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Drets de Ciutadania i Diversitat

Andrés Zaragoza

09/12/2019 - 08:01 h

Entrevistas. “El discurso de odio contra los ronhinya se difundió a través de múltiples canales”

Andrés Zaragoza es licenciado en Geografía e Historia y funcionario público jubilado. Es socio de Amnistía Internacional desde 1991 y activista en el Equipo de Educación de Madrid y en el Equipo de Países de Amnistía Internacional España, donde trabaja en la defensa de los derechos humanos en regiones y países afectados por crisis y emergencias humanitarias. En los últimos tres años, uno de sus cometidos en la organización ha sido el seguimiento de la situación en Myanmar y la denuncia de la persecución y discriminación de la población rohingya. Le entrevistamos con motivo del Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio.

 

Hoy, 9 de diciembre, es el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio, razón por la cual, nos gustaría hablar de la persecución del pueblo rohingya. ¿Quiénes son los rohingyas?

Los rohingyas son un grupo étnico de Myanmar, un país del sudeste asiático – conocido antiguamente como Birmania- de confesión mayormente budista. A pesar de que el país es un auténtico mosaico de etnias, lenguas, religiones y movimientos insurgentes, los rohingyas son considerados apátridas, pues, durante el período dictatorial del general Ne Win, fueron declarados por ley “inmigrantes ilegales sin derecho a la ciudadanía en Myanmar”.

Concretamente, los rohingyas son una mezcla de diferentes etnias -como la árabe, la mogol y la bengalí- principalmente de religión musulmana y concentrados en una de las regiones más pobres del país: el estado de Rakáin. Hasta el año 2017, sumaban aproximadamente un millón habitantes. Sin embargo, a mediados de 2018, ya solo quedaban unas 300.000 personas. Naciones Unidas considera que son la minoría étnica y religiosa más perseguida del planeta.

 

¿Por qué les persiguen?

Como muchos otros, Myanmar es un país heredero del colonialismo británico del siglo XIX. Los rohingyas son una población que vivía allí en lo que entonces se llamaba el reino de Arakán, y que, de la noche a la mañana, pasó a convertirse en una región más del estado de Birmania, convirtiéndose así en una minoría de etnia y religión diferente a la del resto del país. Desde entonces, les han discriminado totalmente.

No se trata, por tanto, únicamente de una discriminación étnica, sino más bien de una mezcla de factores que han ido escalando el conflicto: un territorio disputado debido a agravios de la era colonial británica, una confesión y tradiciones diferentes a la del resto del país (budista) en una región rodeada de países musulmanes, la negativa por parte del Gobierno a aceptar una separación en identidades, y, sin duda, la participación de los militares, que tienden a instigar la confrontación entre distintos grupos  étnicos en la región.

 

¿Qué le ha sucedido a esta comunidad en los últimos años?

Desde el momento en que Bangladés se hizo independiente en 1971, se han dado varias campañas de persecución y expulsión de los rohingyas. Solo entre 1991 y 1992, por ejemplo, se calcula que 250.000 rohingyas huyeron de Myanmar.

Más recientemente, uno de los episodios de violencia más graves tuvo lugar en agosto de 2017, cuando, tras la publicación del informe final de la Comisión Asesora sobre el Estado de Rajine -liderada por el ex Secretario General de la ONU Kofi AnnanNaciones Unidas pide una reforma social y económica urgente para detener la violencia en el estado de Rajine. Poco después, un grupo armado rohingya, conocido como Ejército de Salvación Rohingya de Arakán, lanzó una serie de ataques coordinados contra puestos de las fuerzas de seguridad en el norte del estado de Rajine. En los días, semanas y meses siguientes, las fuerzas de seguridad myanmaras, dirigidas por el ejército de Myanmar, atacaron a toda la población rohingya de los pueblos del norte del estado de Rajine.

