Mònica Guiteras: "El sistema energético nos vulnera"

Faro de Sol. La Fábrica del Sol ha hablado con Mònica Guiteras para conocer cuáles son nuestros derechos energéticos y qué hay que hacer para que nadie sufra pobreza energética.

Mónica Guiteras es socióloga y miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética y de Ingeniería Sin Fronteras Cataluña. Es investigadora sobre modelos de gestión del agua y de la energía, y participa de la defensa de los suministros básicos y los bienes comunes desde la perspectiva ecofeminista.

¿Qué es la Alianza Contra la Pobreza Energética?

Es un movimiento social que surgió el año 2014 y está formado mayoritariamente por personas afectadas por esta problemática, aunque también hay personas a título individual que llevan tiempo como activistas y diversas entidades provenientes de luchas por una vivienda digna y de otros colectivos, como la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona e Ingeniería Sin Fronteras.

Desde sus inicios, la APE* ha conseguido introducir en el imaginario colectivo una perspectiva de derechos enfocada al acceso al agua y a la energía y situar a las personas afectadas como actores de cambio y no como víctimas, basándose en el apoyo mutuo y en la incidencia con el fin de cambiar políticas.

*De ahora en adelante nos referiremos a la Alianza Contra la Pobreza Energética como APE

¿Cuánta gente sufre pobreza energética?

El último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales muestra que un 10% de la población a nivel español, catalán y barcelonés sufre pobreza energética. Existen diversos indicadores para detectarla, uno de ellos es el atraso en el pago de las facturas del gas y la electricidad. En España este indicador se sitúa en torno al 7% y a Cataluña al 8%. Aun así, es importante analizar los datos con perspectiva porque no se puede saber cuánta gente ha pagado la luz y el gas sacrificando una comida al día.

También hay que tener en cuenta que existen factores de riesgo que provocan que el porcentaje de pobreza energética sea mucho más alto en determinados colectivos. La desigualdad de género es uno, ya que las mujeres tienen un 49% más posibilidades de sufrir pobreza energética.

La Ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética qué efectos ha tenido?

La Ley es un antes y un después. Es pionera tanto en España como en Europa porque es la más garantista a la hora de detener los cortes de luz y gas. Con la crisis del Coronavirus se han detenido los cortes por todo el Estado Español durante los meses de confinamiento, pero haría falta que esta medida se aplicara en todas las épocas del año, tal como regula la ley en Cataluña.

¿Y es suficiente la Ley?

Es una Ley de emergencia, ya lo dice su nombre. Pero cuenta con una herramienta imprescindible que es el principio de precaución: ante la duda no corto. Además, la Ley obliga a garantizar el suministro de gas y electricidad a todas las personas en situación de vulnerabilidad a través de convenios entre administraciones y empresas suministradoras.

Esta legislación ha puesto de relieve las pocas herramientas que tiene la administración pública para negociar los convenios con las suministradoras, situación que deriva en la dificultad o imposibilidad de firmar estos convenios y por lo tanto, la acumulación de una deuda que desde la APE consideramos que tendrían que asumir las empresas suministradoras, porque se están lucrando con un servicio básico para la vida.

La Ley 24/2015 haría falta complementarla con una tarifa social que promoviera el ahorro, sin penalizar al consumidor doméstico. Existe el pensamiento de “mientras puedas pagar, consume lo que quieras” y no tendría que ser así, estamos en emergencia climática y hay personas que tendrían que poder aumentar su consumo porque están consumiendo por debajo de lo que necesitan, en cambio, hay otras que lo tendrían que reducir. También se tendrían que hacer políticas de acceso a ayudas para la rehabilitación de viviendas enfocadas a personas en situación de vulnerabilidad y regular el precio de la energía.

¿Qué recursos ofrecen las administraciones a las personas o familias que sufren pobreza energética?

Actualmente el reto es ofrecer un servicio que permita identificar quien son las personas que sufren pobreza energética para poder estar allí cuando lo necesiten. En el caso de Barcelona, en un primer momento, se hicieron los Puntos de Atención para la Pobreza Energética. Desde la APE reclamamos que se evitara la estigmatización de las personas afectadas y que se trataran los derechos energéticos desde una perspectiva más holística, es por eso que consideramos muy positivo el cambio de nombre a Puntos de Asesoramiento Energético.

En otros municipios también existen oficinas de atención energética o puntos de asesoramiento itinerantes que se dedican a explicar como optimizar una factura, a tranquilizar a las personas explicando que no se les cortará la luz, a realizar auditorías energéticas…

Aun así, existen diversas situaciones que las administraciones no saben resolver y desde los márgenes, desde los movimientos sociales, tenemos que buscar soluciones. Es el caso de garantizar el suministro en viviendas ocupadas o de detener el acoso a personas endeudadas. Casuísticas muy complejas que requieren de valentía política por parte de las administraciones para poder resolverlas.

