La irrupción de la COVID-19 supuso una crisis social sin precedentes en la ciudad de Barcelona.
Tal como se había señalado en varias ocasiones, la situación de precariedad abocó a muchas personas a estados de extrema dificultad vinculados especialmente a la vivienda y a la cobertura de derechos básicos como la alimentación. La interrupción de la actividad económica como medida para prevenir la propagación de la enfermedad supuso una destrucción importante de puestos de trabajo en una economía que aún acarreaba secuelas del impacto de la crisis financiera del 2008. Además, las actividades vinculadas a la economía informal se interrumpieron, con los efectos que ello comporta.
El impacto de la pandemia puso de manifiesto la necesidad de unas políticas de protección social con respecto a la garantía de ingresos o a la situación de las personas migrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular. Muchas personas perdieron sus fuentes de ingresos, vieron retrasado el cobro de los ERTE, perdieron capacidad para mantener el pago del alquiler o incluso perdieron las habitaciones de realquiler.
La emergencia sanitaria y social demostró el papel clave que tienen las administraciones locales para responder a situaciones de emergencia, desde la proximidad y el conocimiento del territorio y las necesidades de la comunidad. En el caso de Barcelona, las tensiones producidas sobre el sistema sirvieron para revelar las debilidades en el ámbito de ciudad, pero también sus puntos fuertes.
La respuesta municipal de Barcelona fue marcadamente proactiva, anticipándose al real decreto del 14 de marzo, por medio del cual se declaró el estado de alarma, creando el Comité de Coordinación y Seguimiento del Plan de contingencia de la COVID-19 el 26 de febrero, y la aprobación del Decreto de alcaldía del 11 de marzo. La respuesta a los retos generados por la pandemia también supuso un reordenamiento y la creación de nuevos servicios públicos que combinaran la cobertura de las necesidades de las personas atendidas y la protección de las trabajadoras y los trabajadores de estos servicios. Desde un primer momento, el objetivo fue limitar el crecimiento de los contagios, pero también proveer de la atención correspondiente a los sectores de la sociedad que hubieran sufrido de manera más aguda el embate de las medidas de control de la pandemia o que se encontraran ya en una situación en que incluso el confinamiento quedaba lejos de sus posibilidades. Ante la gran incertidumbre inicial, el Ayuntamiento estuvo en primera línea para ofrecer una respuesta empática y comprensiva con las inseguridades y miedos de la ciudadanía.
Los servicios sociales, como servicios esenciales, fueron una parte fundamental de esta respuesta con la reorganización de su funcionamiento mediante planes de contingencia que permitieron no interrumpir la actividad presencial, al tiempo que se incorporaban también atenciones telefónicas o telemáticas. La adaptación de los servicios a cada momento fue un hecho destacable que muestra su dinamismo y compromiso.
Por otra parte, hay que enfatizar el aumento de atenciones y demandas recibidas desde los servicios sociales municipales: durante los cuatro meses posteriores al inicio de la pandemia se atendió a un total de 44.463 personas desde los servicios sociales municipales.
Esta cifra suponía la mitad del total de personas atendidas en el año anterior. Además, el 20 % de las personas atendidas no habían ido nunca antes a los servicios sociales municipales o hacía más de un año que no habían requerido de su asistencia, hecho que evidenciaba la crisis social que acompañaba a la crisis sanitaria.
Al mismo tiempo, para dar respuesta al aumento de necesidades, desde Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona se distribuyó, durante el 2020, un total de 46,5 millones en ayudas económicas a las personas afectadas por el impacto de la COVID-19, la mayoría de las cuales se destinaron a alimentación y a vivienda, tanto para mantenerla (ayudas para el pago del alquiler) como para sufragar los gastos de un alojamiento temporal de urgencia.
Cabe destacar, también, que la pandemia aceleró la creación de equipamientos de alojamiento temporal de emergencia para personas que se encontraban en situación de calle o habían perdido su vivienda. Durante las primeras cuatro semanas desde que se decretó el estado de alarma se pusieron en marcha diferentes dispositivos: un centro de 58 plazas para dar respuesta a emergencias meteorológicas, un espacio de alojamiento de emergencia de 59 plazas para mujeres, un espacio de 30 plazas en habitaciones individuales para personas sin hogar con síntomas leves de COVID-19, dos espacios con una capacidad máxima de 225 plazas en pabellones de la Fira de Barcelona, un centro de 75 plazas para el confinamiento de personas sin hogar con adicciones a drogas o alcohol, y un centro de acogida para 42 jóvenes sin hogar.
No obstante, cabe remarcar que la respuesta a los desafíos de la pandemia fue de ciudad, y desde el primer momento brotaron por toda Barcelona iniciativas solidarias en clave de comunidad, redes de apoyo mutuo en los distritos y barrios, donde tuvo un papel clave la existencia previa de movimientos sociales, entidades, asociaciones vecinales y personas voluntarias que se organizaron para dar una respuesta a necesidades cotidianas desde la proximidad y que permitieron la canalización de recursos y el trabajo humano de las personas que quisieron contribuir de manera solidaria a salir de este impás. El Ayuntamiento dio apoyo al tejido social y comunitario de la ciudad proveyéndolo de apoyo económico y poniendo a la disposición de redes y entidades equipamientos municipales, dada su contribución a mantener en funcionamiento dispositivos extraordinarios.
La crisis derivada de la COVID-19 también denota la emergencia de riesgos globales, crisis complejas debido a su imprevisibilidad, con causas y consecuencias de alcance global que tienen un impacto que se alarga en el tiempo, y que requiere, a su vez, una gestión de la emergencia ágil y flexible, y un proceso de recuperación de más continuidad.
Estos retos exigen una gobernanza multinivel dinámica y bien concatenada, pero también una mirada de proximidad: la respuesta no se puede limitar a la activación de servicios de emergencia, sino que es necesario combinarla con acciones transformadoras.
Las consecuencias de la COVID-19 también supusieron la apertura de una ventana de oportunidad, generando y acelerando los procesos de innovación de la Administración municipal y sus políticas, reforzando la agilidad y capacidad de respuesta del Ayuntamiento, la experimentación con nuevas soluciones y su escalabilidad, y el impulso de la colaboración con diferentes actores de la ciudad para superar retos comunes.
La revista Barcelona Societat aporta, en este número, una visión poliédrica sobre los cambios que ha provocado la pandemia de la COVID-19 en la ciudad. Con una relación de autores y autoras de diferentes disciplinas y afiliaciones, abrimos un espacio de reflexión sobre los cambios y los retos surgidos de una crisis sin precedentes, dando continuidad al número 26, elaborado en abril del 2020, en pleno confinamiento.
Sònia Fuertes
Comisionada de Acción Social
