BCN Acción Intercultural

La situación de pandemia nos llevó a indagar y a preguntarnos cómo las medidas y políticas empleadas para mitigar la crisis de la COVID19 han partido de una homogeneización de los cuerpos y realidades sin tener en cuenta las jerarquías de poder desde una perspectiva interseccional. Analizar la situación del trabajo sexual nos ha dado claves para entender este hecho de una forma más completa.

Al intentar aplicar la interseccionalidad como uno de los ejes principales de la charla, Montenegro puso sobre la mesa dos puntualizaciones previas a tener en cuenta sobre el concepto, acuñado por la abogada Kimberlé Williams Crenshaw en el año 1989. Por un lado, el término se creó para analizar una problemática desde más de una perspectiva, incluyendo la “raza”,  el género, la clase de forma interconectada.

Por otro lado, a pesar de que la mirada interseccional es clave, hemos de revisar de forma crítica la manera en que se ha entendido en ámbitos académicos y activistas, ya que nos puede llevar a la “olimpiada de las opresiones”, que se basa en sumar las distintas vulnerabilidades que atraviesan a las personas. Esto es peligroso porque nos puede llevar a homogeneizar ciertas categorías sociales, esencializando identidades, y por consiguiente, nos impida mirar cómo funcionan las jerarquías de poder en contextos concretos y cómo se intersectan.

Montenegro afirma en este sentido que “lo interesante al final es identificar cómo mecanismos como el patriarcado, el racismo o el capacitismo, reproducen  y jerarquizan la subalteridad, la explotación y la necropolítica como método de distribución de espacios de muerte y abandono.”

¿Se puede decir que ha habido un efecto democratizador a raíz de la Covid19? ¿Nos afecta a todas por igual? Ante este discurso se concluyó que la perspectiva interseccional desmonta este tipo de planteamientos, ya que enmascara como la enfermedad afecta de manera diferencial a distintos cuerpos, desde las maneras en las que se enferman, las posibilidades de enfermarse, y el distinto trato y atención que recibirán.

Montenegro añadió que esta situación ya era así antes de la Covid19, algunas políticas públicas ya desprotegían, abandonaban, desposeían y explotaban a muchas personas. De hecho, como dijo Sudhra, en el caso de las trabajadoras sexuales, ellas no tienen acceso a la seguridad social, ya que el trabajo sexual se encuentra en una situación alegal, por lo tanto no tienen ningún tipo de derechos laborales.

Sudhra continuó aportando realidad a lo planteado por Montenegro al decir que “hay unas 100.000 personas que se dedican al trabajo sexual en España, y se han encontrado desamparadas durante la pandemia. No han recibido ningún tipo de ayudas, las más precarias que trabajan en la calle han sido hipervigiladas, de forma exacerbada ahora, por la policía, y el teletrabajo ha sido imposible para aquellas personas que no tienen acceso a internet, un ordenador o espacio privado en casa”. Además, destacó que aquellas personas que entran dentro de la comunidad LGBTIQ2+ (2 viene de la identidad de género ancestral indígena llamada dos espíritus) han sufrido incluso más, al tener pocas opciones de trabajo en general. Por no hablar de que el 75% de las trabajadores sexuales son migrantes y muchas no tienen papeles.

Sudhra explicó que la ley de extranjería atraviesa a muchas trabajadoras sexuales, como a trabajadores de otros sectores precarios como el de la agricultura, o del hogar y cuidados. Es por esto que ella no entiende la postura por parte de “las prohibicionistas” que se hacen llamar de forma equivocada “abolicionistas”, apropiándose así de la lucha de las personas afroamericanas que derrocaron la esclavitud. Sudhra defendió que si quieren abolir la trata sexual, que no tiene que ver con el trabajo sexual, deberían ser coherentes y haber condenado más activamente el suceso de las temporeras de Huelva que denunciaron abusos sexuales en 2018.

Montenegro añadió que desde una perspectiva interseccional es bastante cuestionable afirmar que son las mismas instituciones que están “rescatando” a los colectivos más vulnerabilizados por el mismo hecho de que las políticas públicas carecen de mirada interseccional al no tener en cuenta todas estas realidades y al operar con grandes ausentes.

A este respecto, Montenegro explicó que los límites o dificultades de generar políticas interseccionales se explica históricamente por el hecho de que el origen de las mismas ha sido identitario al responder a las reivindicaciones y luchas de colectivos específicos, de ahí que tengamos políticas de mujeres, de juventud, gente mayor, lgtbi. No obstante, si queremos apostar por políticas que apunten a las estructuras o sistemas de opresión interseccional que generan las desigualdades, hemos de apuntar a esos sistemas y no a grupos específicos. En este sentido valoró positivamente el cambio que se está produciendo en algunas políticas y áreas institucionales en las que se nombren luchas y no identidades tales como: Feminismes.

Finalmente, hablando de solidaridades y estrategias de ayuda mutua ante las ausencias de políticas, se mencionó la Caja de resistencia de trabajadoras sexuales y personas migrantes del sindicato Otras, Aprosex, (N).O.M.A.D.A.S y AFEMTRAS, y la de Sindillar para las trabajadoras el hogar y del cuidado, hasta el movimiento Regularización Ya, que pide la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas.

Por último nos dejaron con una pregunta abierta: ¿por qué siempre son las mismas personas afectadas, por ejemplo mujeres trabajadoras sexuales racializadas, que crean estas iniciativas y por qué no son las aliadas? A lo que Sudhra señaló que tal vez las aliadas deberían convertirse en cómplices: la aliada se centra en las personas individuales, mientras que la cómplice trabaja mano a mano en la lucha, directamente desmantelando esas jerarquías de poder, poniendo cuerpo, dinero, tiempo y esfuerzo.