Simona Levi

«Limitar la libertad de expresión sin garantías judiciales, no es la solución al discurso de odio en la Red»

 

Simona Levi es una artista multidisciplinar, estratega tecnopolítica, gestora cultural, investigadora, y docente, nacida en Italia, y afincada en Barcelona desde 1990. Es activista destacada de los movimientos sociales en el ámbito de la libre circulación del conocimiento, la cultura y la información, el uso estratégico de las herramientas digitales para la organización, la comunicación, la acción colectiva y la lucha contra la corrupción. Es impulsora de la formación de Xnet, FCForum, 15MpaRato y del Grupo Ciudadano contra la Corrupción. Además, es coautora del libro Tecnopolítica, Internet y r-evoluciones, y del libro Votar y cobrar – La impunidad como forma de gobierno y coordinadora de Cultura libre digital – Nociones básicas para defender lo que es de todxs. También es la directora del Posgrado en Derechos Civiles, Tecnopolítica y Cultura Digital de la UPF Barcelona School of Management.

Para entrar en contexto… ¿qué es Xnet y a qué os dedicáis?

Xnet es una plataforma formada por activistas que trabajan en diferentes campos relacionados con los derechos civiles y la renovación de la democracia en la era digital. Nuestras líneas de acción giran en torno a la tecnopolítica, la cultura libre, la neutralidad de la Red, la libertad de expresión e información y la lucha contra la corrupción.

También llevamos a cabo campañas de incidencia política a nivel estatal e internacional, a través de propuestas legislativas y campañas virales. Consideramos que Internet no es solo una herramienta tecnológica sino también “un momento histórico” que los ciudadanos hemos de aprovechar para ampliar los límites de la democracia.

Dices que Internet, además de ser una tecnología, es también una herramienta que nos ofrece posibilidades de incidencia a través de la “tecnopolítica”. ¿Podrías explicarnos qué es la tecnopolítica y porqué la necesitamos para empoderarnos como ciudadanos?

Internet no es solamente una herramienta tecnológica: Internet es una estructura en red que propone nuevas formas de organización no jerarquizadas, sino distribuidas. Ello supone una oportunidad única para que la sociedad civil pueda ejercer una mayor capacidad de incidencia, y por tanto, asuma más responsabilidades en la toma de decisiones políticas que se implementan.

Es decir, gracias a Internet tenemos el potencial de modificar las relaciones de poder y avanzar hacia una democracia real. Sin embargo, estas nuevas estructuras caracterizadas por la desintermediación en el acceso a la información y el conocimiento, son amenazadas día tras día por los poderes fácticos (instituciones, grandes medios de comunicación, grandes compañías…), que responden a este fenómeno reestructurando las relaciones de poder para volver a ser los intermediarios de la información.

Por tanto, si la ciudadanía quiere empoderarse y ganar terreno hacía una democracia real, debe utilizar antes de que sea tarde, las posibilidades que Internet le brinda como tecnología para incidir a través de la acción política, la comunicación y, parcialmente, la gestión política. Es decir, ha de hacer tecnopolítica.

“El ejercicio de nuestros derechos y libertades en la era digital requiere un Internet neutral y libre”. ¿De qué habláis en Xnet cuando hacéis referencia a la neutralidad en la Red?

La neutralidad en la Red es un asunto crucial en nuestra era y, sin embargo, muy poco conocido por el público general. Internet nació como una arquitectura libre y neutral en la que todos los datos que circulan se tratan por igual, es decir, no se priorizan unos datos sobre otros, de acuerdo a criterios de mercado o poder. La neutralidad de la Red implica así la no discriminación, la diversidad, la posibilidad de innovación y la libertad de acceso y distribución de información. De ahí su gran potencial para dar voz a la ciudadanía.

Sin embargo muchos gobiernos, entre los que se encuentra el de España, así como las grandes compañías de telecomunicaciones, llevan años intentando acabar con este principio para establecer nuevos modelos de negocio basados en el control y “troceo” de Internet en paquetes: según tu poder económico, podrás permitirte uno o todos los paquetes; y según lo que puedas pagar, podrás ser visto o recibido por mil personas, por un millón…o por nadie. Un modelo de Internet similar al de la televisión.

