Según muestra la Memoria de Contratación Pública Sostenible 2019, más del 88 % de los contratos públicos incluyen cláusulas sociales, ambientales o destinadas al fomento de la innovación. El estudio constata un aumento en la incorporación de cláusulas sociales respecto al 2018 de más del 46 % en las adjudicaciones de distritos y gerencias, y superior al 30 % en los entes del Grupo Municipal.
Son cláusulas que promueven la mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan para la empresa en la ejecución del contrato, la aplicación de planes de igualdad, la accesibilidad universal, la incorporación de personas en paro con dificultades de reinserción o en riesgo de exclusión social o la retribución por objetivos, así como la aplicación de mejoras en la sostenibilidad medioambiental como las que prevé el contrato de comedor de las escoles bressol, para introducir productos de agricultura ecológica y de proximidad, o las incluidas en la contratación de la flota de vehículos, como la adquisición de vehículos más sostenibles.
El alto porcentaje de contratos con medidas de contratación pública sostenible es el resultado de la implantación de la estrategia municipal iniciada en el 2016 con la publicación de las guías de contratación pública sociales, ambientales y de innovación y la aprobación, en el 2017, del primer Decreto de alcaldía de contratación pública sostenible. Los datos muestran que, dos años después de aprobarse el decreto, todos los entes y organismos que forman el Grupo Ayuntamiento (gerencias, distritos y entes dependientes) incorporan estas medidas en las licitaciones de manera regular y transversal.
Menos contratos menores
Por otra parte, la Memoria de Contratación Pública 2019 del grupo municipal (Ayuntamiento y entidades municipales) muestra también que los contratos menores han perdido peso en los últimos tres ejercicios y han pasado del 16,41 % del importe total ejecutado en el 2017 al 8,8 % en el 2019. El descenso es especialmente importante el último año, en el que se redujeron significativamente tanto el número de contratos (12.152 contratos menos) como el importe ejecutado, con una reducción de 47,6 millones de euros.