De hecho, según Amnistía Internacional, la limpieza étnica de la población rohingya se logró mediante una campaña sistemática, en la cual las fuerzas de seguridad birmanas mataron a miles de rohingyas, incluso niños y niñas de corta edad, violaron y cometieron otros actos de violencia contra cientos de mujeres y niñas, y torturaron e incendiaron cientos de pueblos rohingyas de forma deliberada. Durante los 10 meses posteriores las fuerzas de seguridad de Myanmar arrastraron al vecino Bangladés a cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas. ACNUR estipula que a día de hoy esta cifra ha superado ya las 723.000 personas, aunque solo de manera aproximada, ya que el Gobierno de Myanmar no quiere compartir datos oficiales.

 

¿Se puede calificar de “intento de genocidio” lo que ha sucedido contra esta minoría?

A pesar de que Naciones Unidas sí lo ha definido como un intento de genocidio, Amnistía Internacional prefiere no hablar de genocidio porque éste tiene unas características determinadas, tal y como su definición indica: “cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico racial o religioso como tal”; que no responden a lo que ha sucedido en Myanmar. Es decir, no se ha tratado tanto de un intento de exterminio, sino más bien de una expulsión masiva, en la cual se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Amnistía sí habla, no obstante, de limpieza étnica, que no es en realidad un crimen tipificado con claridad en el derecho internacional, pero que es un término que abarca una serie de actuaciones que se acercan y emplean en el genocidio, como los abusos encaminados a expulsar a personas de ciertos grupos étnicos de una zona para eliminarlas por completo.

 

Se ha acusado a la plataforma Facebook de haber jugado un papel clave en la difusión de discurso de odio contra la etnia rohingya. ¿Qué rol específico crees que han jugado en crear un caldo de cultivo propiciador de la violencia genocida en el contexto de Myanmar?

Se ha de tener en cuenta que, en Myanmar, la dura censura que existió durante décadas bajo el gobierno de la junta militar, limitaba en gran medida el acceso de las personas a Internet. Sin embargo, a partir del 2014, el Gobierno facilitó una serie de medidas que abrían el acceso de la población a las tarjetas SIM para teléfonos móviles, teléfonos que traían la aplicación de Facebook preinstalada. Facebook pasó de tener 2 millones de usuarios en el país a 30 millones, sin que ello fuera acompañado de un refuerzo del filtrado de la información compartida en la red social. De hecho, en línea con este fenómeno, en 2016 se descubrió -gracias a un informe elaborado por GSMA, el órgano global que representa a las operadoras telefónicas- que en Myanmar la mayoría de la población utilizaba Facebook como su única fuente de información considerando las publicaciones como información veraz.

A partir de ese momento, destacados miembros del ejército, como el general Ming Aung Hlaing, que comenzó a contar con 1.3 millones de seguidores en su página de Facebook, así como algunos monjes budistas extremistas, y, en general, figuras de la ultraderecha, comenzaron a  utilizar la plataforma para difundir mensajes falsos y de criminalización contra la etnia rohingya que justificasen la limpieza étnica. Se decía que eran: extremistas bengalíes que querían construir una fortaleza en Rajine, terroristas y criminales musulmanes que querían acabar con la tradición budista, extranjeros que se marchaban por voluntad propia, etc. Contenidos falsos e incluso que incitaban al odio, que empezaron a tener una gran difusión e impacto entre la ciudadanía y que, tal y como señalaba la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar Yanghee Lee en marzo de 2018, “tenía un impacto sofocante en la afirmación de puntos de vista sensibles e impopulares”.

El fenómeno tuvo un alcance tan amplío que tanto las Naciones Unidas como la propia compañía investigaron lo que estaba sucediendo y se descubrió que, efectivamente, Facebook estaba siendo utilizado como plataforma para difundir mensajes de odio contra los rohingya a gran escala. La plataforma reconoció que el discurso de odio en Myanmar a través de su red “era un problema real”, advirtiendo que, a partir de ese momento, iba a cerrar un gran número de páginas con cientos de miles de usuarios y seguidores, porque estas estaban violando sus políticas y normativas, al ser páginas que incitaban al odio étnico contra los rohingya.

