María Pilar García Bossio es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora posdoctoral de la Universidad Católica Argentina (UCA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Desde 2022, es consejera por Argentina en la Asociación de Ciencias Sociales de la Religión de América Latina. Con ella conversamos sobre la pluralidad religiosa y espiritual de Argentina, la comparación con el caso español y catalán, y el modelo de la OAR, como modelo referente e inspirador.

Gracias a una beca cofinanciada por la Fundación Carolina y la Universidad Católica Argentina, estuvo investigando en el equipo del ISOR (Investigaciones en Sociología de la Religión), donde centró la mirada en la regulación estatal de lo religioso, cómo se construyen formas de legitimidad, identidad, etc., una temática que articula sus trabajos previos en Argentina. Concretamente, su estudio se basa no tanto a escala de los grandes relatos de estados centrales, sino a escala “subnacional”, es decir, de gestión más cotidiana, ejemplificada con las oficinas o las direcciones de culto de Argentina. Es por ello que durante su estancia estudió los casos de la Fundación Pluralismo y Convivencia (escala estatal), la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya (escala autonómica) y la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona (escala municipal-local).

• ¿Cómo describirías el contexto actual de la pluralidad religiosa y espiritual en Argentina? ¿Qué modelos hay para gestionar esta diversidad desde las políticas públicas?

En Argentina, solemos distinguir entre “diversidad religiosa” y “pluralismo religioso”. El pluralismo no es solo reconocer que existe “lo diverso”, sino también promover el diálogo entre esta diversidad. Esta distinción ha sido útil para pensar políticas públicas sobre la diversidad que no se queden en el reconocimiento formal, sino que promuevan activamente su gestión.

En este aspecto, Argentina comparte algunos puntos estructurales en común con Cataluña, como una mayoría católica y un crecimiento sostenido de personas no creyentes. Pero la diferencia más significativa con Cataluña es que en Argentina la minoría principal está compuesta por otras religiones cristianas, principalmente, iglesias evangélicas, cuyo crecimiento ha estado muy marcado en las últimas décadas. Esto representa un desafío en el panorama argentino, ya que cuestiona un “sentido común católico”, que ha estado predominando históricamente, incluso entre las personas no practicantes. También ha crecido la visibilidad de religiones de “matriz africana”, vinculadas con procesos históricos, como la esclavización en tiempos coloniales, y con una reintroducción más reciente de estas prácticas religiosas desde Brasil y Uruguay durante los años sesenta y setenta. Aunque sus comunidades son pequeñas y se presentan poco en el espacio público, dado que suelen ser discriminadas, aportan nuevas cosmovisiones que desbordan los marcos judeocristianos y, por tanto, introducen nuevos desafíos a escala institucional y social. En cambio, en Europa y en Cataluña la presencia del islam es la que suele generar los debates y los cuestionamientos principales sobre un sentido común religioso. En Argentina, aunque hay comunidades musulmanas y judías importantes (sobre todo en Buenos Aires), el desafío más fuerte a los marcos tradicionales proviene de los evangélicos y las religiones de matriz africana.

En términos legales, Argentina tiene una particularidad: existe una libertad religiosa reconocida constitucionalmente, pero sin igualdad formal. La Constitución Nacional establece que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano. ¿Qué significa sostener? Es algo difuso y abierto a interpretación: puede implicar apoyo económico, simbólico o institucional. Sin embargo, el país ha legalizado políticas públicas que chocan con doctrinas católicas —como el matrimonio igualitario o el aborto legal—, lo que muestra una cierta autonomía democrática. No obstante, sigue existiendo una estructura legal que favorece a la Iglesia Católica. Por ejemplo, es la única que tiene garantizada la asistencia espiritual en las cárceles, los hospitales y las fuerzas armadas. Las otras religiones pueden acceder a estos espacios, pero solo a través de un diálogo específico. En algunos casos, hay experiencias como pabellones evangélicos (especialmente con temas de adicciones) o sinagogas en las cárceles (prisión de Villa Devoto en Buenos Aires), pero son excepcionales y vulnerables a cambios de gestión.

Además, cualquier religión (salvo la Iglesia Católica) que quiera establecer vínculos formales con el Estado debe inscribirse en el Registro Nacional de Cultos. Este registro depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Nación, y tiene convenios para iniciar el trámite de inscripción con autoridades locales. Su funcionamiento se basa en un decreto ley de la última dictadura militar. Aunque el reglamento es bastante genérico, en la práctica, su apertura o cierre a la diversidad religiosa depende mucho de la orientación del funcionario a cargo.

Desde el regreso a la democracia, ha habido un proceso gradual de apertura y respeto hacia la diversidad religiosa, aunque todavía persisten formas de discriminación. En el marco formal, sigue siendo el mismo desde hace décadas.

