Economia Social i Solidària

David Guàrdia i Mascó, responsable de la sección del cooperativismo de vivienda en cesión de uso de la Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña (habicoop) y miembro de la sectorial de vivienda cooperativa en cesión de uso de la Red de Economía Solidaria, analiza la historia, el futuro y los retos del cooperativismo de vivienda en cesión de uso. La integración de políticas y la agilización de procesos pueden acelerar el acceso a la vivienda de las clases populares.

El cooperativismo de vivienda no es algo nuevo, pero ha evolucionado mucho en los últimos años. ¿Por qué crees que ha evolucionado el perfil del cooperativismo de vivienda?

Desde principios de siglo XX, la existencia del cooperativismo de vivienda ha tenido como objetivo dar respuesta a las necesidades de vivienda de las clases populares con una lógica de ayuda mutua. Eso ha evolucionado, de la misma forma que han cambiado las políticas de vivienda y la sociedad. En su momento, la principal opción era la propiedad y, por lo tanto, se entendía que debía garantizarse el acceso a una vivienda en propiedad.

En el momento en que la vivienda en propiedad también puede acabar siendo un bien especulativo y de inversión, como se ha demostrado hoy en día, hemos evolucionado hacia modelos de tenencia diferentes. Y por eso nace el movimiento cooperativo en cesión de uso, que es como una especie de cooperativismo de alquiler a largo plazo.

¿Qué ventajas tendría este cooperativismo de cesión de uso versus la propiedad?

La vivienda de alquiler, que en teoría tendría que permitir acceder a una vivienda asequible, desgraciadamente y por muchos motivos ha generado mucha vulnerabilidad y dificultad de acceso. Mucha gente entiende que, si tiene capacidad de ahorro, la vía para garantizar este derecho es la propiedad.

Aquí es donde decimos: “Escucha, es posible la vivienda cooperativa en cesión de uso, que es un modelo muy similar a lo que podría ser como un alquiler de renta antigua”. De por vida o a largo plazo. Queremos un modelo que tenga lo positivo que hasta ahora se asociaba a la compra, que es la estabilidad, y lo positivo del alquiler, que es evitar la especulación o entender la vivienda como bien de inversión de la persona que vive en ella.

¿Y cómo funciona?

La cooperativa, una entidad de base democrática y sin ánimo de lucro, es la propietaria de los inmuebles, y las personas socias pagan una cuota mensual, como si fuera un alquiler, a la cooperativa a precio de coste. Este es el elemento importante.

La cooperativa, además de ser la propietaria, es quien invierte y financia: si alguien pide una hipoteca, es la cooperativa. Ya sea para una obra nueva o para adquirir un edificio o una masía en un entorno rural. Y esta se cubre con las aportaciones regulares mensuales que pagan las personas socias. El coste de esas cuotas mensuales no irá en función del mercado del barrio donde vive con una lógica especulativa, sino en función del coste real. A la hora de financiar, priorizamos fianzas éticas y cooperativas: Coop57, Fiare Banca Ética, etcétera. También banca pública, como el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que realiza muchas operaciones de este estilo.

¿Por qué ha cogido impulso este modelo en los últimos años y cómo se perfila el futuro?

En el caso de la ciudad de Barcelona, ha sido clave no solo que sea visto como una política de vivienda, sino también la intervención de la Dirección de Servicios de Economía Cooperativa, Social y Solidaria del Ayuntamiento de Barcelona. Eso ha permitido entender la vivienda cooperativa como un sector estratégico y tractor en la generación de mercado social y, por lo tanto, cooperativas de arquitectos, comercializadoras de energía verde, también empresas de inserción en el sector de la construcción, fianzas y seguros éticos…

Sin embargo, para fortalecerlo, faltan un par o tres de pasos. Debe velarse porque cuando haya suelo público las entidades estén alineadas con la economía social y solidaria (ESS) para preservar el modelo sin ánimo de lucro. Por otra parte, tiene que haber más agilidad en el proceso de cesión de suelo, porque a veces los procesos son mucho más lentos de lo que todos querríamos. Y, por último, haría falta complementar la política de vivienda e ir hacia políticas integrales, como en el caso del ámbito fiscal o las ayudas.

Actualmente, en la ciudad hay varias iniciativas ya en convivencia o cerca. Princesa49, La Borda, La Xarxaire, La Chalmeta, Cirerers y La Balma. ¿Qué podemos aprender de estas iniciativas?

Permite toda una dimensión social que de otra forma no sería posible. En primer lugar,  vemos la dinámica comunitaria que se genera por algunos de ellos. En segundo lugar, la apuesta por la innovación y la sostenibilidad de muchos de estos proyectos. Algunos han ganado premios y son proyectos innovadores con elementos como, por ejemplo, instalaciones centralizadas con estructuras de madera o con diseños arquitectónicos que han sido merecedores de reconocimientos diversos; eso también hay que ponerlo en valor en el contexto de emergencia climática en el que estamos.

Y, además, también crean mercado social a través de los locales cooperativos de los edificios. Estos proyectos dinamizan un tejido económico diferente al que estamos acostumbrados. También se impulsan iniciativas de autoconsumo compartido de producción de energía fotovoltaica y de autoconsumo compartido entre las personas socias.

