El Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y el Ayuntamiento de Barcelona han firmado un convenio de 140 millones de euros (70 millones de euros cada entidad) para financiar las obras de rehabilitación y construcción de vivienda social de alquiler y en covivienda, que promuevan fundaciones y cooperativas en cesión de uso. El acuerdo presentado por Rosario Casero, directora general de Negocios del ICO, Jordi Òliva, consejero delegado del ICF, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene como objetivo dotar a las cooperativas y las fundaciones seleccionadas por el Ayuntamiento del acceso a financiación para que puedan desarrollar los proyectos de rehabilitación y construcción, potenciando así la colaboración público-privada.
Este acuerdo, pionero en el apoyo a políticas de vivienda y en la colaboración con entidades sin ánimo de lucro, contribuirá a ampliar con 1.000 viviendas el parque de vivienda social en un período máximo de 10 años, de los cuales el 60% se destinarán al alquiler asequible y el 40% a covivienda. Las operaciones de financiación cubrirán hasta el 100% del coste del proyecto con el límite máximo del valor de tasación excluido del suelo y en función de los módulos vigentes. Con carácter orientativo, el límite para 2022 se establece en 120.000 euros por vivienda.
Esta línea de 140 millones de euros (de los que cada entidad aporta el 50%) abierta por el ICO y el ICF se destinará a financiar las actuaciones tanto de rehabilitación como de nueva construcción que estén promovidas por cooperativas en cesión de uso y fundaciones seleccionadas por el Ayuntamiento en el convenio ESAL. Las entidades pueden devolver el préstamo en un plazo de hasta 30 años.
Acuerdo innovador para la economía social
Se trata de un acuerdo pionero entre las tres partes, que se han unido por vez primera para promover proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda desarrollados por la economía social. El convenio también es una apuesta por un modelo de colaboración público-privada que garantiza la propiedad pública del suelo, con fórmulas alternativas a la propiedad plena (alquiler y covivienda) y que tienen por objetivo una política de vivienda más colaborativa, en largo plazo y que facilite el acceso a vivienda asequible.
En el marco del convenio suscrito con el ICO y el ICF, el Ayuntamiento de Barcelona apoyará con la garantía a las operaciones y, consiguientemente, facilitará que las cooperativas en cesión de uso y fundaciones accedan a la financiación en una apuesta por políticas de vivienda social innovadoras. Con esta garantía, el Consistorio facilita el acceso a la financiación a estas entidades, mejorando su calidad crediticia. Éste es un acuerdo innovador porque contempla el apoyo municipal a operadores sociales sin ánimo de lucro para garantizar la financiación en las mejores condiciones. También es un acuerdo muy relevante por la magnitud del importe económico acordado.
Este convenio contribuye a resolver una de las principales dificultades de estos proyectos, que es el acceso a la financiación, así como a reducir los costes para los ciudadanos, y se enmarca en diferentes acciones del Ayuntamiento de Barcelona para facilitar esta financiación. Las actuaciones financiadas en el marco de este convenio responden a criterios de sostenibilidad social, ya que el proyecto busca responder, haciendo partícipes a entidades sin ánimo de lucro, a la necesidad de promover vivienda protegida asequible en Barcelona. Además, desde el punto de vista medioambiental, cabe destacar que los proyectos arquitectónicos a los que se otorgue financiación deben incorporar mejoras energéticas y otras medidas que reduzcan la huella ecológica y limiten los elementos contaminantes, de acuerdo con lo que establece el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.
Convenio ESAL
El convenio ESAL, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, tiene por objetivo impulsar un modelo de vivienda que facilite la creación de vínculos comunitarios y colaborativos, así como formas de consumo y construcción más sostenibles. En el marco de esta medida (en la que participan la Asociación de Gestores de Políticas Sociales de Vivienda de Cataluña, la Federación de Cooperativas de Vivienda HABICOOP, la Red de Economía Social Solidaria (XES), y la Coordinadora de Fundaciones de Vivienda Social (COHABITAC) ), el Consistorio cede gratuitamente suelo y edificios municipales a rehabilitar en derecho de superficie a 99 años y otorga subvenciones municipales (entre el 7% y el 15% del coste de construcción o rehabilitaciones) a promotores sociales, cooperativas en cesión de uso y fundaciones, para la construcción o rehabilitación de vivienda en régimen de alquiler y de co-vivienda. Esta medida permite también garantizar la propiedad pública permanente de los suelos cedidos.