• ¿Nos podrías hacer una comparación de la pluralidad religiosa y espiritual Argentina – España?

Durante mi investigación en España, entrevisté a referentes de tres escalas clave: la Fundación Pluralismo y Convivencia (escala estatal), la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya (escala autonómica) y la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona (escala municipal-local). Este esquema me resultó familiar, ya que en Argentina hay estructuras comparables: el Registro Nacional de Cultos a escala federal, las direcciones de culto provinciales y las oficinas municipales de culto.

Para dar un marco, en Argentina la estructura geopolítica se compone de diferentes escalas. En primer lugar, la escala de Estado Nacional; en segundo lugar, 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, capital del país, que es ciudad autónoma y tiene una posición híbrida porque tiene algunas características de una provincia (tiene su propia legislatura, su propia constitución, etc.) y a la vez es una ciudad (la gestión tiene muchas características municipales), y en tercer lugar, las oficinas municipales de culto.

Un punto común es que tanto en Argentina como en Cataluña, por más que tienen historias muy diferentes, hay un “catolicismo cultural” muy fuerte, que entra en tensión con la idea de la laicidad del Estado o con la separación más secular del Estado y, al mismo tiempo, con la diversidad religiosa que empieza a romper un poco este sentido común. En Argentina esta preeminencia católica continúa dentro de la Constitución, algo que en España no.

En Argentina, las religiones existen en el territorio y los ciudadanos practican y tienen creencias religiosas, y el Estado, de alguna manera, debe dialogar, porque es parte de la gestión de la vida. La ocupación del espacio público, el derecho a poder tener una alimentación acorde con sus creencias en determinados espacios y a tener espacios de oración, o a que se reconozcan sus días de festividades religiosas, etc., son cuestiones y debates que el Estado reconoce. Esto no implica que el Estado se vuelva religioso necesariamente o que gobierne para una cosmovisión específica del mundo. Este nuevo paradigma creo que es un desafío positivo y nuevo. Por ejemplo, en Argentina, la gestión del espacio público le corresponde al Estado. Hay un caso muy interesante de una peregrinación católica, que es la peregrinación juvenil de Luján, desde el santuario de San Cayetano de Liniers (Buenos Aires) hasta la Basílica de Luján, un recorrido de más de 60 kilómetros, donde se atraviesan diferentes municipios. En las últimas décadas, comenzó a haber una organización más coordinada desde los diferentes municipios para ponerse de acuerdo, por ejemplo, en el caso de si se puede tomar o no alcohol en las peregrinaciones, ya que en un municipio se permitía, en otro no. Entonces, el Estado decidió darle un marco y generó algunas reglas compartidas. Esto es un ejemplo, pero creo que el Estado ha empezado a gestionar estas cuestiones.

En cuanto a temas sociales vinculados a ámbitos religiosos, en el caso argentino, muchas veces la religión ha sido un espacio de contención, de acción social, de trabajo con las personas más vulnerables en diferentes situaciones. Así, el Estado ha empezado a dialogar con estos espacios más sociales y a buscar ciertas regulaciones. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la prevención de adicciones, el Estado colabora con centros de recuperación religiosos, siempre que cumplan ciertos requisitos. Respeta la parte de la sanación espiritual, pero para que el Estado los reconozca, deben tener lo que le exigimos a cualquier organización.

Pero también es interesante qué es lo que cada escala de gobierno puede hacer en cuanto a lo religioso. Y aquí, las escalas locales, gran parte de lo que pueden hacer, tengan más o menos presupuesto, tiene que ver con el reconocimiento simbólico en gran medida. Porque las grandes estructuras no las pueden cambiar, los marcos legales a escala país o a escala Estado central escapan totalmente de lo que ocurre en la vida cotidiana, pero, a la vez, lo que se haga en la vida cotidiana tiene un impacto. Entonces, por ejemplo, la presencia a veces de agentes estatales en eventos de determinadas comunidades religiosas es una manera de construir legitimidad.

La Dirección General de Cultos de Buenos Aires tiene muchos puntos en común con el OAR, que incluso surgió en 2002, y el OAR en 2005. Es interesante, ya que hay muchas acciones muy parecidas que han hecho sin estar necesariamente en diálogo. En el caso particular de las ciudades de Buenos Aires y de Barcelona, es que ambas ciudades se presentan como cosmopolitas y plurales, con historias de migración y una concepción de la diversidad como parte de la identidad de la sociedad. En ambos contextos, la diversidad religiosa se vincula con la diversidad cultural, y se promueve el pluralismo como valor y el diálogo interreligioso como parte de la convivencia ciudadana. Tanto en Barcelona como en Buenos Aires encontré iniciativas muy similares. Por ejemplo, la Noche de las Religiones de Barcelona comenzó en 2016 con AUDIR, y ese mismo año la Dirección General de Cultos de Buenos Aires lanzó la Noche de los Templos. Aunque nacieron por caminos separados, muestran preocupaciones comunes y una voluntad de visibilizar la diversidad religiosa como parte del patrimonio cultural de la ciudad. Otra coincidencia.

