El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, participó en la 166ª Sesión Plenaria del Comité Europeo de las Regiones celebrada el 14 de mayo en Bruselas para defender el dictamen “El papel de las ciudades y las regiones en el Plan de Vivienda Asequible de la UE”, que fue aprobado. Jaume Collboni -acompañado por la comisionada de Asuntos Europeos, Mar Jiménez– es el primer alcalde de Barcelona que interviene como ponente en el Plenario del organismo, y en la sesión también participó la italiana Irene Tinagli, presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la UE del Parlamento Europeo.

En su intervención, el alcalde destacó que “hoy damos un paso de gigante” para hacer “una auténtica política europea de vivienda” con la aprobación del dictamen, y que lo que está en juego en Europa es “el derecho a vivir en nuestras ciudades, a no sentirse expulsado, a fundar una familia, un proyecto de vida en la ciudad que nos ha visto nacer, a preservar nuestra identidad plural y diversa, de nuestros barrios, de nuestro comercio, del estilo de vida europeo”.

Collboni remarcó que en “toda Europa nos enfrentamos a una auténtica crisis social de la vivienda nunca vivida antes, que no solo impacta en el derecho básico de tener un techo para los más vulnerables, sino que también afecta a millones de familias trabajadoras y de la clase media urbana europea”… “el mensaje es claro: no podemos fallar, debemos estar a la altura”, y finalizó recordando que “este debe ser el mandato europeo de la vivienda”.

En cuanto al dictamen, el alcalde expresó que “propone una hoja de ruta: más fondos para la construcción y rehabilitación de vivienda protegida y asequible, mejores regulaciones y más capacidad de decisión para las ciudades”, y parte de dos premisas: “hay que garantizar el derecho a la vivienda como derecho universal y hay que hacerlo ya, no podemos esperar; y debemos hacer valer el principio de subsidiariedad: lo que se pueda resolver a nivel local y regional, debe resolverse a nivel local y regional”.

En concreto, Collboni reclamó que “necesitamos más recursos ya, no podemos esperar a 2028, y mientras tanto, debemos utilizar todos los instrumentos que están a nuestro alcance”, como los fondos Next Generation no reclamados y la actual revisión de la Política de Cohesión, que es un instrumento fundamental a largo plazo.

En cuanto a la regulación, puso en valor que en Barcelona se están cambiando las reglas del juego, y destacó que el dictamen propone la reforma de las ayudas de Estado para ampliar el público objetivo de las políticas públicas de vivienda; la ampliación de las restricciones al alquiler de corto plazo en mercados de vivienda tensionados, y la ampliación de la definición de vivienda asequible.

“Las ciudades somos la zona cero de la crisis de la vivienda, y por tanto, debemos ser la zona cero de la solución”, dijo el alcalde, remarcando que “este Dictamen es, sobre todo, una mano tendida a la Comisión, al Consejo y al Parlamento: aquí estamos las ciudades y las regiones dispuestas a trabajar por una solución europea a un problema europeo”.

Comité Europeo de las Regiones: un espacio de incidencia política para los gobiernos locales en la UE

A finales de 2023, el alcalde Collboni fue designado por la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como uno de los cuatro miembros de las corporaciones locales españolas para formar parte de la asamblea política del Comité de las Regiones (CdR).

La función del Comité es presentar los puntos de vista locales y regionales en la legislación de la UE y lo hace emitiendo dictámenes sobre las propuestas de la Comisión Europea. La Comisión Europea y el Consejo de la UE deben consultar al Comité en cuestiones de importancia directa para las autoridades locales y regionales, y pueden pedir su opinión siempre que lo deseen. Por su parte, el Comité puede emitir dictámenes por propia iniciativa y presentarlos a la Comisión Europea, al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo.

Los miembros del CdR son propuestos por los Estados miembros y nombrados oficialmente por el Consejo de la UE por un periodo de cuatro años renovables. La representación española está formada por 21 miembros: 17 representantes autonómicos (y el mismo número de suplentes) y cuatro representantes de los entes locales (con sus respectivos suplentes).