Las armas nucleares se usaron por primera vez en Hiroshima y Nagasaki, provocando la muerte de más de 200.000 personas y destruyendo las dos ciudades japonesas. Ahora, 75 años más tarde, estas armas de destrucción masiva han pasado a estar prohibidas. El 22 de enero de 2021, entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) de las Naciones Unidas, después de ser ratificado por 50 países — el número mínimo necesario para que un tratado se implante.
El tratado obliga a los estados que lo ratifiquen a no desarrollar, ensayar, producir, fabricar o adquirir, poseer, almacenar, alojar, amenazar con utilizar, o utilizar estas armas bajo ninguna circunstancia. Añade que aquellos que posean armas nucleares tienen que desactivarlas y destruirlas lo antes posible. Y, por último, los obliga a pagar reparaciones a las víctimas y los estados afectados por su uso, y a restaurar los ecosistemas dañados.
Relevancia del tratado
Este tratado es especialmente relevante porque representa el primer instrumento multilateral jurídicamente vinculante para el desarme nuclear, es decir, la primera vez que las armas nucleares están oficialmente prohibidas por ley.
Anteriormente, en 1968, se aprobó el Tratado de No Proliferación Nuclear con el objetivo de reducir el uso de estas armas asó como los riesgos y amenazas que estas comportaban. Sin embargo, el tratado no impuso una prohibición general para usar o poseer armas nucleares a todas las partes. Otorgó privilegios a los cinco países que habían hecho ensayos con este tipo de armas antes de su aprobación, a quienes permitió seguir desarrollando y teniendo dichas armas: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia (en aquel momento Unión Soviética), Francia, y China. Eso explica el gran número de armas todavía existentes, que según un informe del instituto Internacional de Estudios por la Paz de Estocolmo (SIPRI), a inicios de 2020 se elevaba a 13.400 armas nucleares repartidas entre estas cinco potencias además de India, Pakistán, Israel, y Corea del Norte.
En este sentido, la importancia de este nuevo tratado radica en la presión moral que pone a las potencias mundiales que no se adhieran a él o que no lo respeten. A nivel práctico, si un estado no se une al tratado, la ley no se le aplicará, y es poco probable que las potencias nucleares mencionadas anteriormente lo hagan — hay que destacar que todas ellas intentaron boicotear las negociaciones del tratado y que la OTAN se ha mostrado contraria al TPAN en diversas ocasiones.
Sin embargo, para Toni Soler, presidente de FundiPau, el tratado “es un primer paso imprescindible e importantísimo para conseguir la eliminación total de estas armas de destrucción masiva que amenazan la supervivencia de la humanidad y del planeta”. FundiPau es una organización catalana que forma parte de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), una coalición de organizaciones no gubernamentales de 100 países que promueven la adhesión y la implementación del tratado de prohibición de las armas nucleares de las Naciones Unidas — y que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2017.
El Centre Delàs de Estudios por la Paz, que también forma parte del ICAN, ve el tratado como “un hito en la lucha por la paz y el desarme” que servirá para “poner más presión y estigmatizar a los que confían en estas armas de destrucción masiva como manera de hacer política y proyectar poder”. Para Verity Coyle, asesora general de Amnistía Internacional sobre transferencias de material militar, de seguridad y policial, el tratado “subsana una enorme carencia del derecho internacional” y pide voluntad política para hacerlo efectivo: “Poner fin a la amenaza de las armas nucleares es una responsabilidad que todos los gobiernos deben asumir de acuerdo con su obligación de garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.”.
¿Qué tienen que ver las armas nucleares con los derechos humanos?
“La explosión de una sola arma nuclear provocaría una emergencia humanitaria de alcance incalculable, con la muerte de centenares de miles de personas y miles más heridas que quedarían desatendidas, además de la destrucción del entorno con efectos que perdurarían durante décadas” explica Soler. En otras palabras, las armas nucleares son incompatibles con uno de los derechos humanos más básicos: el derecho a la vida.
Así lo afirmó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2018, estableciendo que la amenaza o el uso de armas nucleares es incompatible con el derecho a la vida y puede constituir un delito según el derecho internacional.
El papel clave de la sociedad civil
Para alcanzar este tratado, calificado por mucha gente como hito histórico, ha sido decisivo el trabajo de la sociedad civil, organizada en torno a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. Creada en 2007, sus fundadoras e integrantes han trabajado para hacer incidencia y construir un apoyo público globalizado hacia la abolición de las armas nucleares; remodelando el debate sobre las armas nucleares y generando impulso hacia su eliminación.
En España, esta campaña ha estado (y sigue estando) impulsada, entre otros, por la Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz, FundiPau, el Centre Delàs d’Estudis para la Pau y Mundo sin Guerras y sin Violencia (MSG).
Desde FundiPau, ven la entrada en vigor del tratado como “una muestra más de la capacidad y la tenacidad de la sociedad civil para transformar el mundo”. Y trasladan un mensaje claro a la clase política: “Ahora hay que trabajar para conseguir el apoyo del mayor número posible de países al Tratado, entre ellos el Estado español”. Una demanda al Gobierno español que también comparte el Centro Delàs, que ve la ratificación del tratado como “la única posición política y moralmente aceptable con respecto a una especie de armamento capaz de provocar una catástrofe humanitaria y climática sin precedentes”.
¿Qué dice el Estado español?
España, como otros países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), no ha ratificado ni dado apoyo al tratado. En repetidas ocasiones, la OTAN se ha mostrado contraria al TPAN, alegando que este «ignora» las amenazas sobre la seguridad del planeta. En palabras de su secretario general, Jens Stoltenberg, “renunciar a nuestra disuasión sin ninguna garantía que los otros hagan lo mismo, es una opción peligrosa”.
El tratado lo tienen que ratificar los estados, pero hay muchos municipios que también están ejerciendo un papel importante en la defensa de la paz y el desarme nuclear, como mínimo simbólicamente y para hacer presión a los gobiernos estatales.
Mayors for Peace, organización internacional formada por alcaldías que trabajan por la paz y el desarme, agrupa a más de 8.000 ciudades de 165 países mundiales, entre las cuales hay más de 200 municipios catalanes. En el 2014 se creó la Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz de Cataluña para coordinar de manera eficiente todas las actividades de la red internacional.
¿Y la ciudad de Barcelona?
El Ayuntamiento de Barcelona ha realizado diversas acciones de apoyo a la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares. La última fue una declaración institucional como ciudad, en febrero de 2020, donde se exige a los estados del mundo que se comprometan de una manera clara y precisa con el desarme nuclear y donde se insta el Gobierno del Estado español a firmar y ratificar el tratado aprobado por la ONU.