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¿Y yo puedo votar?

Derechos. Votar parece un acto fácil y extendido, pero es un derecho que ha sido, y es, negado a muchos vecinos y vecinas de Barcelona. Repasamos los colectivos y las dificultades que afrontan para poder poner una papeleta en las urnas.

El 30 de enero pasado se acababa el plazo para que los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea se inscribieran en el censo electoral para las elecciones municipales y europeas del 26 de mayo de 2019. El plazo para los extracomunitarios con convenios de reciprocidad (es decir, que tanto España como su país de origen permiten a sus ciudadanos votar en determinadas elecciones de ambos países) se había acabado 15 días antes.

 

Si no se ha inscrito en un censo específico, se sumará a las personas residentes en la ciudad que no podrán votar: extranjeros procedentes de países sin convenio de reciprocidad, que son la mayoría de los países del mundo.

¿Cuándo habrá sufragio universal?

Desde diferentes entidades de toda Barcelona, Cataluña y España, se están llevando a cabo acciones para intentar conseguir el sufragio universal real. Una de estas iniciativas es la campaña impulsada por SOS Racismo Voto x Tothom, que reivindica el derecho de voto de las personas extranjeras como un valor imprescindible para tener una democracia real y una sociedad justa e igualitaria.

El Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona, un órgano de participación ciudadana formado por más de 40 entidades y asociaciones de colectivos inmigrantes, presentó una instancia en 2016 para el reconocimiento de la plena ciudadanía en términos de voto. La instancia expone que «la falta de un sufragio universal real, que incluya a todos los miembros de la comunidad sociopolítica, representa un grave déficit democrático. Nuestro sistema normativo no garantiza a los residentes extranjeros sus derechos de participación política».

La instancia reclamaba a las Cortes y al Gobierno del Estado la modificación del artículo 13.2 de la Constitución española «para permitir el sufragio activo y pasivo de todas las personas extranjeras en todos los comicios electorales y para suprimir la exigencia de reciprocidad en el reconocimiento de los derechos de sufragio de las personas residentes extranjeras».

La falta de un sufragio universal real, que incluya a todos los miembros de la comunidad sociopolítica, representa un grave déficit democrático

Nos habla de este consejo y su instancia Ana Lucía Olivos, politóloga, de origen peruano y vecina de Barcelona desde hace 25 años. Actualmente es miembro del Consejo Asesor Europeo sobre Migraciones y Refugio en la Agenda Urbana de la Unión Europea y trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona en temas de migración a través de un convenio de colaboración con la Open Society Foundations. «Estereotípicamente peruana», como se autodefine a menudo, es proactiva, profesional, directa y próxima.

Ana Lucía forma parte del proyecto Mi ciudad, mi voto, campaña del Ayuntamiento de Barcelona para informar sobre la inscripción en el censo electoral de las personas comunitarias y de las extracomunitarias procedentes de países con los cuales hay un convenio de reciprocidad. Actualmente, y según datos del consistorio, el número potencial de personas extranjeras que tienen derecho de voto en las próximas elecciones municipales, de acuerdo con la normativa, es de aproximadamente 105.000 personas. En las últimas elecciones municipales de 2015 solo 20.300 personas se registraron en el censo, paso previo obligatorio para poder ejercer el derecho a voto.

«¿Qué pasa con una persona de Ecuador que lleva cinco años aquí, no ha iniciado los trámites de nacionalización y quiere votar en las municipales? Se tiene que inscribir en el censo electoral, un trámite que es automático para cualquier persona nacionalizada; tiene que estar inscrita en el padrón municipal; a partir de este año tienen que pedir un certificado de residencia a la policía, con cita previa», nos explica Ana Lucía. El certificado se tiene que pedir en la oficina de paseo de Sant Joan, donde se generan colas cada madrugada, ya que solo atienden cada día a las primeras 100 personas en llegar.

