Las personas refugiadas y el derecho a migrar

Refugio. Las políticas migratorias y de acogida de muchos países no se ajustan a los marcos que establecen diferentes declaraciones y convenciones internacionales.

En un contexto europeo en el que cada vez parece que tiene más peso el discurso xenófobo de la ultraderecha, las ciudades pueden ser un elemento clave para definir políticas migratorias alejadas de los discursos del miedo y construidas desde la inclusión y la acogida de las personas migrantes y refugiadas. A continuación analizamos la situación actual del refugio desde la perspectiva de los derechos humanos.

Hasta la actualidad, el número de personas que se han visto obligadas a abandonar su casa no ha parado de aumentar. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el año 2018 había en el mundo 271 millones de personas migrantes (más del 3,4 % de la población mundial). Según el informe sobre tendencias globales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 70,8 millones de estas personas eran desplazadas que huían de persecuciones, conflictos, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos.

Nos encontramos con la cifra récord de población desplazada forzosamente desde después de la Segunda Guerra Mundial. Eso representa que cada día 37.000 personas tienen que abandonar su casa porque su vida corre peligro. Estas personas buscan en los países y en las ciudades de acogida un lugar donde volver a empezar y construir un futuro seguro y donde puedan expresar libremente quiénes son.

Según el ACNUR, en el año 2018 había 70,8 millones de personas desplazadas forzosamente

Estos datos ayudan a describir el contexto mundial en el que se sitúa el fenómeno de las migraciones, un fenómeno que no es nuevo, pero que en un mundo globalizado se convierte en complejo y cambiante.

Su base legal se fundamenta en el derecho a migrar, que reconocen algunos textos legales internacionales:

— Declaración universal de los derechos humanos: El artículo 13 establece: “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a él.”
— Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990, uno de los principales tratados sobre los derechos humanos que se han firmado en las últimas décadas en el marco de las Naciones Unidas. Es importante aclarar que esta normativa deja en manos de los estados cuáles tienen que ser las condiciones de entrada en el país y los requisitos para que las personas migrantes puedan permanecer en él en situación regular.
— Y, si hablamos concretamente de refugio, hay que decir que el derecho de asilo se encuentra recogido en el artículo 14 de la Declaración universal de los derechos humanos.

Definiciones previas sobre las personas migradas

Las causas por las que las personas deciden migrar son diversas. Algunas personas buscan nuevas oportunidades educativas o laborales; otras tienen que abandonar su casa por miedo a ser torturadas o por otras violaciones de los derechos humanos. Es posible que ya no se sientan seguras en su país de origen porque son señaladas por su etnia, religión, sexualidad u opiniones políticas, o puede que quieran reunirse con familiares que ya viven en otro país. Por ejemplo, hay menores, mujeres y hombres que huyen de la violencia, la guerra, el hambre, la pobreza extrema o a causa de su orientación sexual o su identidad de género o de las consecuencias del cambio climático u otros desastres naturales.

Pero vayamos por partes, ya que cuando hablamos de migraciones y refugio se usan muchos términos, que a veces son confusos. Expresiones como persona refugiada, solicitante de asilo, desplazada interna o apátrida tienen matices y significados diferentes.

El término persona refugiada hace referencia a una persona que se encuentra fuera de su país a causa de un temor fundamentado y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder regresar a él. Como este reportaje trata de estas personas, analizaremos detalladamente este término en el siguiente apartado.

Una persona solicitante de asilo todavía no es refugiada, sino que ha presentado la solicitud para que se le conceda el estatus de asilada y se le reconozca la condición de persona refugiada. Mientras el estado que acoge a la persona examina su caso para determinar si es refugiada o no, esta persona es solicitante de asilo.

También hay personas desplazadas internas, las que no han cruzado ninguna frontera y han tenido que huir de su hogar como resultado de un conflicto armado (o para evitar sus efectos) o a causa de situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.

Las expresiones personas refugiadas, demandantes de asilo, desplazadas internas o apátridas se refieren a diferentes situaciones de las personas desplazadas forzosamente en el mundo

Las situaciones que sufren las personas desplazadas internas son similares a las de las refugiadas y, por lo tanto, podrían solicitar asilo si se encontraran fuera de su país de nacionalidad. Actualmente en el mundo hay alrededor de cuarenta millones, y conflictos como el de Colombia, que hace más cincuenta años que dura, han dado como resultado millones de personas desplazadas internamente. Siguiendo con el ejemplo de Colombia, una parte de la población todavía no ha podido regresar a su casa, aunque los acuerdos de paz se concluyeron en el 2016. Hay que pensar también en guerras como la de Siria, que, además de personas refugiadas, ha generado casi tres millones de personas desplazadas internamente.

