La Coalición de las Ciudades por los Derechos Digitales publicó el 14 de mayo el documento «Proteger los derechos digitales en aplicaciones tecnológicas relacionadas con la Covid-19», una guía de diez principios para el uso de las tecnologías digitales para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19. El Ayuntamiento de Barcelona, ​​co-creador de la coalición junto con las ciudades de Nueva York y Amsterdam, ha impulsado este documento donde se han recogido aportaciones y reflexiones de las ciudades de Amsterdam, Burdeos, Chicago, Helsinki, Milán, Nueva York, Portland, Porto, San Antonio y Toronto.

La apuesta de Barcelona por el humanismo tecnológico es firme y aún más en la situación de crisis actual. La teniente de alcalde de Agenda 2030, Transición Digital, Deportes y Coordinación Territorial y Metropolitana del Ayuntamiento de Barcelona, ​​Laia Bonet, ha remarcado que la tecnología digital debe ir de la mano de la sanidad pública y los derechos humanos, que las apps están en el centro del debate sobre el control de la pandemia y que la crisis acelera la digitalización. «Lo que hacemos contra la Covid-19 marcará los estándares de derechos digitales del futuro. Es más importante que nunca: (a) privacidad de datos, (b) implicación de sociedad civil en la gobernanza tecnológica y (c) evitar desigualdades sociales en soluciones digitales».

Durante el transcurso de la pandemia, diferentes ciudades y países han puesto en marcha aplicaciones destinadas a la ayuda de los servicios sanitarios y epidemiológicos para hacer frente a la Covid-19. Básicamente se han desarrollado dos grupos de servicios; el primero se refiere a las aplicaciones que ofrecen a la ciudadanía información sobre el virus, nuevas pautas sociales y de higiene personal y pautas para la autodiagnosis. Su función es ayudar a gestionar los servicios sanitarios, aligerar la carga de los servicios asistenciales y facilitar el estudio epidemiológico. El segundo grupo recoge las aplicaciones llamadas «contact tracing app» o de trazado de contactos, que registran los contactos que una persona tiene a lo largo del día para facilitar la identificación de las fuentes de contagio y ayudar a contener su propagación.

Los diez principios

El documento presenta diez principios compartidos que se deberían seguir en la aplicación de las tecnologías digitales que tengan por objetivo hacer frente a la crisis de la Covid-19:

1. Principio de nexo y proporcionalidad: ni las tecnologías ni los datos recopilados se pueden utilizar con otros fines distintos de los estrictamente necesarios para contribuir a dar respuesta a la situación de crisis actual.

2. Principio de impermanencia: el uso de estas tecnologías y datos debe ser limitado en el tiempo. Una vez disminuido el riesgo de pandemia ya no se utilizarán, y el usuario debe ser capaz de desinstalar la aplicación del dispositivo y borrar sus datos.

3. Principio de consentimiento y confianza: el uso de las aplicaciones debe ser estrictamente voluntario y respetar las notificaciones y el consentimiento. No se puede imponer bajo ningún tipo de sistema de coacción ni recompensa; solo de esta manera se puede ganar la confianza mutua.

4. Principio de privacidad: se debe respetar la privacidad de los usuarios y sus contactos. La privacidad debería ser evaluada en el contexto de riesgos reales de reidentificación u otras pérdidas de privacidad, especialmente cuando se utiliza información altamente sensible como datos sanitarios.

5. Principio de control: los ciudadanos deben ser considerados los propietarios principales de los datos que generan mediante el uso de las aplicaciones y servicios tecnológicos.

6. Principio de apertura y transparencia: las aplicaciones se desarrollarán en formato de código abierto que se pueda verificar y auditar para que otras ciudades y organizaciones puedan adoptar, siempre favoreciendo la transparencia.

7. Principio de respuesta: las aplicaciones deben funcionar como herramientas adicionales y complementarias a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Deben basarse en la experiencia, las necesidades y los requisitos marcados por las autoridades pertinentes y en la cultura y el comportamiento de la sociedad donde se aplicarán.

8. Principio de participación: el desarrollo de este tipo de tecnología debe tener en cuenta las necesidades de toda la sociedad y requiere la creación de circuitos de retroalimentación entre los responsables políticos y la ciudadanía. Se deben tener en consideración los Derechos Humanos en la selección de proveedores y en el proceso de desarrollo técnico.

9. Principio de innovación social: el uso exitoso de estas aplicaciones en la vida cotidiana requiere un enfoque más centrado en la innovación social que en la tecnológica, donde la inteligencia social, el comportamiento y la cohesión social son igualmente importantes.

10. Principio de equidad e inclusión: el objetivo principal debe ser apoyar y servir a las comunidades, garantizando la igualdad de accesibilidad y el mismo trato entre las colectividades. Deben facilitar la comunicación y utilizarlas para eliminar las desigualdades sociales.

Coalición de las Ciudades por los Derechos Digitales

En 2018 Barcelona creó, junto con Nueva York y Amsterdam, la Coalición de las Ciudades por los Derechos Digitales, una alianza para la protección de los derechos digitales de las personas a escala global. Con el apoyo de UN-Habitat, Eurocities, CGLU y otras ciudades participantes, nace con la intención de proponer leyes, herramientas y recursos para proteger promover y supervisar los derechos digitales tanto de las personas residentes como las visitantes.

Cada ciudad implicada en la coalición ha puesto en marcha acciones para defender y proteger los derechos digitales de su ciudadanía y visitantes. En este sentido, Barcelona ha puesto en marcha la plataforma de democracia participativa Decidim Barcelona, ​​ha mejorado el Portal de Datos Abiertos, participó en el proyecto europeo DECODE para explorar herramientas para que ciudadanos controlen los datos personales, está organizando debates de reflexión en torno a la importancia de los derechos digitales e impulsando colaboraciones público-privadas para combatir la brecha digital.

Más información en nota del Servicio de Prensa del Ayuntamiento de Barcelona y nota de Cities for Digital Rights