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Los derechos de las mujeres: el marco legal a escala internacional

No discriminación. Este es el segundo de los tres artículos que repasan la evolución y la consolidación de marcos legales y sociales para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer.

El éxito de las últimas manifestaciones del Día Internacional de las Mujeres ha hecho que se hable, quizás más que nunca, de los derechos de las mujeres. Ahora bien, eso no ha comportado necesariamente más conocimiento y difusión del ámbito legal.

Parece que se trate de los derechos como si fueran condiciones innatas y no normas escritas en tratados que los estados tienen la obligación de aplicar.  En el 2019, por ejemplo, debería celebrarse con mayor énfasis el cuadragésimo aniversario de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés), uno de los grandes hitos legales con respecto a los derechos de las mujeres.

Desde esta perspectiva, continuamos con la serie de tres artículos que tratan de los derechos de las mujeres. Esta segunda parte repasa, precisamente, el marco legal a escala del derecho internacional y las leyes del Estado español y de Cataluña.

Puedes recuperar aquí el primer artículo de la serie, dedicado a los movimientos y las conferencias internacionales.

II. EL MARCO DE DERECHOS

ANTES DE LA CEDAW

De hecho, desde la Declaración universal de los derechos humanos, en 1948, hasta la CEDAW, en 1979, las referencias a los derechos de las mujeres son escasas. Los dos grandes pactos anteriores a esta convención (el PIDESC y el PIDCP) coinciden en la prohibición de la discriminación por razón de sexo y en exigir el trato igual entre hombres y mujeres, y poco más.

Además de eso, en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (PIDCP), de 1966, solo se incluyen medidas como prohibir la pena de muerte a las mujeres embarazadas y exigir el consentimiento de la mujer al matrimonio; y en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), de 1966, se reconoce la igualdad de condiciones de trabajo y salario para las mujeres y los hombres.

Esta escasa referencia a los derechos de las mujeres antes de la CEDAW no ha impedido que los órganos de control hacia los estados del PIDESC y del PIDCP hayan pedido rendir cuentas en clave de género.  El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los que los estados firmantes de los pactos están obligados a reportar su avance, han utilizado los artículos generales sobre igualdad y no discriminación para reconocer los derechos de las mujeres. Algunos ejemplos son los siguientes:

Derecho a la vida: exigen a los estados información sobre mortalidad de mujeres en el embarazo o el parto o tasas desagregadas de mortalidad infantil.
Prohibición de la tortura o los tratos crueles o inhumanos: exigen a los estados información sobre la violencia sexista y las violaciones.
Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado: exigen a los estados medidas para erradicar el tráfico de mujeres y niñas y la prostitución forzada.

Además, hay tratados en los que se reconocen derechos específicos de las mujeres, como la Convención sobre el derecho político de la mujer, de 1952, modesta pero importante. Se reconocen algunos derechos, como el derecho al voto en igualdad de condiciones, la elegibilidad de las mujeres en cargos públicos en igualdad de condiciones y el derecho a ocuparlos.

También encontramos la Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada, de 1957. Es una norma que, si bien por el título puede parecer discriminatoria para las mujeres solteras, en realidad pone el foco en la protección legal ante la pérdida de nacionalidad de las mujeres casadas en el caso de matrimonios con alguien de otro país; a menudo el estatuto jurídico de las mujeres ha sido vinculado al matrimonio, lo que hace que dependan de la nacionalidad del cónyuge y no se consideren como personas que tienen un derecho propio.

LA CEDAW Y OTROS MECANISMOS INTERNACIONALES

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, es, pues, uno de los grandes hitos en los derechos de las mujeres después de más de treinta años de trabajo de la Comisión del Estado de las Mujeres, desde 1946.

Se trata de un ambicioso intento de abrazar, ampliamente, todas las áreas de discriminación contra las mujeres. A partir del trabajo de la CEDAW, se amplía la base del marco legal para el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Tal como indica el artículo 1, se considera discriminación “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio para la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

La CEDAW implica, para los estados que la firman, aprobar leyes para eliminar la discriminación contra las mujeres y tomar medidas para ayudar a alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres. Además, solicita que se cambien las leyes, o partes de estas, que contengan prácticas discriminatorias o que se redacten otras nuevas.