Finalmente, las personas apátridas son las que no disponen de nacionalidad porque no son consideradas nacionales por ningún estado. Es una categoría invisibilizada, y se da cuando la persona nunca ha tenido nacionalidad o la ha perdido y no ha adquirido ninguna otra. El hecho de no tener nacionalidad puede hacer que la persona quede en un limbo legal, lo que puede constituir un gran impedimento para acceder a derechos básicos como la salud, la educación, la participación política… Se calcula que en el mundo hay actualmente 10 millones de personas apátridas.

¿Qué es una persona refugiada y con qué protección internacional cuenta?

A causa de la Segunda Guerra Mundial, millones de personas europeas que huyeron del conflicto llegaron al continente americano y a los países del este de Europa. La comunidad internacional reaccionó a este fenómeno, y en 1950 se creó el ACNUR, con la idea de ofrecer asistencia a estas personas. Esta organización tenía un mandato de solo tres años, pero setenta años después sigue siendo la organización de referencia en el ámbito de la protección de personas refugiadas.

El ACNUR se encarga de interpretar y hacer cumplir el principal texto legal de protección de las personas refugiadas: la Convención de Ginebra, de 1951, y su Protocolo, de 1967. Se considera que una persona refugiada es “aquella persona que tiene temores fundamentados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, por pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas, que se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no puede o —a causa de estos temores— no quiere acogerse a la protección de este país”.

El principio en el que se basa esta convención es el de no devolución (non-refoulement), que afirma que una persona refugiada no tiene que ser devuelta a un país donde se enfrenta a amenazas graves contra su vida o a su libertad.

Sobre este concepto hay que destacar:

— La persona refugiada se encuentra fuera de su país de origen. Así, una persona que no ha salido de su país de nacionalidad no puede ser considerada refugiada.
El temor tiene que ser fundado, es decir, se tiene que basar en el sentimiento subjetivo de miedo de la persona, pero también en elementos del contexto político-social del país de origen que hagan que este miedo sea creíble. Es clave tener información contrastada sobre la situación del país de origen de la persona refugiada y, al mismo tiempo, atribuir veracidad a la historia de persecución que esta persona pueda contar.
— El concepto de persecución implica una violación grave de los derechos humanos básicos o una amenaza contra la vida o la libertad de una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas.

Así, los motivos por los cuales se puede sufrir una persecución no son solo políticos; hay otros: la raza (término que actualmente se asocia a las minorías étnicas, en relación con las que podríamos encontrar ejemplos de persecución como, por ejemplo, la persistencia del esclavismo en Mauritania o los malienses cuando pasan por Libia en dirección a Europa), la religión (como las persecuciones que sufren los coptos cristianos en Egipto o los rohinyás en Myanmar), la nacionalidad (como, por ejemplo, las personas que huyen de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia) y la pertenencia a un determinado grupo social. Este último motivo se ampliará más adelante, en la parte del reportaje sobre las persecuciones de género.

Actualmente más de la mitad de las personas refugiadas del mundo son niños

Las personas desplazadas incluyen colectivos con necesidades específicas de protección: los niños y las personas mayores. Actualmente más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo son niños. Muchos pasarán toda la infancia lejos de su hogar, en algunos casos separados de su familia. Además, algunos habrán presenciado o vivido actos de violencia. En el exilio quedan expuestos al riesgo de sufrir abusos, abandono, violencia, explotación, tráfico o reclutamiento militar.

Hay que asegurar que los menores no acompañados o separados de su familia sean atendidos y tengan acceso a los servicios que permitan ubicarlos y reunificarlos con su familia, que los recién nacidos estén registrados al nacer o que los niños con discapacidad reciban apoyo.

Otro colectivo especialmente vulnerabilizado es el de las personas mayores. Mientras se desplaza, este colectivo puede tener necesidades urgentes a causa de la falta de movilidad, de problemas en la vista o enfermedades crónicas como la artritis o el reumatismo. Eso puede conllevar dificultades para acceder a los servicios de asistencia, y, por lo tanto, es especialmente importante garantizar su seguridad y dignidad.