El año pasado gracias a la lucha de numerosos colectivos por la neutralidad en la Red, entre ellos Xnet, se aprobaron en la Unión Europea nuevas directrices que confirmaban una fuerte protección de la neutralidad en la Red y el Internet abierto y libre. Sin embargo, esta neutralidad vuelve a ser amenazada ahora por el Gobierno de Donald Trump que este mes de diciembre revertirá la famosa Ley de Neutralidad en la Red aprobada por Obama en 2015. Ello implicará consecuencias muy negativas para la neutralidad en Internet en Europa, ya que muchos de los servicios y proveedores utilizados en este continente tienen su origen en Estados Unidos.

Hace 2 años desde Xnet publicasteis un Decálogo para la protección de los Alertadores. ¿Podrías explicarnos qué se entiende por “alertador” y por qué es necesario protegerles?

En sociedades con un déficit democrático más o menos importante – como la nuestra – se suele producir una fuerte asimetría entre el poder del o la ciudadana corriente, frente a los poderes fácticos (instituciones, grandes medios de comunicación, grandes compañías…). Estos últimos disponen de todas las herramientas para controlarnos y acceder a la información que desean, pero también, para restringirnos la información que no quieren que se difunda. El poder de la ciudadanía frente a esto, es muy limitado.

En el caso de España -dónde hoy por hoy es evidente la existencia de clientelismo, corrupción y falta de independencia judicial- denunciar los abusos de aquellos que detentan el poder es muy complicado. Por ello es vital, primero, facilitar los espacios que permitan a las y los alertadores, compartir información de denuncia, por ejemplo, de casos de corrupción; y, segundo, que estas y estos alertadores no se sientan desprotegidos ante la ley, ni teman las consecuencias derivadas de denunciar estos crímenes.

Sin embargo, a día de hoy existe una propuesta de ley de protección de los alertadores a nivel estatal, y también en algunas autonomías, que deja mucho que desear y podría incluso incrementar la vulnerabilidad de la o el alertador. Por eso, desde Xnet hicimos este decálogo y llevamos tiempo haciendo incidencia a través de nuestra campaña Vuelve la STASI, para enmendar esta ley y caminar hacía una legislación que realmente proteja a los alertadores.

En 2016 la Comisión Europea aprobó un Código de conducta relativo a la lucha contra la incitación ilegal al odio que, entre otras medidas, establece una responsabilidad compartida con las grandes plataformas sociales a la hora de velar por un Internet libre de odio. Propuesta que Alemania, ha llevado un paso más allá y convertido en ley. ¿Qué opinas de que las empresas que gestionan las redes sociales adquieran un papel moderador de los contenidos en Internet?

Creo que es un hecho muy grave que la libertad de expresión se deje en manos de multinacionales que actúan sin mandato judicial. En primer lugar, porque les estás dando el poder para controlar la información que recibes o difundes a empresas privadas con fines de lucro. Y, en segundo lugar, porque es totalmente incoherente que se paute cuándo, cómo y bajo qué pena se sancionará por no eliminar en un tiempo estipulado un contenido señalado como “discriminatorio”; pero ni se controle ni se sancione que estas mismas empresas, básicamente utilizando algoritmos informáticos como herramienta para determinar qué contenidos se han de eliminar y cuáles no, puedan eliminar contenidos que no son discurso de odio “por error”, y no lo rectifiquen.

Un ejemplo muy sencillo, un fotoperiodista va a una manifestación neonazi y toma fotografías de personas marchando con vestimentas neonazis, véase, portadoras de esvásticas. Este fotoperiodista utiliza Instagram para difundir las imágenes tomadas en la manifestación y explicar qué es lo que ha pasado, pero como en Alemania está prohibido el enaltecimiento de la simbología nazi y en sus fotos hay esvásticas, Instagram elimina todas las fotos que este periodista comparte para explicar al mundo algo que está sucediendo, fomentando así la desinformación. Entonces ¿regulamos para que se sancione a las plataformas si no eliminan discurso de odio, pero no las regulamos ni las sancionamos si limitan el acceso a la información?

