BCN Ciutat Digital

Gobierno digital de Barcelona: abierto, ágil y participativo

Hoy presentamos una nueva medida de Gobierno que establece el Programa de digitalización ágil del Ayuntamiento de Barcelona. Dicho Programa comenzó en septiembre de 2016 y define el proceso de cambio profundo y progresivo de la forma en la que la ciudad ofrecerá sus servicios digitales a la ciudadanía en los próximos años.

 

Esta medida está basada en el Plan Barcelona Ciudad Digital aprobado el pasado mes de octubre y la nueva ley española 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que en el año 2020 los canales digitales deben ser prioritarios a la hora de proveer los servicios públicos. Este Plan también toma en consideración las directivas europeas actuales, tales como el Plan de Acción de Administración electrónica 2016-2020 de la UE y el nuevo Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD), al que debe adaptarse y debe cumplir toda administración pública a partir de marzo de 2018.

 

La medida es extremadamente pionera y posiciona a Barcelona como un referente en innovación ágil, ética, abierta y responsable. Sigue una nueva directriz basada en poner al ciudadano primero, establece el uso de métodos ágiles para proyectos TIC y propone una orientación enfocada a la soberanía tecnológica, generando nuevos perfiles y capacidades digitales en el Ayuntamiento y promoviendo como base tecnológica su desarrollo, fundamentalmente en software libre y arquitecturas basadas en estándares abiertos. También se desarrolla de acuerdo con una estrategia de datos ética que pone la privacidad, la transparencia y los derechos digitales de los ciudadanos en el centro.

 

Esta medida ha sido desarrollada implicando a distintos departamentos de toda la organización y ha tenido en cuenta también las aportaciones del rico sector TIC de la ciudad, con quien se han llevado a cabo una serie de talleres de co-reflexión y co-creación que nos han permitido conocer su punto de vista.

 

Es precisamente la aportación del sector la que nos lleva a plantear en esta medida cambios orientados a la mejora de la compra pública de tecnología, para hacerla más abierta, ética y transparente.

 

Se trata, en efecto, de un cambio tecnológico, pero también de un cambio en la forma en la que se diseñan los servicios públicos; un cambio de cultura y de planteamiento de los procesos internos de la organización.

 

Barcelona se alinea con otras experiencias de referencia a nivel europeo y global. La singularidad y relevancia de la medida se debe a que la mayoría de las estrategias de transformación digital, como la iniciada por el Government Digital Service del Reino Unido o el Gobierno de Australia, tuvieron lugar a nivel estatal, mientras que Barcelona es una de las primeras ciudades en el mundo en presentar un marco completo con esa orientación política a nivel municipal.

 

Por tratarse de una administración local, y por lo tanto la más próxima al ciudadano, consideramos relevante impulsar nuevas formas de relación y participación de los diferentes colectivos de la ciudad en los asuntos públicos.

 

La ejecución de la medida se materializa a través de seis guías que definen la dirección y las normas que deben ser seguidas e implementadas por el Ayuntamiento, en particular en materia de contratación pública de tecnología, exigiendo la implicación de los funcionarios administrativos.

 

Por otra parte,  indicar que esta medida tiene una orientación práctica: se presentan los 20 proyectos emblemáticos mediante los cuales se empiezan a alcanzar estos objetivos e implantar las nuevas prácticas. Entre los más importantes para los ciudadanos podemos destacar el nuevo portal de atención ciudadana, los servicios en el móvil para la ciudadanía, el cuadro de mando sobre la ciudad abierto a los ciudadanos, el portal de compra tecnológica, el portal de democracia digital decidim.barcelona y el nuevo servicio de identidad digital.

 

Fundamentamos nuestra política en el hecho de que es necesaria una soberanía tecnológica, basada en el software, los formatos y los datos abiertos, que son técnicamente viables, económicamente sostenibles y socialmente justos. Todo ello se refleja en unos beneficios concretos en la administración local, tales como:

 

  1. Fin de la oligarquía de los proveedores tecnológicos y se evitan los bloqueos con proveedores de soluciones propietarias. La creación de un marketplace digital para pequeños proveedores genera muchas posibilidades en un país donde el 90% de las empresas son pequeñas y medianas. Barcelona tiene un sector tecnológico en crecimiento de alrededor de 13,000 empresas que han incrementado un 26,3% su empleo. Esta medida nos permitirá incluir a las pymes en el proceso de contratación pública, generando un círculo virtuoso donde cualquier pyme, cooperativa y autónomo podrá ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones.
  2. Revisión de los marcos contractuales para garantizar la soberanía tecnológica y de datos. Ello supone tener acceso a la información y al know-how generados en el desarrollo de servicios públicos.
  3. Creación de nuevas capacidades críticas en el sector público para recuperar el control de los servicios digitales: mediante la internalización del personal y un programa de creación de competencias internas para impulsar la transformación. El IMI incorporará en este mandato 64 nuevas plazas de técnicos informáticos (superiores y medios), a través de dos bolsas de trabajo y se encuentra en estos momentos en un proceso de reorganización y relevo generacional profundo.
  4. Aumento de la eficiencia en términos de rendimiento y costes con el compromiso de que el 70% de la inversión en nuevos desarrollos de software se hará con código abierto. De esta manera se eliminan muchos gastos en licencias de uso y se recortan otros costes. Con la libertad de elegir proveedor sin restricciones se puede potenciar la reinversión del dinero público en el territorio favoreciendo el tejido productivo local
  5. Mejora de las redes de colaboración entre ciudades y administraciones públicas que pueden reutilizar las soluciones desarrolladas con licencia abierta y estándares abiertos. Por ejemplo, Barcelona se compromete a compartir en este mandato un mínimo de diez soluciones de código abierto con otros municipios catalanes.
  6. Mejora del acceso a datos de la Administración y garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se potenciará la apertura por defecto de los datos de la ciudad a través del renovado portal de Open Data. Todo ello garantizando que la seguridad, la privacidad y los derechos digitales de los ciudadanos quedan asegurados, tal como marca la nueva normativa de protección de datos de la UE que entrará en vigor en marzo de 2018. Nos dotaremos, además, de un código ético ambicioso en este campo.

 

La transformación digital y la innovación no son el destino ni el punto de llegada, sino un proceso continuo, con el objetivo de transformar el Ayuntamiento para que sea más receptivo ante las necesidades de la ciudadanía y más abierto, colaborativo y transparente. Queremos que la revolución tecnológica que estamos viviendo esté al servicio del bien común y no solo sea para el beneficio de unos pocos. Y a todo ello aspira a contribuir esta medida.

 

Francesca Bria