Las mujeres también son refugiadas: las persecuciones por motivos de género

El índice Global Burden of Armed Violence (GBAV), del 2014, revela que, entre los años 2007 y 2012, 60.000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo. La realidad es que las mujeres resultan especialmente afectadas por la pobreza y por fenómenos de violencia e incluso de mercantilización. En muchos lugares del mundo las mujeres son perseguidas por el mero hecho de serlo, y eso es lo que denominamos persecuciones por motivo de género.

Hay persecución por motivo de género cuando las violaciones de los derechos fundamentales tienen relación con el papel que se asigna a una persona por su orientación sexual o su identidad de género. Un informe de la International Lesbian and Gay Association (ILGA) del 2016 sobre la discriminación de las minorías sexuales afirma que en 72 países del mundo hay normativas que prohíben las relaciones homosexuales, y que en 13 estados pueden ser castigadas con la pena de muerte.

Ahora bien, esta persecución afecta especialmente a las mujeres a causa de la situación de desigualdad y del sistema de discriminaciones que han sufrido a lo largo de la historia. Con respecto al tema del refugio, el ACNUR calcula que actualmente en torno a la mitad de la población refugiada, desplazada interna o apátrida son mujeres.

Algunos casos de discriminación que podrían ser considerados una persecución y motivar, por lo tanto, la protección internacional son el feminicidio, las persecuciones por negarse a acatar normas, valores o costumbres sociales represivos (discriminaciones con respecto al derecho de sufragio, discriminación de los derechos y los deberes durante el matrimonio, matrimonios forzados, violación en el matrimonio, poligamia…), la violencia sexual en situaciones de conflicto, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y las persecuciones por orientación sexual e identidad de género.

En relación con las refugiadas y el trayecto desde su país de origen hasta el de destino, el ACNUR afirma que las mujeres y las niñas (especialmente las que viajan con niños y bebés, embarazadas, menores o mujeres solas) se enfrentan a grandes riesgos añadidos por su condición de mujer, como la extorsión y la explotación, la violación, el acoso sexual, el sexo de supervivencia para pagar a los intermediarios, el matrimonio precoz o forzado y el tráfico de seres humanos.

Durante la huida, las mujeres y las niñas se enfrentan a grandes riesgos añadidos

Por el camino, mientras esperan de noche en una frontera o en las estaciones de tren mal iluminadas, las mujeres y los menores refugiados pueden sufrir abusos sexuales. Durante el 2015 se registraron entre las mujeres sirias e iraníes que huían de su país maltratos físicos y explotación económica, violaciones y vejaciones a lo largo del trayecto.

Más concretamente, según diversas investigaciones contextualizadas (de Amnistía Internacional), las mujeres que se desplazan de Turquía a Grecia por los Balcanes sufrieron inseguridad o se sintieron amenazadas, especialmente en zonas de tráfico y en los campos de Hungría, Croacia y Grecia. Las mujeres que migran a Marruecos podrían explicar situaciones similares: muchos tramos se hacen a pie, durante largas jornadas que ponen en riesgo su vida.

¿De dónde huyen y hacia dónde van las personas refugiadas?

Según datos del ACNUR del 2018, el 67 % de las personas refugiadas procedían de cinco países: Siria (6,7 millones), Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,3 millones), Myanmar (1,1 millones) y Somalia (0,9 millones).

Muchas de estas personas viajan en flujos mixtos, donde confluyen personas migrantes y refugiadas que comparten las mismas rutas, se enfrentan a retos similares y arriesgan su vida en peligrosos viajes. Son dos ejemplos:

— La llamada ruta de los Balcanes, que recorren las personas refugiadas y migrantes de Afganistán, Irak o Siria en dirección a Austria, Turquía, los Balcanes o Alemania y a lo largo de la cual se enfrentan a detenciones arbitrarias, maltratos de las fuerzas de seguridad, abusos, explotación de los contrabandistas, devoluciones sumarias e incluso la muerte.
Centroamérica, donde miles de personas que intentan cruzar México son secuestradas o violadas o pierden la vida, ya que es uno de los viajes más peligrosos del mundo. Durante el trayecto están expuestas a sufrir abusos de los funcionarios de los servicios de migración, agentes de policía, militares, traficantes de seres humanos y bandas criminales, o bien sufren lesiones graves cuando intentan subir a un tren denominado La Bestia, que las transporta desde el sur de México hasta el norte.