Otro ejemplo también muy ilustrativo: imagínate que cada día fuéramos denunciando o marcando aquellos sitios donde realmente se construye la narrativa de odio y discriminación, por ejemplo, en las noticias de los diarios. Imagínate que por encontrarlas tendenciosas, racistas o falsas, nosotros y nosotras las denunciásemos y sólo por ello, los periódicos tuvieran que eliminarlas. Entonces ¿nos parecería normal que se hiciera por mero trámite administrativo y no con mandato judicial? La respuesta es que no.  Es más, la ley no lo permitiría porque para algo se ha estado luchando durante siglos por la libertad de prensa. De hecho, para tumbar un artículo de un diario se ha de denunciar, ir a juicio, aportar pruebas que demuestren que es falso, tendencioso, calumnioso etc. Entonces ¿por qué nos parece bien que una empresa privada decida qué información se censura en las redes sociales y cuál no?

Para moderar los delitos que se cometan en las redes sociales se deberían emplear los cauces jurídicos ya establecidos para estos delitos a los que se hace referencia; y si se quiere acelerar el proceso, se han de mejorar estos recursos, no eliminar derechos. Porque los derechos tienen que ser iguales en todas partes, dentro y fuera de Internet.

Ya que estamos hablando de legislación sobre el discurso de odio ¿qué opinión te merece el endurecimiento de la legislación penal en España, sobre el discurso de odio en Internet?

Creo que implica dos grandes problemas.

En primer lugar, el problema de la terminología: “discurso de odio en Internet”. Absolutamente desastroso. Una herramienta de doble filo que procura más mal que bien. ¿Por qué? Primero, porque establece el problema en “el discurso” y no en el odio – que en este caso es mero atributo de “discurso”. Contra lo que se quiere luchar es contra el odio, y contra eso ya existen todo tipo de delitos tipificados. Criminalizar el discurso es, de por sí, coartar la libertad de expresión. Y, segundo, por la connotación de la coletilla “en Internet”. Es cierto que la red tiene un componente de mayor replicabilidad y difusión. Pero, por otro lado, también tiene implica que lo hace más visible y nos permite estar en igualdad de condiciones para contrarrestarlo. Entonces ¿por qué el discurso de odio producido en Internet es más perjudicial que el resultante de una conversación en un bar o del odio que generan muchos medios de comunicación? El odio ha existido siempre y, para mí, sus consecuencias en Internet son tan graves como las derivadas de la vida real.

Otro ejemplo, todos tenemos claro que no se puede entrar en una casa sin una orden judicial pero nadie se sorprende de que se cierren páginas webs por la vía administrativa. ¿Qué sucede al final? Que la doctrina judicial que opera en Internet se vuelve cada vez más represiva y, en consecuencia, esta represión se puede trasladar a otros ámbitos de la vida, creando un grave retroceso en derechos básicos conquistados con tanto esfuerzo. La democracia no es un horizonte finito, se ha de defender continuamente sino, perderemos el terreno ganado.

Y, en segundo lugar, al menos hoy por hoy, el otro problema es la tecnofobia de la izquierda. Cuando abrazan los argumentos de “limitar el discurso de odio y las noticias falsas en Internet” están contribuyendo a discriminar y criminalizar Internet. Al fin y al cabo, el monopolio de la desinformación y los mensajes de odio lo tiene, y lo ha tenido siempre, la prensa, los gobiernos y los partidos.  Sin embargo, lo que es nuevo, es el poder que ofrece Internet para hacer frente a esta propaganda. Colectivos y personas que en ningún otro contexto podrían ser escuchados encuentran en Internet la herramienta para poder hacerse oír. No obstante, si la izquierda, negligentemente apoya este discurso de “criminalización de la herramienta”, defendiendo posturas que sustentan que Internet es “peligroso”, lo único que consigue es reformar estos monopolios de la propaganda y limitar la libertad de expresión de los menos poderosos.

Entonces… ¿qué otras estrategias crees que se deberían llevar a cabo para combatir el discurso de odio y las noticias falsas en Internet?

Ser rigurosos con la defensa de los derechos. Un ejemplo: la polémica de Carmena y la policía municipal de Madrid, un caso flagrante de lo mal que lo está haciendo la izquierda a la hora de posicionarse contra el discurso de odio. ¿Por qué? Porque el problema en este caso concreto no es que el cuerpo policial comparta mensajes xenófobos en un chat privado; el problema es que las autoridades encargadas de defender los derechos y deberes de la ciudadanía tienen entre sus filas, policías xenófobos y racistas.

