Consiste en ofrecer información veraz, verdadera y útil sobre la actividad de la Administración pública. El objetivo es garantizar la legitimidad de las instituciones y aumentar la confianza de la ciudadanía en estas.
La transparencia es un principio vinculado al derecho a una buena administración, y está regulada en diferentes normas:
- Artículo 15 del Tratado de funcionamiento de la UE: “1. A fin de fomentar un buen gobierno y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura”.
- Ley estatal 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: hace diversas menciones al principio de transparencia en la tramitación de procedimientos.
- Ley estatal 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público: establece el principio de transparencia en la actuación y las relaciones del sector público (art. 3.1.c).
- Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas catalanas: en diferentes artículos se refiere también al principio de transparencia (art. 2.d y 31.2.7).
- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre la reutilización de la información del sector público y Real decreto 1495/2011, de 24 de octubre, que aprueba el reglamento que la desarrolla.
- Ley 29/2010, de 3 de agosto, de uso de los medios electrónicos al sector público catalán.
- Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE).
- Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno (LTC).
- Decreto 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública (RLTC).
- Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).
- Instrucción del Ayuntamiento de Barcelona, relativa al derecho de acceso a la información pública, aprobada el 19 de noviembre 2015 y modificada el 17 de octubre de 2019.