Muchas personas intentan llegar a Europa por vía marítima desde Grecia, Italia y España, países que constituyen una verdadera “frontera sur”. Las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian expulsiones ilegales (prohibidas por los tratados internacionales y también por muchas legislaciones internas) de las autoridades del país, la falta de vías legales y seguras en las travesías, la falta de visados humanitarios y la necesidad de un programa de reasentamiento digno. Esta falta de vías legales y seguras conlleva que se tenga que recurrir a rutas peligrosas y a veces mortales: este 2019 ya han perdido la vida en el Mediterráneo 519 personas, lo que lo ha convertido en la ruta migratoria más peligrosa del planeta.

Actualmente el Estado español solo ha acogido a 2.792 personas de las más de 17.000 que se había comprometido a acoger

Los gobiernos a menudo han ignorado los mecanismos de reparto de personas refugiadas diseñados por la Comisión Europea (las denominadas cuotas de reubicación y reasentamiento). También han olvidado sus obligaciones legales y los imperativos humanitarios y, en cambio, han responsabilizado a quienes se dedican al tráfico de seres humanos de enviar a la muerte a miles de personas.

Hoy por hoy el Estado español solo ha acogido a 2.792 personas de las más de 17.000 que se había comprometido a acoger. En este contexto es preocupante la actual criminalización de las personas y las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes y refugiadas. En este sentido, hay que destacar el Código de conducta para operaciones en el Mediterráneo que aprobó el Gobierno italiano en agosto del 2017 y que cuestiona el papel de las ONG que operan en esta zona, y también el hecho de multar a barcos humanitarios que llegan a la costa con personas refugiadas.

Los países de acogida y la acogida

La mayoría de las personas refugiadas no llegan a las costas europeas, sino que se quedan en los países fronterizos con el conflicto del que han tenido que huir. Eso es así, y, sin embargo, los titulares de los medios de comunicación hablan de números alarmantes de personas refugiadas que intentan llegar a la Unión Europea (“El cambio climático, detrás de la última oleada de refugiados en Europa”, “La inmigración escala posiciones en la lista de problemas de los españoles”, “La crisis de los refugiados reabre la brecha entre Oriente y Occidente”…) y difunden una visión alarmante del fenómeno migratorio.

Es habitual oír discursos sobre “oleadas” de personas refugiadas que intentan llegar a nuestras costas, la “invasión” de personas migrantes o la brecha insalvable entre Oriente y Occidente. Estos relatos estereotipan la imagen de las personas refugiadas y les ponen la etiqueta de pobres y a menudo de criminales, pero los datos muestran una realidad muy diferente, que no refleja la ola migratoria hacia Europa.

En el 2018, cuatro de cada cinco personas refugiadas vivían en los países fronterizos con el conflicto del que habían huido. De hecho, los países que acogían a la mayoría de las personas refugiadas del mundo eran los siguientes: en primer lugar, y por quinto año consecutivo, Turquía (3,7 millones); en segundo lugar, Pakistán (1,4 millones), y en tercer lugar, Uganda (1,2 millones). Solo si bajamos hasta la quinta posición, encontramos un país europeo: Alemania (1,1 millones).

Los países que acogen a la mayoría de las personas refugiadas del mundo son Turquía, Pakistán y Uganda. En quinta posición se sitúa el primer país europeo: Alemania

Estas cifras contrastan con las 637.895 personas que durante el 2018 solicitaron protección internacional en el conjunto de países que integran la Unión Europea, un número bastante pequeño si pensamos que la Unión Europea está configurada por 28 países y si lo comparamos con los más de tres millones de personas refugiadas que acoge, por ejemplo, Turquía.

La situación en el Estado español y los circuitos legales

Según el Informe del 2019 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el 2017 pidieron protección internacional en España 31.120 personas, y el año 2018, 54.065, el mayor número de solicitudes de asilo nunca presentadas. De estas personas solicitantes de asilo el 43 % eran mujeres y el 57 % hombres. Y los tres principales países de origen eran Venezuela, Colombia y Siria.