¿Existen las personas vulnerables o las personas vulneradas? En términos de pobreza energética

Una compañera de la APE afectada hizo una reflexión sobre la responsabilidad a la hora de hablar de pobreza energética. ¿Recae en los consumidores o en el modelo energético? Si centramos la problemática en los ingresos, en el hecho de no poder pagar, y se toman medidas para evitarlo, como podría ser la renta garantizada, se seguirán pagando recibos injustos, pero con dinero público. Hace falta regular el mercado energético ya que actualmente todos y todas estamos siendo vulneradas por el sistema energético, porque parte de un modelo de facturación injusto. Este planteamiento permite huir de la victimización y de la individualización de una problemática provocada por un sistema totalmente privatizado.

Aun así, es evidente que existen ejes de desigualdad. Hay personas que tienen más herramientas y redes de apoyo más amplias para hacer frente a la vulneración del acceso a la energía, en cambio, hay de otros que no tienen ni el tiempo, ni los recursos ni la energía para poder evitar la pobreza energética.

¿El acceso al agua y a la energía se consideran derechos universales?

El derecho al agua es un Derecho Humano que se reconoció desde Naciones Unidas el año 2010, pero el derecho a la energía no. Aun así, el derecho a una vivienda digna incluye el derecho al suministro energético ya que es una condición necesaria para vivir dignamente. En los últimos años cada vez más académicos, organizaciones y entidades como el Instituto Catalán de Derechos Humanos reclaman que el derecho a la energía se recoja como Derecho Humano de segunda generación.

Actualment la Lley 24/2015 garantiza el acceso a la energía evitando los cortes y también tiene en cuenta el derecho a la información y a la transparencia de las facturas. Sin embargo, desde la ciudadanía también exigimos la democratización de las decisiones referentes a la energía y una mayor transparencia en todos los procesos del sistema energético.

¿Qué modelo energético tenemos actualmente?

Es un modelo que depende de los combustibles fósiles, es un modelo centralizado, es un modelo oligopólico, controlado mayoritariamente por cinco empresas. Es un modelo que no pone la vida en el centro, sino el lucro. Es un modelo patriarcal y colonialista, porque se nutre del espolio de recursos de países del sur, y actúa agravando las desigualdades ya existentes.

¿Cómo tendría que ser?

Pues renovable pero descentralizado, desde una perspectiva ecologista, pero también social, para evitar modelos elitistas como el actual. El suministro de agua y de energía se tiene que preservar como bien común, pero su acceso se tiene que garantizar como Derecho Humano y nos tiene que permitir vivir vidas más dignas aquí sin afectar a terceros países.

Tendría que ser un modelo que reconozca la tarea histórica que han hecho las mujeres en el cuidado del hogar y en la defensa del territorio. Para mí, en la APE hay muchas Bertas Cáceres defendiendo sus territorios, que no son ríos, sino sus propios hogares. También tendría que ser un modelo que invitara a la defensa colectiva de los derechos energéticos.

¿Qué es la soberanía energética?

Cuando hacemos charlas, entre el público siempre hay una persona que tiene la solución a los problemas de otra, y que, con buena voluntad, piensa que la gente que sufre pobreza energética quizás tendría que utilizar el butano. La soberanía energética plantea que las personas que sufren pobreza energética puedan decidir, no que las relegamos a utilizar butano. La soberanía energética es poder tomar decisiones sobre la generación, la distribución y sus usos energéticos, independientemente de los ingresos.

Barcelona Energía es una operadora metropolitana para garantizar el control público. ¿Qué pensáis desde el APE?

Los operadores municipales permiten un vínculo más directo con la ciudadanía, sin embargo Barcelona Energía sigue teniendo como distribuidora a Endesa y sigue sin poder ofrecer el bono social. Es un actor aliado pero en el marco del sistema eléctrico del Estado Español son actores con poco margen de maniobra, a Som Energia le pasa igual. Desde la APE no podemos aconsejar a la gente que se vaya a Som Energia o a Barcelona Energía si no pueden pagar sus facturas porque para acceder al bono social necesitan ser de Endesa, entonces claro, la soberanía de la que hablábamos, no existe. Por lo tanto, Barcelona Energía es un actor interesante pero está insertado en un sistema que hay que cambiar.

Las opiniones expresadas en esta entrevista son a título particular y no necesariamente reflejan el posicionamiento institucional del Ayuntamiento de Barcelona.

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