Tramitación del Decreto de regulación del número y del otorgamiento de licencias temporales de uso común especial del dominio público para estacionamiento de bicicletas, ciclomotores y motocicletas de uso compartido en régimen de explotación económica

La movilidad en la ciudad de Barcelona ya no está únicamente caracterizada por una distribución modal tradicional (desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en vehículo privado) sino que la innovación y la tecnología actual hacen que cada vez proliferen más sistemas, como es el caso de los sistemas de movilidad compartida (o sharing), y que, necesariamente, deben convivir con aquellos modos tradicionales existentes.

El sharing es el uso compartido de un coche, moto, bicicleta o cualquier otro modo de transporte que permite a los usuarios tener acceso a corto plazo a los diferentes vehículos cuando sea necesario (bajo demanda).

Este incremento de vehículos conlleva una mayor ocupación del espacio público y una mayor presencia de vehículos compartidos vinculados a actividades de explotación económica que está provocando el incremento de la intensidad de la ocupación del espacio público, en detrimento del uso general de la ciudadanía.

Actualmente, Barcelona no dispone de una regulación específica para el uso y la ocupación del espacio público por parte de esta tipología de vehículos y, las normativas vigentes, permiten actuar en los lugares donde se detecte un uso abusivo del espacio público por parte de estas empresas.

De acuerdo con las competencias municipales para regular el uso del espacio público, y a los efectos de dar prioridad al uso común que de este espacio hace la ciudadanía frente al uso privado de carácter mercantil, resulta necesaria la regulación de este ámbito para dar respuesta a la necesidad de establecer un marco regulador claro que permita a los operadores explotar los sistemas de vehículo compartido de forma segura y estable y, al mismo tiempo, que permita al Ayuntamiento definir los usos y espacios determinados al espacio público, a fin de velar por su buen funcionamiento. Por otra parte, la normativa responde a la voluntad de potenciar y aprovechar las oportunidades de estos sistemas minimizando los impactos negativos derivados de la ocupación del espacio público.