¿Qué ocurre cuando una persona pide asilo en España? Se inician dos procesos paralelos:

La tramitación de la solicitud y la decisión sobre si a la persona se le concede protección internacional. El órgano responsable de este proceso es el Ministerio del Interior.
En la entrevista a la persona que pide protección, esta explica los motivos por los que huyó de su país de origen y, sobre todo, por qué no puede volver a él.
La persona en cuestión debe aportar toda la información que pueda sobre su país de origen con el fin de dar credibilidad al relato sobre su persecución y sus temores.
Una vez analizada toda la documentación, y tras valorar la entrevista, el Ministerio del Interior decide si la persona es merecedora de la protección o no puede ser considerada refugiada.
En el ámbito europeo, que tiene una política de asilo común, funciona el denominado sistema de Dublín, un acuerdo de los estados miembros de la Unión Europea que establece a qué estado corresponde examinar una solicitud de asilo según las circunstancias de acceso a los países miembros —normalmente el país a través del que la persona accedió a la Unión Europea. Se firmó en 1990 y fue ratificado por el Estado español en 1995.

— Una vez la persona está en España, es el momento de la acogida y la inclusión. El órgano responsable de este proceso es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Este ministerio dispone de un programa de acogida para personas solicitantes de asilo y refugiadas que no tienen recursos para cubrir sus necesidades.
Este programa, que se desarrolla durante un año y medio, consta de tres fases: la acogida, la integración y la autonomía. Se ponen a disposición de las personas refugiadas dispositivos de acogida temporales para cubrir sus necesidades básicas, cursos de idiomas y algunas prestaciones para que puedan acceder a una vivienda estable (el pago temporal del alquiler, de la fianza, de los suministros y la manutención) y fomentar su integración laboral (mediante becas, formación ocupacional y el pago de matrículas, de las cuotas de jardines de infancia y del transporte).

El papel de los gobiernos locales y la sociedad civil en la acogida

En los últimos tiempos, algunos gobiernos locales y la sociedad civil se han convertido en agentes clave en la acogida de las personas refugiadas. Hay que tener en cuenta que las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional sin recursos pueden acceder al programa de atención estatal. Pero muchas quedan excluidas de él, por varios motivos:

— Por haber sido devueltas a España en aplicación del sistema de Dublín, descrito en el apartado anterior.
— Porque pertenecen a un determinado grupo social, por su estado de salud o la orientación sexual, que desaconsejan alojarlas en albergues colectivos, o bien porque su vínculo con la ciudad las ha hecho renunciar al destino fijado por el programa de atención estatal.

Las ciudades y los municipios no tienen competencias para decidir si una persona es refugiada o no, ya que esta competencia es de los estados. Pero sí tienen un papel importante con respecto a la acogida, ya que son la Administración más próxima a las personas refugiadas y la que las acoge y las integra. El año 2015 supuso un punto de inflexión, y desde entonces la red de “ciudades refugio” (en Barcelona, materializada en el programa “Barcelona, ciudad refugio”) ha reclamado un papel protagonista de las ciudades en la acogida de personas refugiadas.

Barcelona, como otros municipios, participa en el proceso de acogida de las personas refugiadas y solicitantes de asilo desde el primer día: las integra en los barrios y en su vida cotidiana social y cultural, y atiende a los niños escolarizados en centros educativos de la ciudad o a las personas usuarias de la sanidad pública y los servicios sociales. También las atiende más adelante, cuando se tienen que incorporar al mercado laboral y desarrollarse con autonomía, y las integra a largo plazo si no se dan las condiciones para que puedan regresar a su país de origen.

Para las personas excluidas del programa de atención especial, Barcelona puso en marcha el programa Nausica, que ofrece una vivienda temporal y una intervención especializada a personas o familias que han sido solicitantes o beneficiarias de protección internacional y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de exclusión social y no han podido acceder al programa estatal.

Todo este trabajo de inserción no sería posible sin la colaboración de distintas entidades de la ciudad. La Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja Cataluña, Accem, Bayt al-Thaqafa, por ejemplo, hace años que trabajan para integrar a las personas migrantes y refugiadas y que luchan por sus derechos. También desempeñan tareas de difusión del derecho de asilo y de denuncia de la violación de este derecho y de la situación de vulnerabilidad que sufren las personas refugiadas.

Contenido elaborado por el Centro de Recursos en Derechos Humanos