Finalmente, también supone que se cambien las prácticas y las creencias que promueven la existencia de la discriminación. Hay que hacer notar que, aunque esta convención ha sido ratificada por 188 estados (que no incluyen la Santa Sede, Irán, Somalia, Sudán del Sur y Tinga, por ejemplo), más de 50 han puesto reservas a aplicarla totalmente.

Un resumen de los derechos de las mujeres previstos por la CEDAW ayuda a ver su alcance:

1. No discriminación, entendiendo por discriminación “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo […] en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
2. Adaptación de medidas políticas, legales y prácticas por parte de los estados para que se cumplan.
3. Garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
4. Adopción de medidas especiales o acciones positivas para acelerar la igualdad en curso.
5. Trabajo contra las funciones estereotipadas y los prejuicios.
6. Erradicación del tráfico de mujeres y de la explotación por prostitución.
7. Participación en la vida política y pública, posibilidad de elegir y ser elegidas, participar en las políticas públicas y ocupar cargos.
8. Representación en los gobiernos.
9. Adquisición o conservación de nacionalidad, y transmisión de la nacionalidad a los hijos.
10. Derecho a la educación rural y urbana, con programas de estudio y capacitación, becas y subvenciones.
11. Elección de profesión, formación profesional, trabajo estable y condiciones laborales adecuadas, con igual salario que los hombres.
12. Acceso a servicios médicos y de planificación familiar, servicios adecuados de embarazo, parto y posparto, nutrición adecuada, embarazo y lactancia.
13. Prestaciones económicas y sociales (derechos civiles): firmar contratos y administrar, tener igual trato en el sistema judicial, obtener préstamos bancarios e hipotecas.
14. Con respecto a las mujeres que viven en el campo, derecho a participar en planes de desarrollo rural, a beneficiarse de programas de seguridad social, a participar en actividades comunales (crédito, comercialización, acceso a tierras).
15. Igualdad ante la ley.
16. Libre derecho a la elección de matrimonio, número de hijos y tiempo entre embarazos y a escoger apellido, profesión y ocupación.

Además, en 1999 se redactó el llamado Protocolo facultativo de la CEDAW al constatarse que, aunque existiera un comité de evaluación de su cumplimiento, no existía ningún mecanismo de denuncia para las víctimas. Este protocolo permite presentar, por una parte, demandas individuales por violaciones de los derechos reconocidos en la convención, y por la otra, investigar situaciones de violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres.

Hay que añadir que las Naciones Unidas también tienen un mecanismo independiente que, periódicamente, recoge información sobre la violencia contra las mujeres, y emite recomendaciones a escala regional, nacional e internacional, para trabajar para eliminar la violencia contra las mujeres: la relatora especial sobre la violencia contra la mujer.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL ESTADO ESPAÑOL Y EN CATALUÑA

En el Estado español, uno de los esfuerzos más amplios para legislar contra la violencia sexista es la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, del 2004. Es una ley integral que recoge la prevención y la educación, y los aspectos sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas. Además apela a la implicación de las administraciones públicas más próximas para resolver las problemáticas (principio de subsidiariedad).

Posteriormente, otras leyes abordan distintos temas, como la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, del 2007, que trabaja para la prevención de las conductas discriminatorias en varios ámbitos del ordenamiento de la realidad social. Y también la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, del 2010, que trabaja en medidas sanitarias y educativas.

En Cataluña es destacable la Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, del 2008, que tiene como particularidad el reconocimiento del papel histórico y pionero de los movimientos feministas, teniendo en cuenta sus saberes y las herramientas de análisis y de intervención que han desarrollado. Se trata de vincularlo al reconocimiento social y jurídico de los movimientos de mujeres. Por otra parte, la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, del 2015, está fuertemente marcada por la Carta europea para la igualdad de mujeres y hombres.

También debe mencionarse que el Estatuto de autonomía de Cataluña, del 2006, además de declarar la responsabilidad de los poderes públicos al promover la equidad de género, se compromete a “velar por que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular con respecto al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual”.

Contenido elaborado por el Centro de Recursos en Derechos Humanos

 

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