Las cincuenta personas que se trasladarán a la ciudad, con un perfil de especial vulnerabilidad, ocuparán todo un equipamiento municipal de acogida, según marcan las medidas sanitarias de restricción de aforo por la COVID-19.
En el momento de la llegada, profesionales de atención social tomarán los datos básicos de las personas, realizarán una primera atención con el fin de cubrir sus necesidades básicas inmediatas, como de alimentación, hidratación y atención médica y psicológica, y harán una detección de necesidades a medio plazo.
Así se podrá evaluar el estado psicológico y emocional de estas personas, el estado social, para detectar posibles situaciones de violencia, o el estado de salud, entre otros. Además, se buscará identificar a las personas que requieran un seguimiento proactivo y especializado y, si es el caso, tramitar la solicitud de asilo.
El Consistorio se ocupará de proporcionar la infraestructura para el alojamiento y el Estado cubrirá los gastos asociados de atención social, que gestionará la entidad Accem.
Barcelona, ciudad de acogida
No es la primera vez que la ciudad se pone a disposición del Estado para colaborar en la acogida de personas migradas. En el mes de septiembre, después de que un incendio destruyera el campamento de personas refugiadas de Moria, en Grecia, se ofreció un equipamiento municipal para reubicar a 55 personas.