Urbanismo, Transición Ecológica, Servicios Urbanos y Vivienda

Un informe sobre el impacto de la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE) concluye que la medida ha evitado en torno a 125 muertes anuales, un 0,8 % de la mortalidad total, respecto a los valores del 2017. Además, se han reducido en un 5 % los nuevos casos de asma infantil (110 casos anuales) y en un 1 % los nuevos casos de cáncer de pulmón (15 casos anuales). La implantación tuvo lugar el 1 de enero de 2020 y ha estado marcada por las restricciones derivadas de la COVID-19.

Otro de los datos que destaca el documento es que el despliegue de la medida ha permitido la reducción progresiva de 609.000 desplazamientos de los vehículos más contaminantes, es decir, los que no tienen la etiqueta ambiental de la DGT.

Con la entrada en vigor el régimen sancionador destaca sobre todo el descenso del número de turismos y furgonetas sin etiqueta. Concretamente, el parque circulante de vehículos sin etiqueta, que incluye los vehículos que todavía están en moratoria o que lo estuvieron durante el año pasado, ha pasado del 20 % en el 2017 al 3 o 4 % en diciembre del 2021. Además, el número de vehículos con etiqueta amarilla (B) también se ha reducido significativamente respecto al 2017: de un 47 % a un 24 %. En cuanto a los expedientes sancionadores, con datos de diciembre del 2021, se han registrado casi 70.000.

Más de trece mil tarjetas verdes expedidas

Otro indicador de esta evolución es el número de tarjetas verdes metropolitanas otorgadas. La T-verda es un título de transporte gratuito, creado por el AMB, que se concede durante tres años cuando un residente ha dado de baja y desballestado un vehículo sin etiqueta ambiental, con el compromiso de no adquirir ninguno nuevo durante la vigencia de la tarjeta. En total, del 21 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2021, se han expedido más de trece mil tarjetas verdes en el área metropolitana.

La contaminación afecta más gravemente a los colectivos más vulnerables

El área metropolitana ha sido pionera en el Estado a la hora implementar la zona de bajas emisiones, incluso antes de la aprobación de la ley estatal que abordaba esta cuestión, que aseguraba el cumplimiento de las obligaciones y objetivos asumidos por los estados en el Acuerdo de París para combatir el cambio climático.

A pesar de los datos positivos que recoge el informe, la contaminación del aire sigue siendo el principal riesgo ambiental para la salud en las grandes aglomeraciones urbanas, según la Organización Mundial de la Salud, y afecta de manera más grave a los colectivos más vulnerables, principalmente niños, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas de salud. Varios estudios de la Agencia de Salud Pública también corroboran este problema.