Según la normativa estatal, unas 105.000 personas extranjeras que viven en Barcelona tienen derecho a voto. Para ejercerlo, tienen que hacer varios trámites para poder inscribirse en un censo electoral

Durante cuatro meses, la campaña «Mi ciudad, mi voto» ha informado sobre la inscripción en el censo electoral a través de las redes sociales y de visitas presenciales a puntos y agentes claves: consulados, asociaciones, colegios o comercios de las comunidades implicadas.

«En las elecciones anteriores, se detectó que había baja participación porque la gente no conocía el paso previo de inscripción en el censo electoral. Para las personas “normativas”, el censo es automático. La obligatoriedad de inscribirse en el censo es racismo institucional hacia un colectivo que trabaja y paga sus impuestos como el resto, y de aquí la necesidad de campañas como “Mi ciudad, mi voto», sentencia Olivos.

Y estas comunidades no son las más menospreciadas, porque hay quien de momento nunca podrá votar, al menos hasta que no empiece el trámite para conseguir la nacionalidad. «Las personas venezolanas, hondureñas, brasileñas, uruguayas, senegalesas, marroquíes… no tienen convenio de reciprocidad. Y de toda Asia, solo hay convenio con Corea», afirma la politóloga.

Según datos del Ayuntamiento, en enero de 2018 había 91.662 personas comunitarias en la ciudad, un 30,4 % del total de personas extranjeras. De este total, 83.842 eran mayores de edad y 15.095 se apuntaron al censo electoral, es decir, solo el 18 % del total. Las personas no comunitarias en la ciudad son 209.964, es decir, el 69,6 % de las personas extranjeras restante. De estas, 41.500 eran personas adultas extracomunitarias con convenio de reciprocidad, y solo 7.452 se censaron para votar (un 21 %).

Las personas con discapacidad intelectual recuperan el derecho a voto

El 17 de octubre de 2018, el Congreso reconoció el derecho a voto de 100.000 personas con discapacidad intelectual. Hablamos de ello con Xavier Orno, miembro del Observatorio de Derechos y técnico del equipo de DINCAT, una federación que defiende y mejora la calidad de vida de estas personas, reivindica servicios de calidad y denuncia situaciones de vulneración o exclusión.

«A día de hoy, todavía hay quien piensa que las personas con discapacidad no son ciudadanas de pleno derecho. O que no somos competentes para tener determinados derechos. Hasta el año pasado, las personas con discapacidad intelectual que tenían la capacidad jurídica modificada no podían votar. Esta modificación se llevaba a cabo a través de una entrevista, y, en relación con la capacidad para votar, se hacían una serie de preguntas como: ¿quién es el presidente del Congreso? ¿Para qué sirve el impuesto tal? ¿Cuántos senadores tiene el Senado? Preguntas que no tenían nada que ver con si las personas podían tener una opinión sobre a quién podían votar», explica Orno.

«Con la nueva ley (LOREG)», continúa, «todas las personas con discapacidad intelectual recuperan el derecho al voto. Es una recuperación, no una conquista. Una recuperación que ha sido posible gracias a las familias, que, a través de entidades y federaciones y de la plataforma estatal, han luchado por recuperar este derecho a voto».

Con la nueva ley, todas las personas con discapacidad intelectual recuperan el derecho a voto. Es una recuperación, no una conquista

Pero más allá del voto reconquistado, Xavier asegura que todavía hay camino por recorrer para que las personas con discapacidad intelectual (con el prefijo ‘dis’ tachado, como les gusta escribirlo) se sientan con los mismos derechos: «¿Los programas electorales son accesibles? ¿Sabremos entender lo que nos están diciendo? Para poder votar, tengo que estar informado y tener una idea sobre a quién puedo votar».

«Nunca se han hecho campañas dirigidas a personas con discapacidad», añade. «Siempre han sido excluidas de todo este mundo. ¿Si tú, partido político, no dices nada de personas con discapacidad, no me tienes en cuenta en tus políticas, y crees que no tendría ni que votar, qué interés puedo tener? El foco no se tendría que poner en si las personas quieren votar o no, sino en si los partidos políticos se saben expresar y acercar a los intereses de los ciudadanos».

