La comisión mixta Ayuntamiento-Generalitat acordó el 2 de junio la creación de una mesa de estudio que permitiera evaluar la situación de los cruceros en la ciudad desde una perspectiva interinstitucional y alcanzar un consenso sobre las actuaciones que hay que llevar a cabo para regular la actividad.
La primera sesión del nuevo organismo ha permitido poner sobre la mesa las conclusiones del informe de externalidades que se presentó el 14 de julio y que recoge indicadores y datos preocupantes sobre el impacto de los cruceros en la ciudad. El documento señala que, actualmente, la ciudad recibe a 15.000 pasajeros al día durante 50 días el año y en días de máxima actividad puede llegar a 25.000 personas, la mayoría de las cuales hacen una estancia corta.
Necesidad de regulación del sector
Sin regulación y sin limitaciones, Barcelona podría llegar a recibir a 3,5 millones de pasajeros el año 2030. Para evitar el colapso y la masificación, especialmente en periodos cortos de meses o semanas, la mesa reguladora quiere establecer mecanismos que hagan compatible el modelo de negocio de los cruceros con la sostenibilidad y el bienestar de la ciudadanía. Algunos ejemplos son los siguientes:
- Limitar la llegada de cruceros a un máximo de tres al día.
- Reducir a la mitad el número de cruceristas en temporada alta, con un límite de 200.000 pasajeros en el mes.
- Reducir a cero el número de días en exceso de pasajeros, con un límite de 10.000 cruceristas al día.
- Reducir hasta el 20% el número de cruceros que se privan un máximo de cuatro horas en la ciudad. Actualmente los barcos de estancia corta suponen entre el 40% y el 50%.
- Limitar la entrada sólo a los cruceros electrificados a partir del 2030, fecha fijada para la electrificación total del puerto.
Las medidas que hace falta definir y consensuar entre las administraciones se concretarán gracias a dos nuevos grupos de trabajo: uno se centra en aportar ideas a partir del informe de externalidades y en desarrollar una diagnosis completa de la actividad de los cruceros y el otro evaluará los acuerdos del 2018 para reorganizar el puerto y propondrá nuevas medidas.