Barcelona persiste en la estrategia en poner luz y perseguir la discriminación, especialmente aquélla que dificulta y llega a impedir a las personas migradas y racialitzades acceder en una vivienda de alquiler. Después de un primer estudio presentado el año pasado, y dos sanciones, una para ofrecer una vivienda “sólo a españoles” y la otra por un caso de discriminación directa, las primeras a todo el Estado, el Ayuntamiento ha concluido un segundo estudio sociológico, titulado “Discriminación a la carta” que detecta nuevas evidencias de esta práctica discriminatoria en el sector.
En este caso, el estudio ha consistido en un trabajo de campo con 350 llamadas válidas en diferentes agencias inmobiliarias que operan a la ciudad en nombre de una propiedad ficticia que quiere alquilar una vivienda y solicita que del proceso de selección se excluyan “las personas inmigrantes”. De las respuestas obtenidas por parte de los agentes inmobiliarios contactados, se extrae que una amplia mayoría acepta explícitamente la discriminación:
– Aceptación de la discriminación: en el 62% de los casos se produce la aceptación por parte del agente de la demanda discriminatoria dejando fuera del proceso de selección el perfil señalado.
– Facilitación de la discriminación: en el 24% de los casos la aceptación de la discriminación no es directa pero se detectan diversas prácticas que resultan igualmente en la exclusión del acceso a la vivienda al colectivo señalado.
– No discriminación étnica: en el 10% de los casos el agente se niega a aceptar la propuesta discriminatoria.
– Evasión de la respuesta: en el 4% de los casos el agente evita dar respuesta a la petición.
El objetivo con la elaboración de estos estudios es el de poder situar y cuantificar el alcance de este tipo de discriminación y hasta qué punto está normalizada en el sector y poder trabajar conjuntamente con agentes y entidades para erradicarla. En este sentido, se han trasladado los resultados al Colegio de Administradores de Propiedad Inmobiliaria (APIO) y la Cámara de la Propiedad Urbana y se ha puesto a disposición los recursos que ofrece la Oficina por la No Discriminación (OND) de formaciones, recursos y mediación.
Presencia de prejuicios y estereotipos En la petición discriminatoria de la propiedad ficticia se opta conscientemente y únicamente por el término “inmigrando” sin más explicaciones de origen étnico, religión o clase social, cosa que se interpreta que la discriminación va dirigida a aquellas personas que provienen de unos determinados países. Así, a lo largo del experimento se observa en las respuestas por parte de los agentes inmobiliarios una clara distinción, entre la población “inmigrante”, que respondería al perfil discriminado, y la población “extranjera”, que quedaría fuera del público diana.
Otro aspecto relevante que sale a la luz durante la realización del estudio, es que se trata de una práctica a la sombra. El 19,4% de los agentes manifiestan de manera espontánea que esta discriminación no se puede publicitar, sin que la propiedad ficticia requiera que el filtro se aplique ya en el anuncio del inmueble.
El hecho de que la discriminación nunca se publicite ni se explicite por parte de los agentes inmobiliarios se convierte en una primera dificultad a la hora de probar que ésta se produce. En segundo lugar, el uso de engaños y mentiras a las personas discriminadas, estrategias que los agentes admiten y quedan recogidas en el estudio, ponen todavía más trabas para poder probarlo y, por lo tanto, perseguirlo, sancionarlo y reparar el daño.
Más discriminación entre agencias no colegiadas El estudio “Discriminación a la carta” ha permitido detectar diferencias sustanciales entre los comportamientos de las agencias colegiadas y los de las no colegiadas. Aunque la aceptación de la discriminación es mayoritaria tanto entre colegiados y no colegiados, en éstos últimos suponen tres de cada cuatro agentes, una proporción que baja a ligeramente por debajo de la mitad entre los colegiados. Al mismo tiempo, significan un número más alto los agentes que rechazan toda discriminación entre los colegiados, un 15%, que entre los que no lo están, con una proporción de tan sólo el 5%.
En cuanto al diseño de la muestra, se han hecho uso de los datos del Registro de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, donde consta que a finales del 2020 operaban en la ciudad 2.358 agentes. A fin de que los datos resultantes del estudio se convirtieran en representativas con un 95% de confianza y un +/-5% de margen de error máximo, se necesitaba una muestra mínima de 330 agentes.