Hace años que entidades y académicos piden la aplicación de una renta básica para reducir las desigualdades.
La defensa de una renta básica universal (RBU) como medida para paliar las desigualdades sociales siempre ha sido un asunto sujeto a controversia. Con la Covid-19, sin embargo, numerosos colectivos sociales y entidades de la economía social y solidaria han reanudado el debate de la renta básica, en un momento en el que ha sido necesario desplegar el ingreso vital mínimo para atenuar el golpe económico que muchas familias, también en la ciudad de Barcelona, están soportando por la crisis derivada de la situación sanitaria.
En el 2019, el Ayuntamiento de Barcelona escogió la renta básica como uno de los compromisos con el Pilar Social Europeo, juntamente con el derecho a la vivienda. La RBU también forma parte de una de las medidas de debate del Acuerdo Ciudadano para una Barcelona inclusiva, red en la cual participan más de 600 entidades de la ciudad.
El 25 de septiembre, se inició una campaña europea, vehiculada a través de la Iniciativa Ciudadana Europea, para recoger un millón de firmas en 7 países europeos, con el objetivo de debatir en las instituciones comunitarias la posibilidad de adoptar rentas básicas universales en todos los países de la Unión Europea. El 10 de octubre, la campaña ya había alcanzado 31.000 firmas. Según Eurostat, el 17% de la población europea está en riesgo de pobreza.
El pasado mes de mayo, el canal internacional BBC publicaba que España estaba aplicando una renta básica para hacer frente al impacto de la crisis. Pero se equivocaba. El Ingreso Vital Mínimo que desplegó el Estado español para las familias y las personas más vulnerables se queda lejos de la idea de renta básica, y algunos expertos, como el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona Daniel Raventós, aseguran que es un ingreso “para la extrema pobreza”.
La Renta Básica Universal, concepto acuñado por el filósofo Philippe van Parijs, se define como un ingreso por parte del Estado que tiene derecho a percibir cualquier ciudadano de forma individual, independientemente de sus condiciones laborales y sociales, aunque a la medida lo acompañaría un impuesto a los productos de lujo. Los menores de 18 años obtendrían el 20% de la RBU. Los defensores de esta medida esgrimen que con la RBU se avanzaría en la reducción de la desigualdad, se garantizaría cierto nivel de vida de toda la población, las trabajadoras tendrían mejores condiciones para poder negociar contratos de trabajo y garantizar su derecho laboral, y se reduciría la economía sumergida.
Como contrapartida, sus detractores aseguran que esta medida reduciría la mano de obra y aumentaría la inflación. Los últimos años, la idea de la Renta Básica ha ganado popularidad, especialmente desde que la sede de los gigantes tecnológicos, Silicon Valley, se pronunció a favor de la medida ante la futura automatización del trabajo. La renta básica universal ya ha sido experimentada en países como Canadá o Finlandia.
El año 2017, el Ayuntamiento de Barcelona hizo una prueba piloto sobre la renta básica, el proyecto B-Mincome, cofinanciado por la Unión Europea. El proyecto, que tenía una duración de dos años, se basaba en dar diversas modalidades de ayudas a mil familias vulnerables de 10 barrios del Besòs. De estas familias, 370 de ellas recibían una renta sin restar dinero de otros ingresos. Entre los resultados, destacaba la mejora del bienestar de los participantes y la reducción de enfermedades como la depresión y la ansiedad.
En el Estado español son muchos los colectivos que llevan tiempo pidiendo la aplicación de una RBU. Desde entidades por la justicia global, hasta organizaciones específicas de personas con discapacidad y con problemas de salud mental, situaciones en las cuales la situación de indefensión se ve agravada por el estado mental, y a la inversa. Colectivos de trabajadores precarizados, como los riders o las trabajadoras del hogar y los cuidados, tendrían, con la RBU, una oportunidad de mejorar sus condiciones actuales.
Según Idescat, en Cataluña un 19,5% de la población se encuentra en el umbral de la pobreza. Datos de la EPA apuntan que en Cataluña había un 12,8% de paro en el segundo trimestre del año 2020. Actualmente, no es posible calcular numéricamente el impacto que tendrá la crisis derivada de la Covid-19, pero servicios como Cáritas, los bancos de alimentos y redes de apoyo están desbordados. En la ciudad de Barcelona hay más de 4.200 personas sin hogar, según Arrels Fundació.
El estudio RBU: Análisis de una propuesta disruptiva de innovación, encargado el año 2019 por la Generalitat de Catalunya, señala que la RBU se podría financiar con un aumento del IRPF, aparte de suponer la eliminación de otros tipos de ayudas. Actualmente, en Cataluña la medida más parecida a la Renta Básica Universal es la Renta Mínima Garantizada aprobada por el Parlamento, que pueden solicitar aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza. Desde abril de 2020, la RMG se sitúa en los 664 euros en el mes, que es la propuesta para una posible futura RBU.