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Sin piso por tener una discapacidad

Derechos humanos. Discriminación en el derecho a la vivienda

La discriminación en el derecho a la vivienda es una denuncia cada vez más frecuente de las personas con discapacidad, que a menudo afrontan listas de espera de diez años.

No es la primera vez que se habla de las dificultades que encuentran muchas personas con discapacidad para encontrar una vivienda. La falta de adaptación de las entradas de los inmuebles y de los pisos suelen estar entre las reivindicaciones más frecuentes. El mes de julio, el activista Xavi Dua declaraba en BTV “desde hace meses busco un piso donde poder vivir y donde poder moverme con la silla de ruedas. Después de presentar todos los papeles y cumpliendo los requisitos para poder alquilarlo la respuesta siempre es un ‘no’”.

Actualmente, a la dificultad por acceder al mercado de vivienda, se le suma el hecho de que únicamente un 3% de la vivienda de protección oficial está reservada para personas con discapacidad física y, según la entidad ECOM, “no existen ayudas específicas para adquisición de vivienda para personas con discapacidad. Simplemente se puede acceder a las ayudas por adquisición de viviendas para la población general”.

El artículo 9 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, estipula “a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir independientemente y participar en todos los aspectos de la vida, los estados tienen que adoptar medidas para asegurar el acceso en igualdad de condiciones en el entorno físico”, del cual forman parte edificios e interiores de viviendas. En el artículo 28, también se destaca la necesidad de garantizar un nivel de vida y protección adecuados, que pasan, en parte, por acceder a la vivienda pública.

La guía para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) y la Federación ECOM, insta a la ciudadanía a denunciar las discriminaciones y las vulneraciones de derechos por motivos de discapacidad, haciendo una recopilación de conceptos y recursos para facilitar la denuncia. En el Informe de la discriminación del año 2019, el Observatorio de las discriminaciones recogió un 11,3% de discriminación por motivos de discapacidad.

A pesar de ser las más conocidas, las trabas para acceder a pisos no acaban en las personas con discapacidad física. La Asociación Dincat, que reúne a 400.000 personas y 300 entidades en defensa de las personas con discapacidad intelectual, denuncia que hay personas que llevan una década esperando una vivienda. Según datos de la Generalitat, hay 3.250 personas con discapacidad en Cataluña para acceder a una vivienda. En este sentido, para Dincat “el sistema actual de acceso a la vivienda está muy lejos de garantizar este derecho. El sistema de asignación de plazas que van quedando vacantes o que se van creando cada año, y la falta de información sobre los criterios que se siguen para adjudicarlas, causa una gran incertidumbre a las familias del colectivo”.

La organización de personas con discapacidad intelectual considera que “una de las grandes problemáticas es que, a menudo, a la persona se le asigna una plaza cuando ya es demasiado tarde, es decir, cuando se queda sin familia que lo pueda atender. En este momento, con carácter de urgencia, la administración asigna una plaza que puede quedar en cualquier lugar de Cataluña, desarraigando a la persona de su entorno habitual”. Por otra parte, el colectivo reclama que “se defina y dé a conocer con transparencia el plan de acción en torno a la saturación de los servicios residenciales, y se establezca un procedimiento claro para que las familias cuenten con una previsión de la fecha y ubicación de la plaza asignable”.

En estos momentos, únicamente un 1,5% del parque de vivienda pública social de alquiler está destinado a las personas con discapacidad, “muy lejos de la media europea, que se encuentra en torno al 15%” apunta Dincat, quién remarca que no hay un porcentaje de vivienda de protección oficial destinada a personas con discapacidad intelectual, como sí que se hace con las personas con movilidad reducida.

Un debate el próximo 9 de diciembre, organizado en el marco del Cicle Parlem de Drets del Centro de Recursos en Derechos Humanos, reunirá a la Federación ECOM y Dincat para profundizar en la discriminación en la vivienda que sufren las personas con discapacidad, y abordar la forma de trabajar conjuntamente con las administraciones para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna en igualdad de condiciones.