Derechos Sociales, Educación y Ciclos de Vida

Convenio de colaboración para los tres próximos años con Hogar Sí y Provivienda para captar 7,6 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para destinarlos al proyecto social “Derechos a la vivienda”, que permitirá adquirir pisos y facilitar ayudas económicas a cerca de 175 personas en situación de sinhogarismo en la ciudad.

El convenio se enmarca en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que prevé la inversión de cerca de 25 millones de euros en el conjunto del Estado para proyectos similares.

En el caso de Barcelona, el compromiso del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Hogar Sí y Provivienda se basa en la adquisición de nuevas viviendas para 175 personas sin hogar. Unas 75 plazas serán para personas que lleven más de tres años viviendo en centros residenciales, mientras que las otras 100 plazas se destinarán a personas que lleven menos de tres meses en situación de calle o bien en alguno de los recursos de primera acogida de la ciudad.

También se dará cobertura social a 18 personas más que actualmente ya viven en algún piso del programa HousingFirst en la ciudad.

El sinhogarismo, un fenómeno creciente

Desde el año 2015 y hasta la actualidad el número de plazas en programas residenciales o de alojamiento ha pasado de 1.672 a 2.800, y el presupuesto municipal anual destinado a estos programas ha crecido de los 27 millones del año 2014 a los 43 millones actuales. Pero el incremento de los recursos municipales solo ha servido para contener esta realidad creciente.

El número de personas en situación de sinhogarismo ha pasado de las 693 personas que dormían en la calle en el año 2015 a las 1.056 personas que se detectaron en septiembre.

Según los datos más recientes que tienen el Ayuntamiento y la Red de Atención a Personas Sin Hogar, solo un 10 % de las personas usuarias de los servicios que funcionan actualmente han vivido desde siempre en la ciudad, y hasta un 50 % llevan menos de cinco años en el municipio. Los datos también constatan que las personas migrantes sufren más la exclusión de la vivienda.