Para llevar a cabo el proyecto, las dos instituciones diseñarán e implementarán un dispositivo que contribuya a la inclusión sociolaboral de, como mínimo, mil personas de la ciudad, sobre todo beneficiarias del IMV. Se financiará con diez millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation, y después de los dos años de prueba se evaluarán los resultados.
El proyecto consistirá en la creación de una oficina única que ayude al desarrollo de itinerarios de políticas activas adecuadas a cada perfil y que, en combinación con la prestación económica del ingreso mínimo vital, permitirá fortalecer la inclusión sociolaboral de las personas participantes. Al mismo tiempo, el proyecto tendrá en cuenta el refuerzo de vínculos relacionales y comunitarios, y el millar de participantes recibirán formación y seguimiento.
La colaboración entre la ciudad y el Estado ha sido posible a raíz de la experiencia de Barcelona con el proyecto B-MINCOME, entre los años 2017 y 2019, que tuvo financiación de la Unión Europea, así como el programa Làbora, en favor de la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión.