El Ayuntamiento de Barcelona ha valorado de forma positiva que la Unión Europea (UE) haya aprobado un nuevo reglamento comunitario que, por primera vez, obligará a las plataformas digitales de alquiler de corta duración a compartir con las autoridades públicas la información de las viviendas anunciadas. De esta forma, se blinda la posibilidad de que los gobiernos europeos puedan ejercer un mayor control de la actividad que realizan las plataformas que comercializan viviendas de uso turístico (VUT) y se avala el modelo que impulsa la ciudad de Barcelona desde hace años con el fin de gestionar la presión turística en determinadas zonas y garantizar, al mismo tiempo, la existencia de más viviendas asequibles.
La aplicación del nuevo reglamento, que el Parlamento Europeo ha votado favorablemente este jueves y que cuenta también con el visto bueno de la Comisión Europea, dependerá de cada Estado miembro, pero, en cualquier caso, va en la línea de lo que defiende Barcelona desde el año 2018 en el seno de la Alianza de Ciudades Europeas sobre Alquileres de Corta Duración. Esta Alianza está integrada por ciudades que son destinos turísticos a nivel mundial, como Ámsterdam, Arezzo, Barcelona, Berlín, Bolonia, Bruselas, Budapest, Florencia, Cracovia, Lyon, Madrid, Múnich, París, Praga, Oporto, Utrecht, Valencia, Viena y Varsovia, aparte de la red de ciudades Eurocities, y en esencia reclama que las normas europeas ayuden a los gobiernos locales a frenar el impacto de los alquileres ilegales de corta duración y regulen la actividad de las plataformas digitales con el fin de hacerlas corresponsables de los anuncios que publican.
En este sentido, el teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls, ha celebrado como un paso importante la aprobación del reglamento europeo, aunque ha señalado que habrá que estar atento y seguir trabajando para que la norma se cumpla de forma ágil y efectiva. El teniente de alcaldía ha aplaudido igualmente el hecho de que la regulación es fruto de la acción coordinada y la presión de la Alianza de Ciudades Europeas sobre Alquileres de Corta Duración. “En los últimos años, las ciudades hemos tenido que ir por delante y dar respuesta a un fenómeno que ha crecido exponencialmente, comprometiendo los usos residenciales de un parque de vivienda que es escaso. Hemos tenido que hacerlo en solitario, desde la limitación de nuestras competencias, para defender el interés público y preservar la convivencia, y esos usos residenciales deben ser prioritarios”, ha subrayado.
El nuevo reglamento de la UE aprobado este jueves por el Parlamento Europeo se centra exclusivamente en la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y entrará en vigor una vez se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, con un plazo de implantación de dos años. En esencia, es una regulación centrada en la transmisión de datos entre autoridades públicas y plataformas, que pivota en torno a un sistema de registro homogéneo para toda la UE y a puntos de contacto estatales con dichas plataformas para enmendar los errores que se detecten. No entra a discutir la validez de las autorizaciones o licencias para ejercer la actividad, pero sí establece mecanismos de control y retirada de anuncios ilegales. En definitiva, no regula las condiciones o restricciones de las VUT o de los hogares compartidos establecidas por las ciudades, pero sí avala la existencia de estos límites, porque obliga a las plataformas a compartir la información y retirar los anuncios de aquellas viviendas que no se ajusten a ellos.