En Barcelona apostamos por fomentar la autonomía de las personas para hacer posible su salida de la pobreza y la exclusión superando la lógica del asistencialismo. Disponer de trabajo ya no garantiza salir de la pobreza, pues un mercado laboral que cada vez excluye y precariza a más gente y un mercado de vivienda que impone obstáculos económicos draconianos a los hogares están provocando un rápido crecimiento de trabajadores y trabajadoras pobres. Al mismo tiempo, la falta de un apoyo estructural condena a buena parte de la población a la exclusión. Por eso, la garantía de rentas se convierte en una medida clave, también y sobre todo a escala municipal. No existen soluciones individuales a problemas estructurales. ¿Cómo se puede pensar en el futuro cuando las necesidades cotidianas no están resueltas? ¿Cómo se puede emprender cuando no se dispone de las bases materiales que ofrezcan una mínima seguridad?
Con el fin de responder a estas preguntas, Barcelona está implementando un proyecto piloto, el B-MINCOME, que combina un conjunto de políticas innovadoras y pioneras dirigidas a combatir la pobreza y la exclusión en zonas desfavorecidas de la ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros, de los cuales cinco provienen del programa Urban Innovative Actions de la UE y doce del Ayuntamiento de Barcelona. El proyecto pretende evaluar la eficiencia y la eficacia de combinar una política pasiva en forma de una ayuda económica —el apoyo municipal de inclusión (SMI en catalán) — con cuatro políticas activas en la formación y el empleo, la economía social y solidaria, las ayudas al alquiler de habitaciones y la participación comunitaria. Desde finales del 2017, el SMI es una realidad para 950 unidades familiares de diez barrios del Eje Besòs que indirectamente beneficia a 3.761 personas.
Aunque de forma preliminar, las primeras evaluaciones muestran que gracias al SMI las personas beneficiarias experimentan una disminución del estrés y las preocupaciones materiales más inmediatas, así como una mejora de su bienestar general. Las evidencias recogidas también indican que las personas participantes priorizan incrementar su formación para no tener que depender de las ayudas públicas en el futuro. Recibir el SMI les permite dedicar su energía a construir, aprender y establecer vínculos que creen red y aumenten su empoderamiento. El despliegue de las cuatro políticas activas que complementan esta renta es también fundamental, sobre todo, por su intervención en el territorio y por la posibilidad que brindan a las personas participantes de reforzar su vinculación, participación y cohesión con sus barrios y las redes sociales y comunitarias que operan en ellos.
El B-MINCOME está atrayendo la atención de otras ciudades de Europa, ya que permitirá conocer si la puesta en marcha de rentas mínimas municipales tiene efectos positivos en la reducción de la pobreza y la exclusión y la dinamización de zonas desfavorecidas. Este proyecto nació para innovar y mejorar en políticas sociales a partir de la evidencia empírica. De este modo, los conocimientos que se extraigan ayudarán a avanzar hacia un nuevo modelo de políticas sociales que priorice el empoderamiento de las personas dotándolas de más y mejores recursos que les permitan abandonar las diferentes formas de pobreza y exclusión en que viven. Barcelona se convierte así en una ciudad pionera y referente en la innovación social y en la lucha contra las desigualdades.
En este número de la revista Barcelona Societat, las autoras y los autores nos ofrecen varias visiones sobre diferentes aspectos de las políticas de renta. Planteamientos que estuvieron muy presentes en la gestación del proyecto B-MINCOME, pero también en otras medidas impulsadas por el Gobierno municipal para transformar la forma en que los servicios sociales apoyan a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Este monográfico aporta elementos de debate a través de la reflexión teórica y la evaluación de políticas con el fin de eludir los tópicos o los apriorismos ideológicos que, en última instancia, obstaculizan la posibilidad de mejorar las herramientas de lucha contra la pobreza y la exclusión y, en definitiva, avanzar en la garantía de derechos.
Laia Ortiz
Teniente de alcaldía de Derechos Sociales
Ajuntamiento de Barcelona
