El defensor de los niños y adolescentes (Síndic de Greuges de Catalunya)

El síndico de agravios de Cataluña tiene la función de atender las quejas de todas las personas que se encuentran desamparadas ante la actuación o la falta de actuación de las administraciones. Vela por el buen funcionamiento de la Administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña, como los ayuntamientos, las diputaciones o los consejos comarcales. Por tanto, actúa como supervisor y colaborador de la Administración catalana, con el objetivo de ayudar a mejorar su funcionamiento.

También supervisa las empresas privadas que prestan servicios de interés público, como la luz, la telefonía, el agua, el gas, el servicio postal, etcétera. Elegido por el voto mayoritario del Parlamento de Cataluña, el síndico es políticamente independiente. No depende de ningún gobierno y actúa con objetividad, libertad de criterio e independencia.

Más específicamente, el síndico de agravios de Cataluña es también el defensor de niños y niñas y adolescentes y tiene la misión de garantizar los derechos de estos de acuerdo con las leyes y la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuenta con un equipo profesional: Rafael Ribó, síndico, es el titular, y M.ª Jesús Larios, adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, junto con un equipo de personas, defiende específicamente los derechos de niños y niñas y adolescentes. El síndico y la adjunta no trabajan solos: tienen un equipo de asesoras y asesores que les ayudan a resolver las quejas y a investigar dónde y cuándo se vulneran los derechos de los niños y niñas y de los adolescentes.

Así, en el ámbito de la infancia y la adolescencia, su trabajo consiste en defender los derechos de estos ante la Administración pública o ante las entidades (escuela, centro de salud, centros residenciales), escuchar sus quejas si viven una situación que los menores consideran injusta, valorarla e investigar si es necesario que el Gobierno o los ayuntamientos actúen para resolver la situación.

Investigan cada caso, valoran la posible vulneración de los derechos de los menores y buscan la mejor solución. Igualmente, solo pueden hacerlo ante las administraciones públicas o las entidades u organizaciones que trabajan en derechos de los niños y niñas por encargo o con apoyo de la Administración.