Desde la Federación de Cooperativas de Viviendas de Cataluña (habicoop) y la Red de Economía Solidaria (XES), estáis haciendo incidencia política, que, entre otros, se ha concretado presentando una propuesta de resolución al Parlamento para consolidar el modelo de cesión de uso en Cataluña y potenciar la alianza pública cooperativa. ¿Qué puedes explicarnos de eso y otras acciones de incidencia y sensibilización?

Es clave la vertebración para tener espacios de representación e intercambio y de incidencia a nivel general. Como el modelo está en construcción, eso ha generado y genera una dedicación de recursos muy importante a este trabajo de vertebración, de incidencia, de trabajo. No existe un marco todavía de políticas públicas global, integral, coherente y complementario. Lo estamos creando. La buena colaboración entre la Federación y la XES, que entre las dos agrupan la práctica totalidad del sector, ayuda a fortalecer este trabajo.

Estamos en un momento dulce porque se están dando pasos muy significativos. Por un lado, varios ayuntamientos dan apoyo con cesión de suelo y bonificaciones fiscales de ámbito local. Por otro, la interlocución con la Generalitat y la Dirección General de Economía Social y Solidaria, el tercer sector y las cooperativas y otros departamentos como Vivienda o Economía va facilitando la implementación de diferentes políticas públicas. Por ejemplo, este año han salido ya las ayudas HabitatCoop y también las ayudas de vivienda social.

Ahora bien, actualmente la vivienda cooperativa en cesión de uso se ve penalizada por impuestos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Estamos trabajando con el Departamento de Economía y otros para intentar que nuestra actividad no se vea penalizada frente a otros modelos.

En noviembre de 2020 el Ayuntamiento de Barcelona presentó la alianza con promotores sociales y cooperativos para construir un millar de viviendas asequibles. ¿Cómo lo valoras?

Es una apuesta potente por parte del Ayuntamiento. La cesión de uso tiene un reconocimiento, un rol y un peso significativo en el marco de este convenio, que está pensado para agilizar procesos justamente para la adjudicación directa en convenio con la Federación y la XES. También hace una apuesta a largo plazo, no es una política pública puntual. Sin embargo, ha arrastrado una implementación más lenta de lo que querríamos, tanto del propio convenio como de los propios suelos.

La Red de Municipios por la Economía Social y Solidaria (XMESS) también está trabajando en la promoción de la vivienda cooperativa en cesión de uso. ¿Por qué crees que es relevante? ¿Qué ejemplos más allá del Ayuntamiento de Barcelona se ven?

Para que el modelo crezca es clave la implicación del mundo local y la distribución por todo el territorio. En este sentido, la Red de Municipios por la Economía Social y Solidaria tiene un papel primordial, como entidad de base municipalista. Está siendo una vía de entrada de formación, de difusión, de sensibilización del modelo. Muchas veces, los ayuntamientos necesitan encontrar referentes, y, en este sentido, la XMESS está haciendo un buen papel.

También municipios como Palafrugell, Lleida o Martorell, que están haciendo una apuesta por la adquisición de edificios por la vía de bienes de retracto. O la apuesta también de otros ayuntamientos para hacer licitación de suelo público o adjudicación, como Manresa o Palamós. Y proyectos singulares sobre suelo privado como el de Cardedeu, que es el mayor del país en suelo privado. O Calonge, donde el Ayuntamiento se ha implicado para movilizar un edificio vacío en medio de la ciudad, Sant Cugat, con un proyecto basado en la autoconstrucción, la recuperación de patrimonio y el impulso de propiedad rural en proyectos como el de Can Carner en Castellar del Vallès, o de recuperación de patrimonio del casco antiguo como el de Titaranya de Valls…

¿Cómo ves el futuro inmediato y qué haría falta para continuar y acelerar estos avances?

Debería fortalecerse el sector también desde la Administración pública y, por lo tanto, tiene que haber entidades representativas que hagan seguimiento, pero también de asesoramiento a cooperativas, entidades municipalistas, grupos de personas que quieren impulsar este tipo de proyectos y otras administraciones. Y para eso todavía falta un paso, nos falta avanzar en esa dirección.

Falta también, pues, que estas políticas públicas sean permanentes, más estables, conocidas y anticipadas. Debemos tener en cuenta que una promoción de una obra nueva puede implicar, perfectamente, seis años.

Por otra parte, un reto sería la captación de suelo privado. Que haya cesión de suelo público en forma de superficie es primordial, pero el suelo público también es muy limitado. Es necesario que la Administración ponga instrumentos y recursos para ayudar a las cooperativas a adquirir suelo o patrimonio privado. Incentivos como el derecho de tanteo, ayudas a las cooperativas para la adquisición y dotación de este tipo de inmuebles y otras políticas públicas que faciliten aumentar el parque de vivienda social y asequible, que no esté regido por criterios de mercado.

Y es necesario desarrollar mucho más el modelo de cooperativismo de vivienda en cesión de uso, regularlo y blindarlo. Cuando se utiliza suelo privado, ¿qué impide que al cabo de 10 años se transforme este régimen por un cambio en los estatutos de la cooperativa aprobado en asamblea? El sector estamos ultimando una propuesta para modificar la ley de cooperativas y garantizar el interés general de todos los proyectos: estén en suelo público o privado.