El pasado 14 de diciembre, el Parlamento aprobó la Ley de ciencia de Cataluña, una medida para consolidar la posición líder de la autonomía y fortalecer el modelo propio del Sistema de I+D+i proveyéndolo de herramientas jurídicas y económicas necesarias para hacer frente a los nuevos retos globales. La ley apuesta por garantizar una ciencia al servicio de la sociedad, democrática y feminista que pone énfasis en la innovación, la sostenibilidad, la cohesión social y el equilibrio territorial. La Ley también dota al sistema de conocimiento de un marco de gobernanza propio e incorpora medidas de estabilización del personal de I+D+i.
El consejero de Investigación y Universidades, Joaquim Nadal i Farreras, ha valorado la aprobación por parte del pleno del Parlamento de Cataluña de la Ley de la ciencia de Cataluña (LCC), la primera que se aprueba esta legislatura, como “un paso muy importante y determinante para diseñar, definir y aplicar una estructura al sistema catalán de investigación, desarrollo e innovación que va a repercutir muy positivamente en los diferentes agentes del sistema”. Además, Nadal ha destacado que es un marco claro para vincular la ciencia y todas sus vertientes en la construcción de una sociedad que vela por la dignidad, la igualdad y el bienestar conjunto de la ciudadanía de Cataluña.
La LCC fija el objetivo de converger con los estándares de inversión pública y privada en investigación de los países líderes de la Unión Europea. Con ello, se protege por primera vez el porcentaje de inversión de la Generalitat en I+D+i hasta 2031 en el 1% del PIB y apuesta por consolidar una financiación específica de la investigación con un incremento de financiación pública y privado de la búsqueda de 305 millones de euros.
La nueva ley pretende seguir avanzando sin vocación intrusiva y, por ello, prevé que en los próximos seis meses se definan cuatro importantes planes rectores para el sistema de conocimiento del país: un plan estratégico universitario en investigación y transferencia de excelencia, una estrategia de igualdad de género en la ciencia, una estrategia de ciencia abierta, una estrategia de innovación y transferencia de conocimiento.
Otro elemento a destacar es que la normativa dota al sistema de un marco de gobernanza propio: una comisión interdepartamental de Investigación e Innovación (CIRI), un órgano colegiado que coordinará los departamentos con actividad en I+D+i que definirá las líneas de financiación pública; un Consejo para la Investigación y la Innovación de Cataluña (CORICAT), un órgano consultivo del Gobierno para tomar las grandes decisiones estratégicas; y el Consejo del Mecenazgo en Investigación, Desarrollo e Innovación de Cataluña, que tendrá como misión actualizar la política de mecenazgo para mantener la efectividad. En este ámbito, la LCC también blinda el régimen jurídico de instituciones clave para el modelo de ciencia de Cataluña, como la Institución CERCA, la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) o la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), entre otras.
Esta propuesta es un nuevo paso para diseñar, definir y aplicar una estructura al sistema catalán de investigación, desarrollo e innovación que intentará ayudar a que el sistema y las personas que trabajen tengan mejoras para afrontar los retos del presente y el futuro.