La llegada de personas extranjeras a Barcelona con el objetivo de desarrollar un proyecto vital en la ciudad no es nueva. Durante el siglo XX las personas que llegaban a la ciudad lo hacían esencialmente desde otras partes del territorio español. A partir de la década de los 80 es cuando empieza a llegar un número significativo de personas de América Latina y del norte del continente africano. Es en este contexto cuando nace el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER) de Barcelona, con el objetivo de dar apoyo en la llegada y acogida a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en la ciudad.
Han pasado más de treinta años desde entonces, durante los cuales los cambios que se han producido en la ciudad en este ámbito han sido profundos y estructurales. Mientras que en el año 2000 había empadronadas en Barcelona en torno a 46.000 personas de origen extranjero, un 3,5 % de la población barcelonesa, en 2020 eran 360.000 personas, cifra que representa más del 21 % del vecindario.
Así, los retos que las políticas y los servicios municipales han tenido que afrontar en el ámbito de las migraciones y el refugio han sido cambiantes. Aunque formalmente las administraciones locales no tienen competencias en materia de inmigración y refugio, los municipios son responsables de dar apoyo y acompañar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, independientemente de su origen. Es por eso que, más allá de la legislación de ámbito estatal, las políticas y los servicios públicos dirigidos a gestionar la llegada de población extranjera solo pueden concebirse e implementarse adecuadamente si se hace desde el ámbito local y urbano.
La ciudad de Barcelona tiene una larga trayectoria en el impulso de políticas y servicios públicos dirigidos a la acogida de las personas migradas y refugiadas. En los últimos años, hemos vivido situaciones sin precedentes en la historia reciente, como la vinculada a la llamada “crisis de personas refugiadas”, que empezó en 2015. Fue a partir de entonces cuando el SAIER pasó de atender a poco más de 2.000 personas solicitantes de asilo a atender a más de 9.500 en 2019. Este cambio ha sido un reto para la ciudad. Para dar respuesta a este, se creó el Nausica, un programa pionero de apoyo a personas solicitantes de asilo que, al salir del Programa Estatal de Asilo, no hubieran alcanzado un nivel de autonomía personal y económica suficiente, a las cuales se las acompaña en materia de vivienda, inserción sociolaboral, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, formación de idiomas y escolarización. Asimismo, también se creó la Red de Ciudades Refugio, que actualmente cuenta con una veintena de ciudades de todo el Estado y que tiene como objetivo compartir buenas prácticas y poner en marcha procesos de incidencia política en los retos conjuntos.
Al reto del incremento de personas solicitantes de asilo en Barcelona desde 2016 se añade un porcentaje de más del 90 % de denegaciones de asilo, que repercute en el hecho de que decenas de miles de vecinos y vecinas acaban encontrándose en situación administrativa irregular. La irregularidad administrativa es un grave impedimento a la posibilidad de desarrollar cualquier proyecto de vida. Por eso, el Ayuntamiento de Barcelona, especialmente en los últimos cinco años, ha impulsado unas políticas activas de empadronamiento con el objetivo de garantizar a todos los vecinos y vecinas el acceso a derechos básicos como la salud o la educación, independientemente de la situación administrativa en que se encuentren. Al mismo tiempo, desde el Ayuntamiento se siguen impulsando actuaciones con el objetivo de cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, un espacio paradigmático de la política migratoria europea, de no derecho y de opacidad, mientras trabajamos de la mano de las entidades de defensa de los derechos humanos de la ciudad en el acompañamiento jurídico y psicosocial de las personas internas. Paralelamente a la incidencia ejercida a escala estatal para conseguir el necesario cambio y flexibilización de la legislación de extranjería, desde el Ayuntamiento de Barcelona se han impulsado varios programas, como planes de empleo o ayudas a la contratación, con el objetivo de conseguir regularizar la situación administrativa de estas personas y así luchar contra la exclusión social, económica y administrativa a la cual se ven sometidas.
La irrupción de la COVID-19 en 2020 ha generado una crisis social y económica de la cual todavía desconocemos el alcance y que ha generado un impacto especialmente contundente en las personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser las personas migradas y refugiadas. Las trabajadoras del hogar y de los cuidados y los jóvenes migrados solos o extutelados son dos de los colectivos más afectados por el actual contexto y a los cuales se dirigen un conjunto de políticas de acompañamiento más intensivas, de la mano del resto de administraciones competentes.
A menudo son estos mismos colectivos los que sufren una importante estigmatización que incita los discursos de odio y el racismo social e institucional. Es por eso que el Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado recursos municipales como la Oficina para la No Discriminación (OND) y ha intensificado la colaboración con entidades sociales en el marco del Observatorio de las discriminaciones –que cuenta con veintidós entidades que trabajan en la lucha por la no-discriminación–, el Centro de Recursos en Derechos Humanos (CRDH) o la Red Anti-Rumores, de la cual forman parte trescientas noventa entidades y más de seiscientas personas a título individual. Del mismo modo, en 2020 el Ayuntamiento elaboró el estudio La clave puede ser un nombre sobre la discriminación por motivos raciales en el acceso a la vivienda. El estudio revela que las personas con nombres de origen árabe tienen un 20 % menos de posibilidades de acceder a una vivienda que las personas con nombres de origen autóctono. Estos servicios y herramientas tienen como objetivo acompañar a las víctimas de situaciones de discriminación y conocer la situación de las discriminaciones en nuestra ciudad para poder coproducir conjuntamente con los colectivos afectados y las entidades especializadas en el ámbito un conjunto de políticas públicas transformadoras destinadas a erradicar la lacra de las discriminaciones y los discursos de odio. Además del acompañamiento, en las situaciones de discriminación sobre las cuales se puede reunir prueba suficiente, el Ayuntamiento de Barcelona también incoa procedimientos sancionadores, como es el caso de las sanciones impuestas por discriminación en el acceso a la vivienda por motivos raciales.
En el diseño de las políticas públicas dirigidas a las personas migradas y refugiadas y a la lucha contra las discriminaciones, el Ayuntamiento de Barcelona siempre ha contado con el Consejo Municipal de Inmigración de Barcelona (CMIB), formado por casi sesenta entidades y asociaciones de personas migradas, de acogida y acompañamiento de personas solicitantes de asilo y refugiadas, así como con asociaciones vecinales, cívicas, culturales y sindicales, que, en conjunto, conforman un espacio de cogobernanza y coproducción de políticas públicas. De la mano del CMIB, el Ayuntamiento de Barcelona no ha dejado de reclamar más apoyo y financiación por parte del Estado y de la Unión Europea para poder desarrollar unas políticas de acogida integrales y más dignas.
En este número de la revista Barcelona Societat analizamos estas y otras cuestiones relacionadas con las migraciones. Los retos actuales en materia de migraciones y refugio no son menores, más bien son los propios de una ciudad abierta, compleja y diversa como es Barcelona. Son, en definitiva, los retos de una ciudad que crece gracias a su diversidad y que quiere ser un espacio de libertad y derechos para todos y cada uno de sus vecinos y vecinas, vengan de donde vengan.
Marc Serra
Concejal de Derechos de Ciudadanía y Participación del Ayuntamiento de Barcelona
