En la Unión Europea una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual, según muestra un estudio elaborado por la FRA (la Agencia de los derechos fundamentales de la Unión Europea). Ahora, el Parlamento Europeo (PE) ha dado un paso firme para abordar esta violencia de género a escala comunitaria.
El pasado 16 de septiembre, el pleno del Parlamento, con 427 votos a favor, 119 en contra y 140 abstenciones, pidió a la Comisión Europea que elaborara una directiva comunitaria para hacer frente a la violencia y las discriminaciones por razón de género (es decir, la que sufren niñas, mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+). Con esta directiva global, se tendrían que aplicar las normas del Convenio de Estambul y otras normas internacionales, como las recomendaciones del Comité por la Eliminación de ls Discriminación contra la Mujer.
Más específicamente, los y las eurodiputadas han instado a la Comisión a que defina la violencia de género como un nuevo ámbito delictivo: “un delito particularmente grave y con dimensión transfronteriza”. Han pedido que eso se haga siguiendo el Artículo 83(1) del Tratado de la Unión Europea, por el cual se establece que hay delitos que se deben combatir con criterios comunes en todos los estados de la UE como la ciberdelincuencia, el terrorismo, o el tráfico de personas.
Otro aspecto que se subrayó fue la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, que como os explicábamos previamente en un artículo, son derechos humanos que tienen como finalidad que todo el mundo pueda vivir libre de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Éstos garantizan que podamos expresar y disfrutar nuestras sexualidades y placeres, así como escoger qué hacer con nuestros cuerpos sin discriminaciones ni violencias. Eso implica que todo el mundo reciba información esmerada sobre estos derechos y que pueda acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, como el aborto legal y seguro.
El texto del Parlamento recuerda que la denegación de estos derechos, que se han visto fuertemente golpeados por la pandemia, constituye una forma de violencia de género y no respeta los derechos humanos de las mujeres, niñas, y de las personas no binarias y trans.
Otra de las motivaciones recogida al texto es la constatación de que “la violencia de género sigue sin denunciarse suficientemente a la Unión; dos terceras partes de las víctimas no lo hacen”.