Gràcies a la nova llei estatal de contractes del sector públic 9/2017, que entrarà en vigor a partir del 8 de març, es posa en marxa un nou marc legislatiu en què la contractació pública deixa de banda el criteri de l’oferta econòmicament més avantatjosa i fa prevaler criteris socials de forma transversal i obligatòria en la contractació.
La aplicación de la nueva ley estatal representará un cambio importante en la gestión y la tramitación de los contratos de las administraciones públicas. A partir de ahora, se reclamará a las empresas licitadoras el cumplimiento de requisitos concretos sobre igualdad de género, condiciones laborales justas, consumo de comercio justo o eficiencia energética.
Oportunidades para la ESS
Con el nuevo marco se configura un sistema que propicia un modelo económico más eficiente y responsable, implicado con el territorio y la innovación, pero, sobre todo, con empresas que ponen a las personas en el centro, se rigen por criterios democráticos, reinvierten ganancias, apuestan por la creación y el mantenimiento del
empleo estable y de calidad y brindan oportunidades a colectivos en riesgo de exclusión.
La ley también pretende garantizar la máxima transparencia en la tramitación de contratos y una participación igualitaria de los diferentes operadores económicos.
Actualmente, la contratación pública representa el 20 % del PIB estatal, y con la nueva ley se prevé incrementar la participación de las empresas y entidades de la Economía Social y Solidaria.
En Barcelona
A principios del 2017, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el decreto que fijaba los nuevos criterios sociales y laborales para garantizar una contratación pública sostenible en Barcelona. Desde entonces, la contratación pública sostenible se aplica a todos los tipos de contratos e incluye medidas sociales, ambientales y de innovación.