Sin embargo, insisto, el impacto de estos mensajes sobre la ciudadanía no fue el detonante de la limpieza étnica, pues esta llevaba años existiendo. El objetivo de estos contenidos iba más encaminado a justificar las atrocidades que ya estaba cometiendo el ejército de Myanmar.

 

Además de las redes sociales, ¿a través de qué otros canales se difundió el odio contra esta comunidad, antes y durante el inicio de la persecución?

Durante los años del proceso de construcción del Estado este discurso de odio se difundió a través de todos los medios posibles: la radio, la televisión…incluso se grababan casetes, y después, CDs. Concretamente, el Movimiento 969, un movimiento nacionalista​ extremista -minoritario entre los monjes budistas, opuesto a lo que ellos consideran “la expansión del islam en Birmania”- fue uno de los principales promotores de estos mensajes de odio a través de diferentes canales. Este movimiento fue prohibido en 2013, pues en 2008, tras la apertura del Gobierno al poder civil y con la creación de una Constitución, este tipo de conductas pasaron a ser ilegales.  Algunos líderes de este movimiento, crearon entonces la organización Ma Ba Tha, con unos objetivos similares. Sin embargo, también fue prohibida en 2017.

Hoy por hoy, no obstante, sí podemos observar mensajes discriminatorios a través de los medios de comunicación masivos, por parte, sobre todo, de los principales representantes del ejército, así como de algunos de los miembros de este movimiento budista cercanos al poder militar.

 

Sabemos que, en 2017, centenares de miles de rohingyas se vieron obligados a huir a Bangladés. ¿Cuál es la situación actual de estas personas refugiadas? ¿Cómo valoras la actuación de Bangladés ante esta emergencia?

Desde mi punto de vista, la respuesta inicial de Bangladés fue positiva. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas que huyeron a este país, más de 723.000 según cifras oficiales, lo hicieron entre agosto de 2016 y enero de 2017. Es como si de repente, toda la población de una ciudad tan grande como Valencia, por poner un ejemplo, se desplazara de un país a otro. Es una barbaridad. Y esto es algo que se puede ver claramente en el campo de refugiados de Cox’s Bazar (refugio de los Rohingya en Bangladés). Con una población que ya alcanza casi el millón de personas, contando refugiados y comunidad de acogida, este campo ya ha sido catalogado como el campo de refugiados más grande del mundo.

Y a pesar de ello, durante una visita a los campos de refugiados rohingyas, la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, declaró que, si su país podía alimentar a sus 160 millones de personas, también podría alimentar a unos cientos de miles de refugiados rohingyas. Sin embargo, si bien el gobierno bangladesí ha acogido generosamente a las personas refugiadas, tal y como señala Amnistía Internacional, no les ha concedido la condición de refugiado, por lo que carecen de estatuto jurídico en ambos lados de la frontera. Bangladés no es Estado signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU.

A día de hoy, las personas refugiadas viven prácticamente hacinadas, como ya ha denunciado la Cruz Roja en diferentes ocasiones. La mayoría de las construcciones son de lonas y bambú, en una región del mundo extremadamente expuesta a los monzones. Y, aunque ahora ya se han mejorado un poco las condiciones del campo (al principio no había sistema de agua y saneamiento, ni escuelas, ni centros médicos, ni carreteras, y ahora sí las hay), la situación allí continúa siendo crítica. Por no decir que el 80% de la población de estos campos vive de la ayuda humanitaria y depende de los repartos de comida, es decir, no cuenta con medios propios.

En este sentido, evidentemente Bangladés entiende que la situación actual es provisional, y que se han de alcanzar soluciones definitivas. Por ello, ha propuesto algunas alternativas, aunque ninguna con éxito. Luego está, también, la cuestión del compromiso de la comunidad internacional, lo cual parece muy complicado ya que hasta ahora las únicas propuestas realzadas de acuerdo con el gobierno de Myanmar, han sido las de la repatriación.