«Si queremos ser inclusivos, tenemos que apostar por un lenguaje claro. No quiero decir campechano, ni quiero decir infantil. Quiero decir un lenguaje adaptado para que cualquier persona lo entienda», concluye el técnico de DINCAT.

Otros colectivos también discriminados

Hablamos con Albert Fages, coordinador de la Oficina para la No Discriminación de Barcelona, una oficina con 20 años de experiencia que atiende a la ciudadanía con alguna situación de vulneración de derechos o discriminación. Este servicio ofrece asesoramiento jurídico y atención psicosocial, y trabaja en la resolución de conflictos a través de la mediación. Las vulneraciones de derechos más habituales en los últimos años en Barcelona tienen que ver con el racismo, la LGTBIfobia y el género. En cuanto al derecho a voto, a menudo les llegan requerimientos para «saber cuáles son los trámites que se tienen que hacer para poder tener este derecho», explica el coordinador.

Las administraciones no siempre cumplen con la obligación de informar a las personas recluidas en los centros penitenciarios sobre su derecho a voto

La oficina colaboró, por ejemplo, en la campaña municipal para informar del derecho a voto de las personas en centros penitenciarios, nacida a raíz de varias quejas y peticiones de personas reclusas que no conseguían reunir la documentación para votar, o que la pedían y no les llegaba.

Nos preguntamos, junto con Albert, qué otros colectivos en la ciudad pueden tener problemas para ejercer su derecho a voto. ¿Las personas sin hogar? «En Barcelona ha habido un incremento importante de personas que viven en la calle, y con perfiles atípicos», dice Fages sobre este tema. «Estamos trabajando para poder dar cobertura y acompañamiento, para empoderar y luchar contra la resignación, la vulneración de derechos, las situaciones personales depresivas y la aporofobia».

«Estos aspectos se están trabajando conjuntamente con entidades de la Red de Atención a Personas Sin Hogar, y hay que tener presente que se actúa en un colectivo muy vulnerable. Por eso, la información sobre el derecho a voto es, sin duda, un elemento secundario comparado con las necesidades primarias que tienen estas personas», nos explica Albert.

El coordinador de la Oficina para la No Discriminación destaca el papel del tejido asociativo a la hora de defender y garantizar los derechos. En concreto, sobre el derecho a voto nos habla de Exmenas, «una asociación de jóvenes que fueron menores inmigrantes no acompañados. Hay un colectivo de educadores que les da apoyo, y la información sobre el derecho a voto forma parte de los temas que trabajan».

Participar en la vida política, un trabajo pendiente

«En los consejos de barrio o en los centros cívicos, sí que veo y noto la participación de las personas extranjeras que viven en Barcelona», explica Ana Lucía, «pero en el ámbito político es un trabajo pendiente. Si no puedo escoger a la alcaldesa o al presidente, no te pueden decir que «tienes los mismos derechos y deberes que una persona nacida en Cataluña», porque no es verdad».

«Por otra parte», continúa, «hay un porcentaje de gente en la ciudad que no se ve representada políticamente. Se necesita visibilizar al colectivo migrante en todas las esferas. Empezamos a ver esta interculturalidad política con Chakir el Homrani, consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, o con Najat Driouech, diputada en el Parlamento de Cataluña, pero los titulares se centran en su origen y no en la carrera política que tienen. Y eso no ayuda: la gente no participa porque no se ve representada en todas las esferas políticas», afirma Ana Lucía.

Xavier Orno nos destaca otros lugares de la ciudad donde debería haber más participación de su colectivo: «¡En los colegios, nosotros luchamos por una escuela inclusiva! También queremos vivir más el ámbito del ocio: poder ir a un restaurante, a un cine… o a un hotel y que, por prejuicios, no te digan que el establecimiento está lleno. ¿O os acordáis de la noticia de la discoteca? Queremos los mismos derechos que cualquier persona. No somos monstruos».

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