Abiertos los primeros expedientes sancionadores por no destinar viviendas a protección oficial

20/12/2022 - 16:23 h

Tres grandes rehabilitaciones de viviendas de L’Eixample han sido expedientadas por incumplir la normativa y no destinar el 30 % de los pisos a protección oficial. Esta infracción podría suponer una sanción económica de entre 400.000 y 600.000 euros en cada caso, según la superficie construida, y la inhabilitación para participar en promociones de viviendas de protección oficial (VPO) durante un periodo de entre uno y tres años.

Las tres grandes rehabilitaciones se encuentran en las calles del Comte Borrell, de Los Castillejos y de Muntaner, y en conjunto tendrían que haber incluido 10 viviendas de protección oficial. En todos los casos se han tramitado sucesivos enterados de obras en lugar de solicitar la licencia pertinente, que solo se habría concedido en caso de que la solicitud hubiera previsto la reserva de VPO.

La Ley 18/2007 por el derecho a la vivienda establece que el incumplimiento de la destinación a la promoción de viviendas protegidas en las reservas previstas en el planeamiento urbanístico (en este caso, el 30 %) es una infracción muy grave, con sanciones de entre 90.000 y 900.000 euros.

Más casos detectados y primeras rectificaciones

Los tres casos que se incoan ahora son los primeros de una serie de diecisiete incumplimientos que han detectado los equipos de inspección municipales, que hacen ascender a setenta las viviendas de protección oficial no aportadas a la ciudad. Además, se prevé que próximamente se incoen seis expedientes sancionadores más.

La inspección y la advertencia municipal ha servido para que en dos de los diecisiete casos los promotores inicien la tramitación de licencia de gran rehabilitación y el ofrecimiento de las viviendas en régimen de protección oficial correspondiente. En cuanto al resto, una vez analizados y estudiados por la Unidad de Disciplina y Antiacoso del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación, derivarán, si procede, en nuevos expedientes sancionadores enmarcados en la Ley 18/2007 por el derecho a la vivienda.