Alemania vs las redes sociales: ¿avance o retroceso?

“La libertad de expresión acaba dónde empieza el derecho penal”

Alemania ya contaba desde la década de los 90’ con normativa específica para hacer frente a los discursos que incitan al odio. Sin embargo, a principios del 2017, el Gobierno federal alemán decidió ir un paso más allá en esta lucha, proponiendo un borrador de ley para erradicar los mensajes racistas y de incitación al odio en las plataformas digitales. Esta Ley de Aplicación de Redes o “NetzDG” (versión reducida de su nombre en alemán), se aprobó finalmente en junio de 2017 por el Bundestag (Parlamento alemán) con el fin de reforzar los límites a la libertad de expresión ya existentes en el país.

La propuesta llegó desde el Ministro de Justicia, Heiko Mass, quien explicó que ante “los nuevos flujos migratorios que estaban afectando Alemania, los delitos de odio habían aumentado en un 300% en los últimos 2 años”. Y añadió que, dado que 14 meses de acuerdos voluntarios con las principales plataformas digitales no habían dado resultado, esta ley era la consecuencia lógica, ya que, según él: “sin presión política los operadores de estas plataformas no cumplirán con sus obligaciones”.

¿Qué implica la aplicación de la “NetzDG”?

Esta ley requerirá a las grandes plataformas sociales (aquellas que superan los 2 millones de usuarios en Alemania): Facebook, Twitter o Google (incluyendo YouTube) que eliminen contenidos ilegales, racistas, xenófobos, que inciten al odio o a la difamación, o que incluyan información falsa o difamatoria.

Está estipulado que los operadores de las plataformas digitales que incumplan la nueva normativa puedan llegar a pagar multas de hasta 50 millones de euros si no eliminan los contenidos establecidos como prohibidos, en un tiempo máximo de 7 días, cuando el contenido denunciado como ofensivo no sea “claramente difamatorio o violento”; y de hasta 24 horas, cuando sí se considere “claramente criminal”.

La ley establece también que las compañías afectadas deben establecer representantes en Alemania que informen a las autoridades sobre sus esfuerzos para erradicar el discurso de odio. Sin embargo, según informaba el Spiegel Online, todas las plataformas sociales, sin importar el número de usuarios, deberán contar con una persona de contacto a la que las autoridades puedan dirigirse en caso de que los usuarios de estas redes presenten quejas. Finalmente, cada 6 meses las compañías tendrán que informar públicamente sobre el número de quejas recibidas y el modo de resolución que han empleado para contestarlas. Los operadores de las plataformas afectadas en Alemania tendrán hasta enero del 2018 para adaptarse a la nueva ley, aunque esta ya entró en vigor en octubre del 2017.

Porqué esta ley puede suponer un retroceso para la libertad de expresión

Poco antes de que se aprobase la Ley, el Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión emitió una serie de observaciones en las que expresó lo siguiente: “los Estados, no deberían requerir al sector privado que tome medidas que, innecesariamente o desproporcionadamente, puedan interferir en la libertad de expresión y menos, basándose en definiciones tan ambiguas como insulto o difamación”. En su comunicación, el Relator Especial se pronunció además sobre la dudosa legalidad internacional de permitir que se “eliminase la supervisión judicial a la hora de requerir los datos privados de los usuarios denunciados”; y finalmente alertaba sobre el hecho de que “ante la amenaza de multas, este tipo de sobre regulación provocaría que las compañías tendiesen a optar por limitar el derecho de expresión de los usuarios”.

El Global Public Policy Institute criticó también esta ley poco después de su aprobación, subrayando que el poder de identificar qué es legal y que no lo es, no debería recaer en manos de las compañías privadas; y que, además, “esta ley no evitaría ni el daño que este tipo de discursos ejercen sobre las víctimas, ni tampoco, disuadiría a los perpetradores, ya que no se estipulan penas por republicar contenidos eliminados”.

Por otro lado, como han puesto de manifiesto algunas organizaciones activistas como ProPublica ante escándalos como el Facebook Files, el enfoque que utilizan gigantes como Facebook para lidiar con el discurso de odio también deja mucho que desear, sobre todo por su falta de consistencia y por beneficiar con su protección a unos colectivos sobre otros.

En un contexto en el que las redes sociales se han convertido en una importante fuente de noticias e información, limitar o no el derecho de expresión con el fin de frenar los discursos de odio en Internet sigue siendo objeto de un intenso debate.