El problema es que esta no puede llevarse a cabo sin la voluntad de los refugiados, a quiénes desde el punto de vista humanitario no se les puede obligar a volver a su país porque se estaría incumpliendo el principio de no devolución. A día de hoy, los refugiados rohingya se oponen a la repatriación a Myanmar. Además, tanto la ONU como otras organizaciones de derechos humanos han afirmado reiteradamente que las condiciones en Myanmar no son propicias para estos retornos.

 

¿Cómo ha respondido la comunidad internacional (Naciones Unidas, la Unión Europea…) ante estos crímenes? ¿Han sido encarcelados los responsables de estas atrocidades?

Se han conseguido muchas cosas gracias al trabajo de organizaciones que se han centrado en denunciar los crímenes que se estaban aconteciendo para que pudiera perseguirse a los responsables. Por un lado, aunque Myanmar no ha firmado el Estatuto de Roma, lo cual impide a la comunidad internacional perseguir a los responsables en el país, Bangladés sí lo ha hecho; y al estar las personas refugiadas en su territorio, la Corte Penal Internacional sí puede investigar los crímenes que se han cometido, y lo está haciendo. Por otro lado, además, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha creado un mecanismo de investigación de los crímenes contra la población rohingya para garantizar la no impunidad de los culpables.

Por su parte, Amnistía Internacional ha reunido numerosos datos fidedignos que implican al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, general Min Aung Hlaing, y a otras 12 personas, cuyos nombres se citan, en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la limpieza étnica a la que se sometió a la población rohingya en el norte del estado de Rajine. Además, ha documentado también crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de Myanmar contra minorías étnicas en los estados de Kachin y Shan del norte, así como ejecuciones extrajudiciales, tortura, trabajos forzados, uso de minas terrestres y bombardeos indiscriminados. Y la ONU también ha presentado demoledores informes probando que persisten las violaciones graves de derechos humanos contra los rohingya en Myanmar.

 

Y para acabar ¿se podría calificar la situación actual en Myanmar de apartheid? ¿Continua vigente actualmente?

Sí, sin lugar a dudas; de hecho, Amnistía Internacional también lo ha denunciado en numerosas ocasiones. El apartheid es un crimen contra la humanidad y limita de forma muy clara la vida de las personas, restringiendo su existencia al gueto. Supone eliminar los derechos de un grupo de personas, por ejemplo, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de culto, etc.  Todos estos derechos han sido limitados y restringidos para la población rohingya en Myanmar, a manos del Gobierno, a través de medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra índole, que impiden que esta etnia participe en la vida política social, cultural y económica del país.

 

¿Por dónde pasa la solución a este conflicto?

Desde mi punto de vista, y aunque evidentemente estamos hablando de un conflicto enquistado muy complejo, la solución pasa, por un lado, por una mayor implicación de Aung San Suu Kyi en acabar con estas atrocidades, puesto que es una persona muy escuchada entre la ciudadanía. No obstante, a pesar de su larga carrera como activista de los derechos humanos en Myanmar, tras convertirse en la lideresa de facto del gobierno civil de Myanmar en abril de 2016, su administración ha participado activamente en la comisión o perpetuación de múltiples violaciones de derechos humanos.

De hecho, Amnistía Internacional ha criticado en reiteradas ocasiones el hecho de que Aung San Suu Kyi y su gobierno no denunciaran las atrocidades de las fuerzas armadas contra la población rohingya en el estado de Rajine, que lleva años viviendo bajo un sistema de segregación y discriminación equivalente al apartheid. 

Por otro lado, la solución al conflicto pasa también necesariamente por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que obligase a Myanmar a reconocer al pueblo rohingya como ciudadanía de pleno derecho, y a parar el apartheid y los crímenes que se están cometiendo contra esta y otras etnias minoritarias en el país.

 

Entrevista realizada por Almudena Díaz Pagés, el 29 de octubre de 2019

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