses antes. Y esa proposición decía que existía el terreno para llevar a cabo el proyecto, pero estaba parado. Por lo tanto, vimos que nadie estaba haciendo presión.

Mientras hacíamos ese camino empezaron a aparecer otros municipios que nos reclamaban que tampoco tenían un cementerio. Nos dimos cuenta que el mismo trabajo de sensibilización, de movilización, de identificar los canales de comunicación con la administración pública, los procesos burocráticos, para poder reivindicarlo y hacerlo posible eran totalmente replicables para el resto de la escena nacional. Entonces, en septiembre, tomamos la decisión de crear una asociación donde se puedan hablar estos temas.

¿Cuáles son los objetivos?

Reivindicar estos espacios de enterramiento en los municipios donde haya ciudadanía musulmana, acompañar a los colectivos que quieran pedir este derecho, asesorarles. Buscar la información y mantenernos al día con todo lo que tiene que ver con este derecho para ser una fuente de referencia y de información contrastada, rigurosa sobre lo que pasa cuando tenemos que ser enterrados.

La asociación la componen la junta Directiva, somos nueve personas: seis mujeres y tres hombres. No todos somos musulmanes. Y los que somos musulmanes, no todos somos sunitas. Hemos intentado generar una representación de la ciudadanía musulmana que hay en España: hay personas migrantes, nacionales, personas conversas, no musulmanas, personas de Madrid y de fuera de Madrid.

Desde la Asociación Entierro Digno de Madrid hicisteis un estudio a nivel estatal. ¿En qué consistió el estudio? ¿Qué dinámicas habéis identificado?  

Hemos hecho varios estudios, pero del que te puedo hablar es el estudio sobre cuáles son los cementerios que tenemos a nivel nacional y cómo están distribuidos. Nosotros llamamos a municipios para preguntarles si tenían o no cementerios, en qué condiciones estaban, cómo era el acceso a la inhumación, porque hay cementerios en los que solo se permiten a la población empadronada. Luego nos dimos cuenta de que de los 30 y pico que tenemos, solo 27 están operativos.

Y ese operativo está entrecomillado y no solo por la parte del empadronamiento, porque por ejemplo hace un mes se inundó el cementerio de Córdoba y entonces en toda Andalucía no había un cementerio donde enterrarse. Si no estabas empadronado no te podías enterrar en Andalucía. Y nos pasó con varios casos que fallecieron durante el tiempo en el que estaba inundado y la alternativa que les daban era ir a Ceuta o a Melilla. Y luego las conversaciones que estamos teniendo ahora con el resto de los municipios es para conocer el contexto que tienen. Sabemos de varios municipios, algunos en Madrid, en Toledo, en Alicante y en Múrcia que se están iniciando acciones de movilización.

En relación con la gestión de los cementerios y los procesos para llevarlos a cabo, ¿qué consideras que son unas buenas prácticas y en qué ciudades del Estado español se producen?  

Creo que no tenemos modelos suficientes para extraer un patrón. Hay diferentes modelos: en Burgos, por ejemplo, la población musulmana local llegó a un acuerdo sin pasar por el pleno, negociaron con el propio Ayuntamiento, y simplemente dieron orientaciones a los funcionarios que hacían las inhumaciones. El proceso fue ágil y flexible.

En Valladolid empezaron a hacerlo, se torcieron y se han quedado sin cementerio. En Vitoria y en Barcelona también se ha hecho un buen trabajo, aprendiendo de los errores.

Dentro de los 8.100 municipios que hay en España y sabiendo que normalmente la población musulmana, además de estar muy concentrada, al menos en las grandes ciudades, también está muy presente en el campo porque está vinculada a las labores de campo, creo que todavía nos queda mucho para avanzar. Eso significa que durante mucho tiempo tendremos que reconocer y aprender de los errores i enmendarlos. Y eso forma parte de esa pedagogía que vamos a tener que hacer entre todos, si hay buena voluntad para seguir adelante.

¿Los objetivos de la Asociación están necesariamente vinculados con las demandas de las comunidades musulmanas?

Cuando estuvimos haciendo los estatutos, que fue un proceso muy participativo porque creamos un grupo específico para hacerlo, contrastamos con varios actores, no nos centramos en hablar con comunidades musulmanas ni con comunidades religiosas. Formaron parte del proceso, pero no fueron la única fuente de información o de contraste que utilizamos para generar los estatutos. Nos basamos en las experiencias personales de todo el movimiento y de cómo querían verlo. También de las experiencias de personas que no son musulmanas, pero que tienen familiares musulmanes y que también quieren aproximarse a ese derecho y hacerlo posible.

Creo que nuestra asociación está más centrada en la persona musulmana y sus derechos civiles que en las comunidades musulmanas. Las mezquitas tienen un rol que todos conocemos y apreciamos, pero creo que para esto es necesario ir a granular todavía más abajo y escuchar a las familias y a las personas.