Ampliación del parque público de vivienda con la compra de tres fincas de la empresa pública Regesa, procedentes del antiguo Consejo Comarcal del Barcelonès y situadas en Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc y Nou Barris. En nuestro distrito, se han adquirido 48 viviendas situadas en la calle de la Selva 59-61, en el barrio de Porta.
Los 170 pisos (sumando las promociones de los tres distritos) que forman parte de la adquisición habrían pasado a manos privadas en un plazo de entre 15 y 17 años, como ya ha ocurrido anteriormente con otras promociones sometidas al proceso de desinversión del área metropolitana.
Con una inversión de 10,7 millones de euros, un 17% por debajo del precio de mercado, la operación de compra municipal ha permitido evitar la pérdida de los tres conjuntos.
¿Por qué se puede privatizar la vivienda pública?
El año 2006 el consistorio cedió a Regesa de manera gratuita el suelo municipal de las tres fincas durante 75 años para la construcción de vivienda pública de alquiler. Esta protección, sin embargo, tenía una duración de 30 años a contar desde las calificaciones definitivas con que se hicieron entre el 2007 y el 2009, un tiempo muy inferior al vencimiento del derecho de superficie, en el 2081.
Transcurridas las tres décadas, estas viviendas se podrían haber privatizado. Sin embargo, con la adquisición directa del Ayuntamiento, la titularidad de las fincas pasa a ser pública y se salvaguarda el derecho a la vivienda asequible de todas las personas residentes en estos pisos de alquiler.
Las fincas adquiridas son las últimas de titularidad de Regesa en la ciudad, y solo quedarán una treintena de viviendas situadas en diferentes promociones. Al tratarse de vivienda de protección oficial, podrían ser adquiridas directamente por el Ayuntamiento o por cualquier otra administración.
Pérdida de vivienda pública en la ciudad
La privatización de vivienda construida en suelo público se podría haber evitado en otras promociones construidas por Regesa, que en su momento vendió el derecho de superficie. El último episodio de estas características tuvo lugar en 2013, cuando el Consejo Comarcal del Barcelonès, formado por los ayuntamientos de la comarca, vendió el derecho de superficie de 298 viviendas al fondo de inversión Azora y no a ninguna administración pública. Aquellas viviendas eran de alquiler con una protección con un plazo sensiblemente inferior al tiempo de cesión del derecho de superficie.