Lo que sí noté como diferencia importante en las entrevistas con la Fundación, la DGAR y la OAR es el grado de profesionalización en las políticas públicas sobre diversidad religiosa, es decir, de generar información desde el marco estatal. En España, las instituciones no solo dialogan con la academia, sino que producen información sistemática, y esto tiene una relación con cómo se piensan las dinámicas de gestión. En Argentina, muchas oficinas se basan en investigaciones y personas de la academia, pero no generan información propia. Además, en comparación con la DGAR y la OAR especialmente, gran parte de este entramado se hace, en general, con poco presupuesto y con pocos recursos humanos. Todo depende mucho de la capacidad que tengan los directivos de colaborar con otras partes del Estado.

• Más concretamente, ¿podrías explicarnos qué son las oficinas de culto en las ciudades de Argentina? ¿Dónde están y qué funciones cumplen dentro de la Administración pública?

A escala municipal, hay en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que es una de las 23 provincias y la que tiene una concentración mayor de población en el país (tienen oficinas de culto en alrededor de 36 municipios de los 135), y también hay en las capitales de provincia. En general, estas oficinas tienen dos funciones centrales: articular con el Registro Nacional de Cultos, para ayudar a las comunidades religiosas a completar la inscripción, verificar que cumplen los requisitos legales y facilitar la documentación, y gestionar la diversidad religiosa en la vida cotidiana. Esto incluye temas como el uso del espacio público, la participación en eventos interreligiosos o la articulación con áreas de salud, cultura o desarrollo social, entre otros. Además, estas oficinas suelen encontrarse en áreas protocolarias, culturales o sociales de cada gobierno. Y muchas veces acaban funcionando como una ventanilla única: todas las demandas religiosas llegan primero aquí, y luego se derivan a la dependencia correspondiente.

Una cuestión que ha generado debate es quién dirige estas oficinas. En muchos casos, sobre todo en el comienzo de su desarrollo, eran personas religiosas (católicas o evangélicas). Cuando surgieron, en su mayoría eran pastores evangélicos, que solo respondían a sus propias iglesias o a iglesias afines. Esto generaba una gestión parcial y excluyente. Sin embargo, con el tiempo, algunas oficinas comenzaron a profesionalizarse y a promover la formación y el diálogo académico. Hoy en día, aunque todavía queda mucho por hacer, hay una conciencia mayor sobre el rol público que deben cumplir estas personas funcionarias, más allá de la fe personal.

La Dirección General de Cultos de Buenos Aires es una de las más consolidadas. También hay casos como el del municipio de José C. Paz, cuya oficina existe desde hace más de 30 años. Pero muchas otras han tenido ciclos irregulares: se abren y se cierran según la voluntad política de cada intendente, lo que revela una fragilidad estructural. Actualmente, las direcciones u oficinas de culto más o menos rondan entre 50 y 60 en toda Argentina.

• ¿Crees que estas oficinas de culto en Argentina se han inspirado, total o parcialmente, en la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona? Si es así, ¿qué elementos crees que se han adaptado o resignificado?

Aunque no todas las oficinas conocen directamente a la OAR, varias se han inspirado en materiales y manuales producidos por la Fundación Pluralismo y Convivencia, que a su vez recogen aprendizajes del modelo catalán. De hecho, muchos agentes estatales en Argentina conocieron el trabajo de Barcelona por estos documentos. Recientemente, un técnico de la Dirección General de Cultos de Buenos Aires me decía que estaban investigando modelos internacionales y que los había fascinado el caso de la OAR. Esto habla de cómo estas oficinas buscan constantemente ideas nuevas y buenas prácticas, aunque con recursos mucho más limitados.

Creo que Barcelona, y la OAR en particular, ha conseguido construir una continuidad institucional que sirve como modelo. El gran desafío en Argentina es conseguir que estas oficinas sean reconocidas como importantes, más allá del signo político del gobierno de turno. En muchos casos, cuando cambia la gestión, desaparecen. Tener modelos internacionales ayuda a legitimar su existencia y permanencia. La existencia de la OAR va creando un modelo de cómo deberían ser estas oficinas y construye un parámetro posible a alcanzar.

Personalmente, además, la triangulación entre academia, sociedad civil y Estado que se da en Cataluña también me parece inspiradora. En la provincia de Buenos Aires, recientemente se creó un Consejo Provincial para gestionar la diversidad religiosa. Ahora, el desafío es darle continuidad y traducir estos modelos en políticas sostenidas en el tiempo.