Memoria Democrática

El domingo 15 de enero de 1978, tuvo lugar una manifestación contra los Pactos de la Moncloa. Al finalizar, un grupo de jóvenes ácratas de distintas afiliaciones lanzaron cócteles molotov en la entrada de la popular sala de fiestas Scala de Barcelona. Los proyectiles provocaron un gran incendio que destruyó el edificio. En el interior había cuatro operarios realizando tareas de mantenimiento, que murieron.

Eran Bernabé Bravo Bejarano, Ramón Egea Gómez, Juan Manuel López Masip y Diego Montoro Barajas.

El atentado provocó un fuerte rechazo social, se criminalizó el anarcosindicalismo fomentado por una campaña mediática seguida de una confusa investigación policial. La muerte de los trabajadores se calificó de accidente laboral. El proceso judicial —conocido como el caso Scala— se cerró en falso con varios interrogantes sin aclarar. Posteriormente, el periodismo de investigación demostró que se trataba de un crimen de estado, ya que un confidente policial bajo las órdenes de los comisarios franquistas instigó y preparó el atentado.

Los familiares de los trabajadores muertos sufrieron una doble victimización, puesto que quedaron en el olvido institucional durante veinte años, hasta que en 1998 fueron reconocidos como víctimas de terrorismo, sin que el caso se reabriera nunca en sede judicial.

El año 2023, con motivo del 45.º aniversario del atentado, el Ayuntamiento de Barcelona ha querido señalar este sitio, delante de la Scala, como lugar de memoria de la lucha por la democracia durante el tardofranquismo y honrar la memoria de las víctimas.