Lo que no se puede hacer es criminalizar por ello chats privados, porque son privados. Esto sería peor que la Ley Corcuera. El Ayuntamiento de Madrid no puede querellarse contra unos policías por algo que digan en su vida privada, esto es una barbaridad. Por lo que deben querellarse es por la defensa de alguien que ha recibido amenazas, aunque haya sido en un espacio privado. Así lo tipifica la ley. Pero para ello no se necesita de ninguna ley extra que ataque la privacidad. Tenemos que ser muy rigurosos, nos guste o no, a la hora de juzgar dónde están los límites de la libertad de expresión.

¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Pues muchas cosas. En primer lugar, mejorar el acceso a la justicia y el servicio que esta ofrece, porque el déficit está en las instituciones no en las herramientas. Si debemos intensificar las medidas contra el acoso, debemos reforzar las instituciones y no quitar garantías jurídicas. En segundo, formar a las autoridades y a los trabajadores y trabajadoras del sistema judicial y crear protocolos para que se mejore la atención que se da a las personas discriminadas por delitos de odio en Internet. El delito de odio tiene que relacionarse con el acoso, ósea la reiteración, no con el “discurso”, es decir, la libertad de expresión. Los insultos ya están tipificados y el acoso también. En tercer lugar, se ha de trabajar para agilizar los procesos judiciales…etc.

En general, las energías han de centrarse en que las vías legales ya existentes sean más eficientes y no en extender las posibilidades de criminalización de los espacios de libertad de expresión. Por último, la justicia no puede entenderse como un sistema de doble velocidad en el que las personas consideradas como “irresponsables” estemos sujetas a un mayor control a la hora de compartir información, que las instituciones y los medios de comunicación, como sí estos sí que pudieran considerarse “responsables” en su manera de informar.

¿Qué papel deberían jugar entonces las plataformas sociales?

Creo que a través de las plataformas sociales se deberían dar opciones para marcar los contenidos como falsos o discriminatorios, como ya se hace ahora. Pero solo apoyaría  retirar estos contenidos cuando los criterios establecidos para hacerlo fueran rigurosos y no estuvieran en manos de la plataforma sino de la justicia. Además, creo que no deberían contemplarse sanciones para la plataforma que, una vez probado un contenido como discriminatorio, no lo retira; si no se contemplan también sanciones para la plataforma que retira contenidos que no han sido probados como discurso de odio, y no los repone. Porque eso, al fin y al cabo, es limitar el derecho de circulación de información.

Sin embargo, donde sí creo que hay que exigir responsabilidades tal y como ya se hace con los medios, es cuando existe contenido patrocinado. Creo que las plataformas sociales deberían ser sancionadas por difundir contenidos patrocinados falsos o discriminatorios. Si el modelo de negocio de una empresa consiste en el acceso e intercambio de información, véase el caso de las plataformas sociales, y estas difunden noticias que son falsas, que incitan al odio o cualquier otro acto ilícito porque “les han pagado para hacerlo”, véanse los contenidos patrocinado; si la justicia determina que el que ha producido la noticia debe ser sancionado, el que se ha lucrado compartiéndola debería serlo también. En definitiva, creo que plataformas sociales deberían estar sujetas a las mismas normas que lo están los medios de comunicación cuando el contenido es patrocinado.

Finalmente, ¿qué alternativas a la denuncia les darías a las víctimas?

Yo siempre he defendido y defenderé a las víctimas. No obstante, si hay algo que recrimino a la izquierda, es que establezca la protección de las víctimas a través de procesos de victimización que, creo, denotan un enfoque paternalista y conservador que nos hace volver atrás en el tiempo. Atacar las herramientas, en este caso Internet, y legitimar la censura, ni repara el daño causado ni asegura que no se vuelva a repetir. Se ha de perseguir al causante del delito, no a la herramienta, y se ha de hacer por la vía judicial.

Es más, a día de hoy, creo que es evidente que la mayoría de personas que han acabado con penas sobre sus espaldas por discurso de odio en la Red, han sido activistas, raperos, titiriteros, tuiteros… y en general, personas que buscaban ejercer su derecho a la libre expresión. Al fin y al cabo, se ha de tener en cuenta que en España se pena el enaltecimiento del terrorismo, pero no el del franquismo.